Padre de Adriana Morlett acusa negligencia de PGJDF

México, D.F.- En el Distrito Federal tienen que pasar 72 horas (tres días) para reportar a una persona como desaparecida; cualquier intento de hacerlo antes de ese tiempo es inútil, toda vez que las autoridades no investigan y no hay protocolos expeditos para buscar a mujeres y niñas desaparecidas.

Hace un año, el procurador de justicia capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció ante la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, la publicación en la Gaceta Oficial del GDF de las directrices para elaborar el protocolo para la búsqueda inmediata de niñas y mujeres extraviadas o ausentes, en riesgo de ser víctimas de delito y, en especial, de violencia sexual.

Hoy se desconocen los avances en la elaboración de ese protocolo y quienes siguen perdiendo a familiares continúan viviendo la angustia de esperar las primeras 72 horas.

Esta experiencia la conoce muy bien Javier Morlett, padre de Adriana Morlett, joven universitaria que desapareció en la ciudad de México el 6 de septiembre de 2010 en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades capitalinas.

A nueve meses de su desaparición el caso ha tomado un vuelco internacional, ya que se sospecha que la joven es víctima de la delincuencia organizada y, se presume, podría estar en Venezuela o Colombia.

El caso está ahora en manos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

En entrevista con Cimacnoticias, Javier Morlett narró las inconsistencias en la declaración del testigo principal del caso, Mauro Rodríguez, quien vio por última vez a su hija Adriana; la negligencia de los funcionarios de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, y la lentitud del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), dependiente de la PGJDF, para buscar a su hija.

Angustia

El lunes 6 de septiembre de 2010 fue el último día que se le vio a Adriana. Se citó afuera de la Biblioteca Central, en Ciudad Universitaria, con Mauro Rodríguez, testigo principal del caso. La versión de Mauro ante la PGJDF es que Adriana abordó un taxi entre avenida Aztecas y Delfín Madrigal, donde se supone fue secuestrada.

Javier Morlett Macho, economista de profesión, precisó que el 7 de septiembre de 2010 él y su esposa, Adriana Espinosa, denunciaron la desaparición de Adriana ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán.

La respuesta del fiscal fue: “No se preocupe, señor Morlett; su hija se fue con el novio, va a regresar en tres o cuatro días”.

Sin más explicación, sin investigar nada, las autoridades les dijeron que no era necesario levantar una denuncia, que había que esperar tres días para poder considerar un secuestro.

“Por insistencia mía fue que el fiscal dijo: ‘vamos a proceder aunque es un error hacerlo porque estamos levantando denuncia sin elementos’; tenemos que esperar 72 horas”, recuerda Javier Morlett.

La Fiscalía citó a declarar a Mauro Rodríguez el domingo 12 de septiembre, pero no acudió sino dos días después, el martes 14, acompañado de dos abogados.

De acuerdo con su versión, él y Adriana se encontraron afuera de la Biblioteca Central, caminaron por la UNAM, pasaron por el departamento de ella, subieron al Metro Copilco, bajaron en el Metro Universidad, tomaron una combi que los llevó al departamento de Mauro y ahí estuvieron dos minutos.

“Él acompañó a mi hija a la esquina de la avenida Aztecas con calle Nezahualpilli y ahí mi hija tomó un taxi”, relata Morlett.

Sin pruebas para detener al testigo

Javier Morlett se pregunta por qué si Mauro ha cambiado su versión de los hechos en más de tres ocasiones, no se ha podido cambiar su estatus jurídico. La respuesta de la Procuraduría es que “no hay contradicciones”.

La primera versión es que Adriana fue a la casa de Mauro a ver un sofá que compraría para amueblar el departamento que su padre le puso a ella y a su hermano, ambos estudiantes.

Mauro después dijo que no, que Adriana sólo quiso acompañarlo para seguir platicando. En otra versión, el joven afirmó que ella lo acompañó por cortesía, aunque no ha podido explicar a qué se refiere con “cortesía”, advierte Javier Morlett.

“La Procuraduría del DF nunca encontró elementos para arraigarlo, ni para cambiarle su situación legal de testigo a presunto; nunca se ha entendido por qué el esfuerzo de este muchacho de buscar la protección de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ni por qué se amparó”.

Ésto me genera suspicacia, ­agrega,­ porque la pregunta es: Si es tu amiga la que te acompañó a tu departamento, a la que tú buscaste durante dos días para platicar con ella, se pierde, el comportamiento lógico de un amigo es contribuir en su búsqueda. Él hizo lo contrario, en lugar de ayudar, se amparó, se escondió, buscó abogados, protección, es lógico que produjo suspicacia”, apunta el padre de Adriana.

La pregunta que le da vueltas en la cabeza y que hasta ahora no ha sido respondida satisfactoriamente ni por las autoridades ni por el propio Mauro es “a qué fue su hija a su departamento”.

De acuerdo con Javier Morlett, Adriana y Mauro no eran compañeros de clase. Ella estudiaba en la facultad de Arquitectura y él en la de Psicología en la UNAM. Se conocieron en una fiesta hace un año y los presentó un amigo en común, al que Adriana conoció en Chilpancingo, Guerrero, de donde era originaria.

