Obra pública, sistema de contrataciones y su impacto en el desarrollo local
MANUEL IBARRA SANTOS
La obra pública y el sistema de adquisiciones de bienes y servicios–que en conjunto representan en promedio nacional, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, entre el 25 y 30 por ciento de los presupuestos anualizados en las administraciones estatales y federal-, es un factor determinante para activar la economía, propiciar el crecimiento, generar empleo y fortalecer el desarrollo.
Contrariamente, cuando en una sociedad se carece de iniciativa estratégica para el diseño de proyectos, ejecución e inversión oportuna en obra pública, entonces, el riesgo mayor es que se pueda inhibir el dinamismo de la estructura económica y se ponga freno al crecimiento.
Los procesos de inversión en obra pública son elemento regulador, no solamente del comportamiento de los indicadores de la economía, sino también detonante del desarrollo y factor descentralizador de los ingresos fiscales, hacia las regiones geográficas más rezagadas, para generar condiciones de justicia.
Un modelo eficaz de obra pública para que cumpla su objetivo social tendrá que estar soportado por un marco legal moderno, fundado en los principios de la transparencia, imparcialidad, competencia y un riguroso esquema de rendición de cuentas.
En nuestro país, el campo de las contrataciones públicas se integra por tres dimensiones: 1).-Obra pública; 2).-Adquisiciones de bienes y servicios; y 3).-Arrendamientos.
En México, del monto destinado anualmente a contrataciones públicas, en promedio el 45% se canaliza a bienes, 25% a servicios y el 30% a obra pública.
El marco jurídico de la obra pública en el estado:
Una condición necesaria para tener un sistema adecuado de contrataciones en obra pública, es contar con un marco jurídico moderno. Y en Zacatecas se requiere actualizar la respectiva Ley de Obra Pública y, también, la Ley de Adquisiciones, esta última convertida en una verdadera pieza de museo, por su obsolescencia. Esta es una tarea que compete, en particular, al Poder Legislativo.
Y a propósito de que se ha mencionado la posibilidad de actualizar la Ley de Obra Pública en la entidad, recomendable sería considerar entre otros los siguientes componentes:
Ciudadanizar los procesos de licitación con la presencia de testigos sociales; fortalecer los mecanismos de transparencia con el uso de COMPRANET, para que su utilización sea no discrecional sino obligación jurídica; favorecer la rendición de cuentas mediante el empleo de nuevas herramientas y metodologías, como la auditoria al desempeño; presencia mayor de los colegios de profesionistas; y la aplicación del principio de mayor publicidad en todo el proceso de contratación, así como en el conocimiento público de los integrantes del padrón de constructores.
Las consecuencias positivas para una sociedad, derivadas de una licitación de obra pública adecuada, son varias: generación de empleo, reactivación de la economía, incremento de la competitividad, aumento de la participación social y mayor legitimidad política y gobernabilidad democrática.
Industria de la construcción y obra pública:
En el contexto de la industria de la construcción, la política de obra pública representa una fuente importante de modernización de estructura productiva y generadora de empleo decente.
La contribución económica de la industria de la construcción, es altamente significativa, ya que representa en el país, el 6.7% del PIB/Nacional, con la creación de más de 5 millones de empleos anualizados. Es Zacatecas sólo aporta éste sector, menos del 2% del Producto Interno Bruto Estatal.
El tema de la obra pública y su sistema de contrataciones, habrá que ubicarlo, en el marco de las políticas públicas, como uno de los grandes ejes para construir la nueva infraestructura para el desarrollo de Zacatecas.
