No basta pedir perdón
Los ecos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres siguen hoy en día, pues pese a pedir el perdón de las mexicanas la violencia contra las mujeres no es “una posibilidad”, es una realidad ante la inacción del Estado para protegerlas verdaderamente.
Apenas habían transcurrido dos días de que la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres solicitara el perdón de las mexicanas, cuando un nuevo ataque a las defensoras de Derechos Humanos (DH) de Chihuahua se perpetraba; esta vez en contra de Norma Andrade, presidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, a quien hoy hay que garantizarle la seguridad y protección de su vida.
Ahí, frente a su casa, Norma Andrade fue baleada, colocando nuevamente los focos rojos en Chihuahua, en la misma entidad donde mataron a Marisela Escobedo frente a Palacio de Gobierno, ahí donde la familia Reyes ha visto asesinados a cinco de sus integrantes.
La misma entidad federativa donde más de mil mexicanas han sido asesinadas, razón por la cual el Estado mexicano ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no proteger la vida de las mujeres.
Solicitar el perdón de las mexicanas es insuficiente ante la falta de protección de las mujeres. Desde 1985, cada día tres mujeres han sido asesinadas ante la inacción, negligencia y complicidad de un sistema que menosprecia la vida de las mujeres.
En 24 años han sido asesinadas 34 mil 176 mujeres, según documenta la investigación “Feminicidio en México: aproximaciones; tendencias y cambios 1985-2009”.
La mayoría de las mujeres asesinadas tenían 30 años, menos de la mitad de su ciclo vital según la esperanza de vida al nacer en nuestro país.
Los asesinatos de mujeres se incrementaron en 68 por ciento durante la guerra contra el crimen, específicamente entre 2008 y 2009, explica el estudio elaborado por El Colegio de México, ONU Mujeres, Inmujeres y la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados.
Cuando se tienen estas cifras, cuando apenas el tres por ciento de estos asesinatos son investigados, la solicitud de perdón no sólo es insuficiente, sino grosera porque sólo es la frase.
Cuando es la autoridad la que solicita el perdón, debe ser acompañada con acciones concretas, acciones que correspondan al tamaño de la ofensa y la necesidad de reparación del daño.
Y en este caso estamos hablando de la vida de las mujeres, del bien principal que debe tutelar el Estado; iniciar saldando los adeudos es buen camino.
Por ejemplo, homologar la legislación nacional para que todas las mujeres de este país cuenten con la misma protección y se sancione de la misma manera a quienes nos violentan.
Cumplir con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y, sin escusa ni pretexto, desarrollar el diagnóstico sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, para el cual fueron destinados recursos desde hace más de tres años.
Sancionar todo acto de violencia y discriminación que se transmita por un “talk show”, por ejemplo, tarea que le corresponde a la Secretaría de Gobernación, instancia de la cual depende la Conavim, y ni más ni menos esta secretaría es la que preside el Sistema Nacional de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, el cual no ha emitido ninguna Alerta de Género por más que se le pide.
Pedir el perdón no basta cuando no hay acciones concretas que la respalden. Para obtener el perdón de las mujeres es necesario que los agresores que andan libres, que son públicos, conocidos y reconocidos, como el agresor de Grettel o el hijo del Jefe Diego –solo por mencionar algunos–, sean sancionados sin importar el parentesco ni las influencias.
Para que el perdón sea dado es necesario que sepamos quién asesinó a Adriana Morlett, y que el criminal sea enjuiciado y sancionado; que el homicida de Marisela Escobedo, así como el asesino confeso de Rubí sean detenidos, y que los agresores de Norma Andrade sean capturados y enjuiciados, que cada denuncia por discriminación o por cualquier tipo y en cualquier modalidad de violencia de género sea investigada, sancionada y haya la reparación del daño.
Si esto no se da, la petición de perdón será recordada como una burla más de un Estado que no se compromete con las mujeres.
*Directora general de CIMAC.