Cuenta el papá de Adriana que ambos jóvenes empezaron una relación superficial de amistad porque ­asegura­ tanto él como su esposa conocían a los amigos que frecuentaba su hija, con quién salía y nadie, afirma, sabía de la existencia de Mauro hasta que ella desapareció.

Cambio de instancia

Tras la nula investigación para esclarecer el paradero de Adriana, Javier Morlett logró entrevistarse con el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien ordenó pasar el caso a la Fiscalía Antisecuestros (FAS).

El fiscal antisecuestros, Óscar Montes de Oca, estuvo a cargo de la indagatoria. A decir de Morlett “ahí empezó el trabajo de inteligencia”, sin embargo no se centraron en Mauro como testigo principal.

Morlett explica que le pidió al fiscal que volviera a interrogar al muchacho. Cuando le presentaron el resultado de la declaración se dio cuenta de que el interrogatorio se hizo exclusivamente con sus preguntas: “el Ministerio Público no aprovechó la ocasión para preguntarle otras cosas”.

“¡Yo no soy investigador, yo no soy fiscal, yo no sé investigar, ellos sí! Entonces se perdió la oportunidad de sacar más información porque el MP se concretó a preguntar lo que yo quería, no a investigar”, exclama.

Tiempo perdido

Javier Morlett afirma que si la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán hubiera hecho su trabajo y al día siguiente de la denuncia hubiera citado a declarar a Mauro, se habría podido comprobar si decía la verdad, se hubieran pedido las cámaras del Sistema de Transporte Colectivo Metro y las de la calle donde Adriana desapareció.

“Pero como la Fiscalía no trabajó y no hizo nada, cuando por fin la FAS localiza a Mauro una semana después, las grabaciones habían sido borradas porque solo duran ocho días”.

Ante todas estas irregularidades y agotando todas las instancias en su afán desesperado por encontrar a su hija, Morlett acudió a fines de febrero y principios de marzo de este año, con ayuda de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC), con la entonces subprocuradora de la PGR, Maricela Morales.

“Le expliqué que la averiguación que estaba llevando a cabo la Procuraduría del DF estaba siendo lenta porque llegaban llamadas de que mi hija estaba en cualquier parte de la República y para investigarlas la Procuraduría tenía que hacer trámites administrativos para poder ir a investigar, entonces se retrasaba mucho ese trabajo”.

Posteriormente el rector de la UNAM, José Narro, se entrevistó con ambos procuradores (capitalino y federal) y les pidió que cruzaran información. Ahí decidieron que lo mejor era que el caso fuera atraído por la SIEDO. “Sabíamos que mi hija ya no estaba en el DF, que podía estar en cualquier parte de la República y teníamos que proceder”, abunda el padre de la joven.

El caso llegó así a la instancia de la PGR. Hasta ahora no hay nada confirmado, las líneas de investigación se mantienen bajo reserva, y lo único que “se sospecha” es que Adriana puede ser víctima de la delincuencia organizada y que probablemente pueda ubicarse en Venezuela o Colombia.

Por eso las organizaciones civiles han insistido en la importancia de cumplir el mandato de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el feminicidio en el campo algodonero, que entre otras cosas, ordena la creación de una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional.

Otra que contenga información genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida, que tampoco se ha hecho a año y medio de notificada la sentencia.

En otro intento por conocer el paradero de su hija, Morlett acudirá a las embajadas de distintos países de América Latina para pedir ayuda en la búsqueda de Adriana. Hoy visitó la embajada de Venezuela.

Desde diciembre de 2010, cuando el caso se difundió en los medios, empezaron las amenazas de muerte y llamadas de extorsión a la familia Morlett Espinosa.

“Han sido nueve meses de un desgaste impresionante, hemos pasado diferentes tipos de emociones, los primeros días de coraje, tristeza, periodos de depresión, ha habido ocasiones en que llega información positiva, pero cuando esa información no lleva a nada decae nuestra moral, hemos llorado días, hemos tenido insomnio, días sin comer, hemos abandonado todo, yo abandoné mi trabajo, mi esposa abandonó su trabajo”.

Protocolos

Los protocolos anunciados por el procurador Mancera contemplan la búsqueda de emergencia para las primeras 48 horas contadas a partir del momento en que se denuncien casos de niñas y mujeres extraviadas o ausentes, en riesgo de ser víctimas violencia sexual.

También prevé el diseño de mecanismos ágiles de coordinación e intercambio de información entre las diferentes instancias del gobierno local, federal y de organizaciones de la sociedad civil para ubicar el paradero de la persona desaparecida.

De acuerdo con el anuncio de hace un año, la PGJDF diseñaría e incorporaría en su página electrónica un espacio de fácil acceso con información necesaria especializada de todas las mujeres y niñas extraviadas o ausentes, con el fin de contribuir a su localización.

Cimacnoticias revisó el sitio web de la Procuraduría y al día de hoy no existe esa información.