Nueva ética política para la democracia
LUCÍA LAGUNES HUERTA
En este proceso electoral se llega con nuevas reglas, especialmente en materia de los derechos políticos de las ciudadanas, y sin lugar a duda es la gran prueba de fuego de los partidos para ver de qué están hechos.
Al parecer éstos no terminan de darse cuenta de que el mundo cambió y que las ciudadanas están exigiendo congruencia en su actuar político cotidiano.
Quienes representan 52 por ciento del padrón electoral tienen una década transformando a paso veloz el piso legal para garantizar la igualdad en la participación política de las mujeres.
De la cuota de género reglamentada en el año de 1993 saltamos a la reforma constitucional en 2019 para lograr la “Paridad en Todo”, es decir, en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes y en los órganos autónomos.
El rechazo a la precandidatura del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, para gobernar el estado de Guerrero son el reflejo de ese cambio al cual Morena necesita responder desde la congruencia.
Las acusaciones judiciales que pesen en contra de Salgado Macedonio por violación y acoso sexual no son eludibles por él, ni la dirigencia partidaria puede justificarlas, más allá de la resolución judicial pendiente. ¿Qué ética política prevalece si se tolera que este tipo de personas continúen gozando de impunidad?
La exigencia de igualdad y paridad es real, y los lineamientos emitidos por la autoridad electoral son para cumplirse, sin lugar a duda.
Ignorar la historia del movimiento feminista, les ha impedido tener otros elementos para hacer la lectura correcta de la transformación profunda que, en la ética política, implica la inclusión de la igualdad de las mujeres, la no discriminación y los Derechos Humanos.
Los lineamientos tres de tres son la gran revolución en la ética política porque rompen con la normalización de la doble moral partidaria y política; la que oculta el lado misógino y violento que ejercen en la vida privada los líderes y hombres públicos y ensalza la hipocresía pública.
El ordenamiento que impide la candidatura de hombres que hayan sido sancionados por violencia contra las mujeres o por ser deudores alimentarios, conlleva, implícitamente, un deber ético tanto de los hombres en la política como de los partidos.
La congruencia
Una nueva ética política demanda las ciudadanas y buena parte de las militantes partidarias, para romper con los pactos masculinos que alimentan la impunidad. Ellas son las principales impulsoras de estos cambios porque viven en carne propia los efectos dañinos de esta doble moral, que alimenta la violencia política que se construye como dique al derecho legítimo de las mujeres a participar en la vida pública.
El deber ético de políticos y partidos exige que quienes estén en las candidaturas sean personas íntegras, respetuosas de la dignidad humana, congruentes y sin dobleces en la vida pública como privada, porque desde estas dos esferas construyen quienes son.
La vara para medir las precandidaturas y candidaturas se elevó
Un militante, líder partidario, legislador, o cualquiera que sea su actividad que violente a las mujeres, corrompa la ley, robe, viole o acose sexualmente, no puede ser considerado, siquiera, como factible a una candidatura, porque hacerlo legitima cualquiera de estas acciones que dañan la vida de la ciudadanía y con ello de cualquier nación.
¿Qué partido quiere un candidato que viola la ley, los Derechos Humanos y la dignidad de las mujeres? Si existe, es porque sólo va por el poder mismo y sus privilegios, más no por el bien de la ciudadanía que representa y no merece nuestro voto.
Estamos frente al cambio de paradigma ético de la política nacional, no más privilegios personales usando el poder público. Y eso lo debemos a las feministas demócratas que han subido los estándares de la meritocracia política. Porque las ciudadanas no queremos hombres violentos como representantes, ni en los congresos, ni en los gobiernos locales, ni en las instancias federales. No es un cliché, las movilizaciones feministas son una prueba de ese cambio.
Desde el primer momento lo que se ha demandado al gobierno federal es igualdad e inclusión de los Derechos Humanos de las mujeres en su propuesta de nación; su negativa, ahonda las desigualdades históricas y las violencias estructurales que vivimos las mujeres.
Si Morena y cualquier otro partido político coloca entre sus candidatos a los agresores y corruptos, la esperanza de México no estará en ello, sino en la ciudadanía que tiene el poder de no elegirlos a través de su voto.
