Negando el acceso a la información

MARÍA DEL SOCORRO CASTAÑEDA DÍAZ 

El argumento de mi colaboración de esta semana tiene que ver con un asunto que honestamente, como ciudadana defensora de la libertad de expresión, me sorprende y, sobre todo, me indigna. Me parece que hay en todas partes funcionarios que no han comprendido todavía que, al dedicarse al servicio público, tienen que asumir sin peros que mientras dure su encargo, particularmente si es un puesto de representación popular, los ciudadanos a quienes se deben tienen todo el derecho de conocer los movimientos que tengan que ver con su trabajo, porque de su labor depende, en muchos casos, el bienestar de miles, si no es que de millones de personas.

Pero, además, si acaso la opinión de los ciudadanos no es favorable, si hay críticas directas y aunque el tono no sea siempre amable, estos servidores públicos (desde el mismísimo presidente hasta los gobernadores, senadores, diputados federales y locales, y por supuesto los presidentes municipales y su cabildo) tienen la obligación de escuchar y eventualmente deben estar dispuestos a debatir, a defender su punto de vista.

Sin embargo, lo que los servidores públicos nunca deben hacer, en ninguna circunstancia, es ignorar a quienes evidencian sus errores. La razón es muy sencilla: fueron elegidos para cumplir una función pública, se deben a quienes con su voto decidieron encargarles determinadas tareas que tienen que llevar a buen término, y no deben ignorar a quienes marcan sus errores. Es su trabajo y de la misma forma en que son bien remunerados para desarrollarlo, deben aceptar la parte menos grata, sobre todo porque distan mucho de ser perfectos y es obligación de la ciudadanía hacérselos notar.

Todo esto tiene que ver con un caso concreto que me tocó presenciar recientemente. La directora de este medio de comunicación, Claudia Valdés Díaz, fue “bloqueada” en la red social Twitter ni más ni menos que por el gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello. Aclaro que no conozco las razones que llevaron al funcionario a negar el acceso a los contenidos que comparte en su página oficial no solamente a la mencionada periodista, sino, hasta donde tengo entendido, a otras personas más. Pero cualesquiera que sean sus motivaciones, el señor se ha olvidado de un tema fundamental: al hacerlo, está negando el acceso a la información y eso, en su caso, sencillamente no puede ni debe ocurrir, porque se trata de un personaje público y porque su cuenta de Twitter está dedicada a promover sus acciones gubernamentales.

No es que las y los asiduos de la citada red social vayan ansiosos en busca de información personal del señor, sino más bien se trata de que sus 84 mil 700 seguidores tienen muy presente que el perfil señala con claridad que él es “Gobernador Constitucional del Estado de #Zacatecas 2016-2021”.

Se trata, pues de una cuenta oficial en la cual se observan acciones que el gobernador ejecuta a favor de la ciudadanía zacatecana, y donde, por cierto, se ve en alguna publicación que orgullosamente se muestra atendiendo a los medios de comunicación. El asunto es que no podemos ser tan ingenuos como para pensar que quien maneja la cuenta sea siempre y directamente el propio gobernador. Y precisamente eso quizá podría ser lo más grave, porque pensar que el funcionario da a alguien más la libertad de cumplir ciertas acciones en su nombre, implica que, por una parte, al contratar a cualquiera para su manejo, subestima la importancia que las redes sociales deberían tener para su propia imagen, y por otra, da pie a pensar que el gobernante zacatecano se comporta en una forma escandalosamente intransigente, ordenando “eliminar”, aunque sea virtualmente, a las personas que no están de acuerdo con él.

Lo que probablemente ignora el señor gobernador es que su actitud al bloquear a los usuarios no es una novedad, y que lo que hace no sólo es mal visto, sino que, además, representa una violación al derecho a la información.

Y esta no es una invención de algún periodista con ganas de notoriedad. Es una apreciación de jueces federales que, durante 2018 han ordenado a ciertos funcionarios desbloquear de sus cuentas de Twitter a usuarios a quienes en algún momento dejaron sin acceso a los contenidos publicados en la red social.

Una nota publicada en septiembre de este año en el diario de circulación nacional Excélsior[1], resume algunos casos que se han presentado en México. Por ejemplo, en 2017 en Nogales, Sonora, un ciudadano se amparó tras ser bloqueado en la red social por el alcalde David Cuauhtémoc Galindo. Lo mismo ocurrió con el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, denunciado por la periodista Naldy Patricia Rodríguez Lagunes tras haberla bloqueado en Twitter.

