Para construir el futuro se necesita transparencia
JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Las y los jóvenes no son el futuro de México, son el presente. Por ello, los esfuerzos por crear políticas públicas y programas sociales que les ayuden a integrarse y mantenerse en el mercado laboral son fundamentales y nadie debe oponerse a ellas; sin embargo, estos deben apegarse a la transparencia y rendición de cuentas para mostrar que cumplen con sus objetivos.
El pasado 21 de febrero expuse un proyecto en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sobre este tema. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el listado de jóvenes inscritos y beneficiarios del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” desde el año 2018 al 2023, con fecha de inicio y de término de la cobertura de seguridad social.
El IMSS clasificó la información como confidencial, ubicándola en el supuesto de datos personales y “secreto fiscal”. Debido a esta negativa, la persona solicitante se inconformó ante nosotros en el INAI. Después de analizar el caso, en el Instituto determinamos que no proceden los argumentos del IMSS para clasificar la información, pues se trata de personas que son beneficiarias de un programa ejercido con recursos públicos, por lo que dicha información es una obligación de transparencia.
Además, la información requerida es generada por el propio IMSS, y es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) quien funge como patrón, por lo que no constituye un secreto fiscal. De esta forma, el IMSS debe entregar el padrón de beneficiarios solicitado.
En el informe que el IMSS entregó al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión referente a la situación financiera y de riesgos del periodo 2022-2023, se señala que la cobertura del programa social ya mencionado –con corte a diciembre de 2022– tenía 153 mil 934 personas registradas ante el IMSS, lo cual representó un gasto de 629 millones de pesos para atención médica de los mismos. De esta cifra, la Secretaría del Trabajo aportó 260 millones de pesos para financiar el gasto médico de los beneficiarios.
Si bien este programa lo administra la Secretaría del Bienestar, la STPS es quien tiene asignado el presupuesto de aportaciones por seguridad social, que para 2024 es de 23 mil 406 millones 813 mil 084 pesos, de acuerdo con información del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su segunda entrega de la Cuenta Pública 2022, se detectaron anomalías por 5.1 millones de pesos en la operación del programa social al señalar que estaban inscritos, al menos, 242 servidores públicos.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, la forma en que la ASF corroboró esta anomalía fue realizando una compulsa, que no es otra cosa que comparar el padrón de beneficiarios de este programa con datos del ISSSTE de servidores públicos dados de alta en dependencias públicas. Ante ello, se muestra la relevancia de que una de las obligaciones marcadas en la ley son los padrones de beneficiarios públicos.
Estas irregularidades se suman a las que se han presentado desde que se creó el programa en 2019, mismas que la ASF también ha acreditado por cuatros años consecutivos, con lo que sumarían anomalías por más de 175 millones de pesos.
Por los derechos de las y los jóvenes, confío en que pase la “moda” de reservar información, porque dicha acción provoca que la confianza ciudadana en las instituciones disminuya notablemente, pues se pierde la oportunidad democrática por excelencia de exigirles cuentas de su actuar.
X: @JulietDelrio
