Pena mínima por abuso sexual infantil exhibe grietas del sistema en Zacatecas
Zacatecas, Zac.- Zacatecas se enfrenta a una encrucijada jurídica y social que pone en tela de juicio el verdadero compromiso del Estado con la protección de su infancia. El caso penal seguido contra Rubén de Jesús, quien fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado, culminó en una sentencia de apenas cuatro años de prisión. Este resultado, producto de un procedimiento abreviado solicitado por la defensa y aceptado de manera consensuada por los padres de la víctima, se presenta en un momento en que el Congreso local discute una iniciativa para endurecer las penas por delitos sexuales contra menores.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas dio a conocer que la audiencia inicial en contra del imputado se extendió por más de veinte horas. Durante ese tiempo se valoraron diversos datos de prueba que llevaron al juzgador a reclasificar jurídicamente el delito, paso que permitió formalizar la vinculación a proceso. Posteriormente, el imputado aceptó su responsabilidad penal y, en consecuencia, fue sentenciado a cuatro años de cárcel, una multa económica y a la reparación integral del daño, con énfasis en el respeto al proyecto de vida de la víctima.
La Fiscalía subrayó que la acción penal no es una facultad optativa sino un mandato legal, ético y constitucional. Al respecto, recalcó que el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier interpretación que minimice el daño sufrido o que, como suele suceder, traslade injustamente la carga de la prueba a las víctimas. En su posicionamiento institucional, la dependencia insistió en que factores como el miedo, el estigma o la incomprensión institucional no deben interferir con la procuración de justicia. Aseguró también que no habrá espacio para la impunidad ni para la simulación.
Sin embargo, mientras la Fiscalía proclamaba su compromiso con una justicia real y con perspectiva de infancia, el Movimiento Feminista de Zacatecas denunció que la resolución judicial en el caso de Rubén de Jesús —identificado por las colectivas como Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas— constituye una muestra alarmante de impunidad y de protección institucional a agresores poderosos. El movimiento denuncia que el cargo de violación equiparada agravada fue reclasificado a abuso sexual, una figura penal que permite enfrentar el proceso en libertad y que, además, redujo sustancialmente la posible condena, que pudo alcanzar hasta 20 años de prisión.
El juez Alfredo Sánchez fue el encargado de autorizar esta reclasificación, decisión que ha sido interpretada por las colectivas como una muestra clara de complicidad, amiguismo y desdén institucional. “Filtraron la carpeta, expusieron a la víctima y usaron la ley como escudo”, denunciaron las feministas en un comunicado público, firmado el 16 de mayo de 2025, en el que exigieron la destitución inmediata del rector. “Su permanencia en el cargo envía un mensaje inequívoco: las vidas de las niñas y mujeres no importan”.
En paralelo, dentro del recinto legislativo de la LXV Legislatura del Estado, la diputada Isadora Santiváñez Ríos presentó una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal estatal con el objetivo de endurecer las penas por abuso sexual infantil.
La exposición de motivos no deja lugar a dudas: México ocupa el primer lugar a nivel mundial en incidencia de este delito, y Zacatecas no escapa a esta epidemia. Tan solo en 2023, se registraron más de 250 denuncias por abuso sexual y violación equiparada en la entidad, muchas de ellas con víctimas menores de edad. No obstante, la cifra real podría ser considerablemente mayor debido al subregistro, la impunidad y la revictimización.
De acuerdo con la propuesta, se busca homologar la legislación estatal con los estándares del Código Penal Federal y con los tratados internacionales ratificados por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo, así como las recomendaciones de organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El proyecto de decreto plantea aumentar las penas por abuso sexual infantil de manera significativa. El artículo 231 propuesto eleva las sanciones hasta los diez años de prisión, incorpora una definición más amplia de actos sexuales, y contempla como agravante el uso de violencia física, moral o psicológica. El artículo 232 extiende su alcance hasta los menores de dieciocho años —anteriormente limitado a los de menos de doce— y duplica la pena corporal cuando medie violencia. Además, establece la obligación de actuar de oficio en todos los casos.
Una innovación relevante es la inclusión del artículo 232 Quáter, que define el delito de violación a la intimidad sexual, reconociendo la gravedad de exponer a menores a actos sexuales incluso sin contacto físico, lo que se alinea con evidencia psicológica sobre los efectos devastadores de estas vivencias.
La diputada Santiváñez argumenta que estas reformas son urgentes, no sólo por el incremento de la incidencia delictiva, sino por la necesidad de erradicar las brechas de impunidad que permiten que agresores sexuales evadan la justicia mediante procedimientos abreviados, beneficios procesales o interpretaciones laxas de la ley. En su exposición, advierte que el 95% de los delitos sexuales en el estado quedan impunes, y que más del 90% de las víctimas no denuncian, según datos de la CDHEZ e INEGI respectivamente.
A la luz de estos datos, la condena simbólica impuesta en el caso de Rubén de Jesús contrasta de forma alarmante con la magnitud del problema. Mientras la sociedad civil clama justicia, el aparato judicial parece más dispuesto a proteger el prestigio de sus integrantes que a salvaguardar los derechos de la infancia. Las colectivas feministas han sido categóricas: “La resolución judicial refuerza la desconfianza en un sistema que históricamente ha fallado a las mujeres. El patriarcado está hecho para proteger a los hombres, pero nosotras estamos hechas para derribarlo”.
La tensión entre el discurso institucional y la realidad judicial ha puesto al descubierto un sistema de justicia que sigue sin estar a la altura de su deber. En Zacatecas, como en el resto del país, el abuso sexual infantil sigue siendo un crimen silenciado, minimizado y muchas veces perdonado. Reformar la ley es un primer paso necesario. Pero mientras los agresores sigan obteniendo sentencias irrisorias y las víctimas continúen siendo invisibilizadas, el mensaje que se transmite es claro: en el juego del poder, la niñez sigue perdiendo.
LNY/Redacción
