No más sueños truncados de los niños
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
A nivel general, en México tenemos una deuda con nuestros niños porque una gran cantidad de ellos están creciendo en un entorno de miseria, violencia y abusos. Precisamente, en fechas recientes la UNICEF informó que en nuestro país la mitad de los niños se encuentran en la pobreza, es decir, más de 21 millones de menores de edad sobreviven bajo condiciones de abandono, hambre, ignorancia, peligro y obligados al trabajo.
Además de ser una de las injusticias más terribles, éste representa un grave problema social porque si los niños crecen en un entorno de violencia y a la sombra de abusos y carencias; es muy probable que a futuro se traduzca en más violencia. En consecuencia, tenemos que encarar con mucha mayor firmeza nuestra irrenunciable responsabilidad social de revertir las actuales condiciones de explotación y abuso contra los niños, empezando por redefinir las políticas públicas dirigidas a este sector y poder brindarles mejores posibilidades para su desarrollo, al cubrir sus necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, deporte y recreación.
Sin embargo, hoy en día duele ver la forma en que tantos niños ven truncados sus sueños de querer estudiar y no poder hacerlo por falta de recursos económicos; por lo cual, trabajaremos incansablemente por abatir las desigualdades, la exclusión, el maltrato y el rezago educativo de nuestros niños: nuestro compromiso es con su dignidad y tenemos muy claro que no existe mejor palanca de transformación social; que hacer valederos los derechos de la infancia.
En el Informe “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010”, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), indica que en el año 2010 tres de cada cuatro niñas, niños y adolescentes mexicanos padecían alguna carencia social y, uno de cada cuatro, presentaba tres o más carencias sociales; es decir, el 9.8% tenían carencia por rezago educativo; mientras que 29.8% por acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 29.5% por acceso a la alimentación.
Por nuestra parte, en Zacatecas la situación tampoco es muy halagadora para las niñas y los niños: 60 mil 253 de menores trabajan en la entidad, es decir, un 16.3% del total de niñas y niños zacatecanos de 5 a 17 años, lo que equivale a 5.6 puntos porcentuales arriba de media la nacional, según los datos más recientes de que dispone el INEGI. La mayoría de estos empleos, se concentra en actividades agropecuarias, con 51.2%, seguido del sector terciario o de servicios con 37.7%, la industria con 9.8% y el restante 1.3% se encuentra en la categoría de no especificado. Desgraciadamente, el 32.6% del total de niños(as) que trabajan, no asiste a la escuela; el resto sí estudia, pero la mayoría de ellos se quedan sólo con la primaria y los que logran terminarla -una minoría-, dejan inconclusa la secundaria.
En Guadalupe, según el INEGI, tenemos 3821 niñas y niños de 3 a 5 años que por causas socio-económicas no asisten a la escuela, de los cuales 1936 son varones y 1885 son mujeres; en cuanto a los menores de 6 a 11 años, el número de los que no van a la escuela suma 361, siendo 197 varones y 164 niñas; los de 12 a 14 años que no asisten a la escuela 647, de los cuales 364 son varones y 283 niñas. Por otra parte, en el 2010 había mil ocho menores guadalupenses en situación de calle; sin embargo, esta cifra se ha incrementado durante los últimos tres años por el arribo de habitantes de otros municipios a la zona conurbada al establecerse en asentamientos irregulares. De ahí que es una necesidad urgente que las autoridades de todos los niveles atiendan eficazmente a los grupos más vulnerables: niños de la calle, hijos de migrantes, niños jornaleros y los que carecen de cuidados paternos.
Por nuestra parte, en Guadalupe trabajaremos para lograr el cumplimiento de los derechos establecidos por la Convención de los Derechos del Niño y por la propia Constitución. No obstante, ello requiere de emprender una acción colectiva donde participen el gobierno, la sociedad civil organizada, los sectores académicos, la iniciativa privada, las comunidades y las familias. De entrada, tenemos que elaborar una agenda institucional -con la participación de los tres órdenes de gobierno-, en la cual se integre la diversidad de perspectivas que ayuden al desarrollo de la infancia para cause a su sentir, intereses y prioridades. Es preciso orientar toda acción gubernamental partiendo de concebir a las niñas y niños no sólo como objetos de protección, sino básicamente como sujetos de derechos.
Desde el ámbito de responsabilidad municipal vamos a elaborar políticas transversales en las que se otorgue un papel prioritario a la participación de los niños y niñas, tanto en su diseño como en la ejecución y evaluación de las mismas, a efecto de que su opinión incida de forma determinante en las decisiones que adoptaremos en las diferentes áreas de nuestra administración.
Tenemos que ser capaces de brindarles a los pequeños la oportunidad que merecen de jugar, estudiar y ser felices, como la única vía para conseguir que en el futuro se conviertan en ciudadanos de bien. De ahí que pondremos abriremos más espacios y parques públicos para la recreación, a la vez de poner en marcha nuevos programas destinados a los niños, aumentando los recursos invertidos en el sector social y adoptando técnicas y métodos de administración dirigidos especialmente a la atención integral de la infancia en nuestros planes de acción.
Procuraremos la equiparación de oportunidades y la reducción de las desigualdades e iniquidades sociales, mediante la mejora de los servicios públicos del municipio y la depuración de los programas de desarrollo social, alimentario y de salud enfocados a las familias; a través de la ampliación de los apoyos y becas (entregaremos 18 mil para que los niños y adolescentes de bajos recursos puedan concluir su educación).
Que no quede duda: en cada una de nuestras comunidades vamos a redoblar esfuerzos para que la niñez guadalupense viva en ambiente sano, limpio, seguro y saludable.
