No a la exclusión, sí a un compromiso con el bienestar
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
El crecimiento económico de México en la primera década del siglo XXI fue el más limitado de los últimos 80 años. Mientras que América Latina creció el 3.9%, en México el crecimiento fue del 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB). En este mismo periodo la mayoría de los países latinoamericanos disminuyeron los niveles de pobreza de su población, en contraste, en México la cifra de pobres subió a 57.7 millones y la tasa de desempleo general pasó de 2.5% a 5.3%. Durante la hegemonía tecnocrática, en el periodo de 1982 al 2011, México creció un 2.5% en promedio anual, lo cual refleja la incapacidad de la economía de mercado para otorgar el bienestar y crecimiento prometido, bajo la receta de entregar sectores estratégicos de la economía nacional al capital privado para “detonar el crecimiento”.
Por lo que toca al primer año del gobierno del presidente Enrique Peña, la economía apenas creció un1.06% respecto del año previo; ni siquiera alcanzó el 3.5% que originalmente había previsto la Secretaría de Hacienda, siendo que a lo largo del 2013 fue revisando a la baja sus proyecciones, ya que fue a inevitable el descontrol en la conducción económica. De acuerdo con datos oficiales, desde hace un año se ha venido presentando una inflación creciente en el precio de al menos 20 productos que forman parte de la alimentación básica de las y los mexicanos, en particular de los más pobres, golpeando con severidad a la economía familiar al llegar a un costo inalcanzable para las clases populares.
Sin lugar a dudas, otro de los efectos negativos de la debilidad de nuestra economía y la gran desigualdad en la distribución de las oportunidades, han provocado una gran necesidad de empleo entre la población. En este sentido, la más reciente entrega de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, señala que durante el cuarto trimestre de 2013, de los 49.5 millones que conforman la población ocupada en México, 29.6 millones de personas estaban inmersas en la informalidad; de ellas, 14 millones laboraban en la informalidad típica y el resto (15.6 millones) tenían ocupaciones informales, es decir, sin seguridad social ni otro tipo de prestaciones.
Sin embargo, los más afectados por este problema son los jóvenes y así lo muestran las estadísticas; por ejemplo; datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que los muchachos de 15 a 24 años de edad son la población más vulnerable en términos de empleo, ya que las tasas de desocupación en este sector casi duplican la tasa de desempleo general. Basta ver que de los 463 mil 18 empleos formales que se crearon en todo el país, sólo el 16.4% correspondieron a jóvenes de entre 15 y 29 años, es decir, 75 mil 910 puestos de trabajo. Encima de ello, los empleos creados durante el 2013 destinados a los jóvenes cayeron un 56.6% respecto a los que se generaron en el 2012 (174 mil 731 nuevas plazas), tal como lo indican datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por otro lado, alrededor del 53.8% de los mexicanos menores de 18 años viven en la pobreza y el 12.1% se encuentra en la miseria extrema. A pesar de los numerosos programas sociales (más de dos mil en todo el país) y de atención de la infancia, los menores de 12 años son quienes viven con las peores condiciones de marginación: el 55.7% en está en pobreza y un 11% con carencias extremas, según alerta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Hoy nos encontramos en un entorno muy duro para las nuevas generaciones en donde además de la violencia, el atraso educativo, la falta de oportunidades y la pulverización de los ingresos de la mayoría de la población en el país; la base trabajadora nacional padece la aniquilación de sus prestaciones, conquistas y derechos laborales (como lo demuestra el crecimiento del outsourcing en un 170% durante la última década), así como el crecimiento exponencial del empleo informal.
Frente a este difícil escenario, en el Partido de la Revolución Democrática mantenemos nuestra postura de reorientar el modelo económico y dar un paso hacia esquemas gubernamentales marcados por un profundo sentido social; de largo plazo y dirigidos al fomento económico basado en el impulso a la educación y la innovación tecnológica, en el apoyo a nuestra base productiva local y en búsqueda del crecimiento pero con desarrollo y respeto al medio ambiente. No tenemos otra alternativa para enfrentar la crisis económica con posibilidades de éxito, que aplicar políticas tendientes a impulsar el desarrollo productivo, social, regional y generacional en nuestro estado, mediante acciones concretas para generar mayores ingresos e integrarlos de manera eficiente en la dinámica del mercado.
Es necesario que los espacios locales sean un factor determinante para las actividades productivas, dando prioridad a la generación de empleos y al apoyo de la empresa familiar. La inversión pública tiene que traducirse en programas que conduzcan al aumento del valor de la oferta productiva, en la estructuración de circuitos comerciales que posicionen los productos locales; en la inversión en el financiamiento de créditos para la promoción económica, así como en la escrupulosa revisión de la viabilidad de proyectos productivos, acordes a sus impactos en cada sector y, finalmente, en la constante evaluación de las políticas públicas.
En pocas palabras, en México y en Zacatecas requerimos de acciones gubernamentales cuyos ejes sean la integración y no la exclusión, procurando la generación de riqueza para redistribuirla con equidad y, de esta forma, atacar de fondo la desigualdad, la marginación y la violencia; que hoy son la causa de un enorme sufrimiento a millones de mexicanas y mexicanos.
