Pemex: patrimonio común y garante de nuestro futuro energético
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
El pasado fin de semana, Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la presentación de la iniciativa de reforma energética del PRD, a la vez de insistir en que la iniciativa del presidente de Enrique Peña Nieto atenta contra la soberanía nacional y el desenvolvimiento autónomo de la nación. En este marco, el líder moral del Partido de la Revolución Democrática convocó a una consulta popular -sustentada en el Artículo 35 constitucional-, en torno a defender el petróleo, la soberanía nacional y el interés general; que están siendo amenazados por la reforma presidencial, debido a sus pretensiones claramente privatizadoras.
Vale la pena señalar que actualmente, en buena medida Petróleos Mexicanos (Pemex) ya se encuentra bajo el control de la iniciativa privada; como parte de un proceso que comenzó desde la irrupción de los gobiernos neoliberales con Miguel De la Madrid Hurtado. Desde entonces, el intento de desmantelar Pemex ha sido una constante con el claro objetivo de favorecer intereses privados, mayormente extranjeros, y bajo un marco de corrupción institucional.
Basta observar que con la nueva ley de Pemex se creó un régimen de excepción que excluye al Congreso de la Unión de la vigilancia de las decisiones más importantes de la paraestatal. Tampoco son nuevos los esquemas velados de privatización, tales como arrendamientos, contratos de servicios, de servicios múltiples, integrales, subrogaciones, entre otros, han venido funcionando como herramientas para encaminar a Pemex hacia manos particulares.
Frente a este escenario, la iniciativa de reforma energética presentada por el PRD está dirigida a que México tome el control del petróleo como recurso estratégico y palanca del desarrollo nacional. Pemex como empresa nacional y patrimonio de los mexicanos, debe transparentarse y dejar de ser esquilmada para consolidarse como una empresa de patrimonio público, con profundo sentido social y en el eje de nuestro repunte económico, político, científico y tecnológico.
Esta reforma, a diferencia de las propuestas del Ejecutivo y del PAN, no incluye modificaciones constitucionales sino solamente a 12 leyes reglamentarias que doten de autonomía de gestión a Pemex. Se estructura en 8 puntos donde se propone la creación de un Fondo de Excedentes Petroleros que sería supervisado por el Congreso y cuyos recursos serían empleados en investigación y desarrollo, no en gasto corriente. Además, plantea que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga un nuevo régimen fiscal que le permita obtener recursos para inversiones, autonomía presupuestal y de gestión. De esta forma, el eje de la iniciativa consiste en modificar el régimen fiscal de Pemex para que tenga mayor libertad presupuesta en vez de entregar la mayor parte de sus recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por otro lado, el titular de Pemex deberá ser ratificado por el Congreso en lugar de ser nombrado directamente por el presidente y los representantes del sindicato petrolero ya no tendrán sus asientos en el Consejo de Administración de la paraestatal.
Otro de los objetivos de la propuesta perredista es que Pemex se convierta en rector y ejecutor directo de la transición energética del país, entendiendo que el petróleo tiene un fin no muy lejano y, por lo cual, es preciso ir dando pasos firmes desde ahora para sustituir el modelo de producción sustentado en las energías fósiles.
Como advierte el ingeniero Cárdenas: “se requiere de actualizar el manejo, forma y fondo de Pemex, adaptarnos en México al uso de energías capaces de responder mejor que los hidrocarburos al cambio que demanda el calentamiento global, pero de ninguna manera, la solución está en privatizar la paraestatal”.
Si comenzamos ahora, en un plazo más no muy largo, todas las necesidades energéticas del país podrían cubrirse con una combinación de medidas estrictas de eficiencia energética y sustitución de combustibles fósiles y nucleares a partir de energías limpias y renovables. Nuestro país cuenta con un potencial importante para generar estas energías y no se diga Zacatecas, dado que nuestro estado es absolutamente apto para producir electricidad por la fuerza del viento y la radiación y solar.
Efectivamente, las energías renovables ofrecen diversos beneficios para la población en términos económicos, sociales y ambientales, además de ser una apuesta a futuro con beneficios desde el presente; entre las ventajas prácticas que representan para las ciudades y las comunidades, podemos mencionar una notable mejoría en la electrificación, en el acceso a alumbrado público, al agua caliente sanitaria y son imperecederas, limpias, sustentables y no provocan daños de consideración al medio ambiente.
Por otro lado, las energías renovables contribuyen de forma importante a la creación de empleos. Justamente, en un informe publicado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA por sus siglas en inglés), se estima que con la generación de energías limpias se podrían proyectar millones de puestos de trabajo en los países en desarrollo. “hoy por hoy, las tecnologías renovables son más intensivas en el uso de mano de obra que aquellas otras basadas en combustibles fósiles”, además de que esta ventaja se suma a “otros beneficios importantes como su impacto en la seguridad energética, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, la reducción en la volatilidad de los precios, las mejoras en el acceso a la energía y el desarrollo de tecnología”.
Si bien es cierto que el proceso de desarrollo de estas fuentes de energía todavía se encuentran con diversos obstáculos como la dificultad en la tramitación de los proyectos, la falta de voluntad política, la insuficiencia de normas jurídicas que faciliten la implementación de estas tecnologías y el impulso de proyectos ambientalmente viables; los avances tecnológicos facilitan cada vez más que los gobiernos y las empresas adopten pautas de sustentabilidad sin generar costos onerosos. Si bien es cierto que el proceso de desarrollo de estas fuentes de energía todavía se encuentran con diversos obstáculos como la dificultad en la tramitación de los proyectos, la falta de voluntad política, la insuficiencia de normas jurídicas que faciliten la implementación de estas tecnologías y el impulso de proyectos ambientalmente viables.
A final de cuentas, el problema ambiental, la desigualdad social y la transición energética, antes que otra cosa, representan un desafío político e institucional porque en su sentido más amplio: el desarrollo sustentable implica un modelo de sociedad que sea capaz de brindar calidad de vida y bienestar a las personas. De ahí que la sustentabilidad no se limita a la simple articulación entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales; sino fundamentalmente, supone una reestructuración de la sociedad que permita la realización plena de todos los individuos dentro su propio entorno.
En este sentido, Pemex tiene que ser el puntal estratégico en esta batalla por la defensa del patrimonio común y garante de un futuro viable energética y socialmente para nuestro país.