Lo que se ha considerado como argumento fundamental para dar la razón a las personas bloqueadas, es que al no permitirles el acceso a los contenidos publicados “se vulnera su derecho de acceso a la información de interés público, que documenta en la misma a través de las publicaciones que realiza, que reflejan las actividades llevadas a cabo en ejercicio del puesto público desempeñado”.

El investigador chileno Ignacio Covarrubias Cuevas explica que “la difusión de la noción ‘persona pública’ versus ‘persona privada’ conlleva el riesgo de suponer que las personas públicas no gozan de vida privada o, al menos, lo hacen de un modo minusvalorado respecto de las personas corrientes”[2]. En este sentido, valdría la pena dejar bien claro a quienes cumplen alguna función pública que, a las personas decentes y correctas no les interesa en realidad nada que tenga que ver con su vida privada, así tengan serios pendientes, por ejemplo, esposas o cualquier tipo de familiar incómodo. Eso no es importante, es un problema que, siempre y cuando no afecte su desempeño en el gobierno, no atañe a nadie más que a los directamente involucrados.

Lo que en verdad interesa a quienes eventualmente siguen en sus redes sociales a una persona pública, particularmente a quien tiene un cargo gubernamental, es conocer más detalladamente su trabajo, observar si están llevando a cabo los programas que propusieron incluso antes de ser electos, en pocas palabras: quieren supervisar si están realizando bien la misión para la cual el pueblo les paga.

Por eso, y solamente por eso, es necesario que asuman su responsabilidad y enfrenten a las personas que les piden cuentas, sin darse el lujo de mostrar su prepotencia y así, sólo porque pueden, anular a sus detractores con sólo apretar una tecla.

Y de eso no se puede escapar ni el mismísimo presidente estadunidense Donald Trump. En mayo de 2018, también a él le prohibieron bloquear a sus detractores, porque al hacerlo, viola la Primera Enmienda constitucional, que garantiza la libertad de expresión, de acuerdo con la jueza de distrito Naomi Reice Buchwald, quien en Manhattan emitió un fallo declaratorio fundamentado en que “ningún funcionario gubernamental, incluido el presidente, está sobre la ley, y se supone que todos los funcionarios gubernamentales cumplen con la ley tal como ha sido declarada”[3].

Y es que lo que no se vale es rechazar la crítica así nada más, no es justo anular al presunto enemigo, no es prudente mostrar una infalibilidad que nada tiene que ver con la democracia, porque la época de los gobernantes que parecían perfectos afortunadamente ya pasó, y nadie en su sano juicio espera algo bueno de una persona que, apenas le señalan un defecto, impone su ley de la manera más absurda y decide evitar la confrontación ignorando a quienes lo critican.

Insisto en que los tiempos han cambiado. Es momento de reflexionar, sobre todo si los funcionarios tienen mucho que ver con un sistema autoritario que ya fue reprobado y eliminado por la mayoría de los mexicanos. Aquí se trata de reconocer los errores, de aceptar las opiniones y por lo tanto, de ser plurales y con ello mostrar que se tiene muy clara la idea de que en el sistema es posible gobernar realmente para los demás y no a partir de decisiones viscerales.

También es tiempo, creo yo, de que nuestros funcionarios usen más el cerebro para elegir a los integrantes de sus equipos de trabajo, que terminan siendo sus consejeros. En realidad, elegir a malos asesores no es sino una muestra más de incompetencia, porque, además, es altamente probable que esos pésimos colaboradores sean los primeros en negar los errores y tengan siempre la lisonja pronta que haga creer a sus patrones que, además del poder, siempre tienen la razón.

Es una verdadera pena que ocurran estos casos que exhiben a los servidores públicos en toda su intolerancia y dejan claro que en algunos lugares el autoritarismo al más puro estilo del PRI setentero sigue vigente. Ojalá que esta etapa pase y se abra el diálogo, que la democracia que han enarbolado los políticos de todos los partidos no se limite a pensar en los procesos electorales, sino que se pueda extender a las prácticas cotidianas, sobre todo considerando que en pleno siglo XXI, gracias a las Tecnologías de Información y Comunicación, en particular gracias a las redes sociales, es posible establecer comunicación directa entre gobernantes y gobernados, y cualquiera de nosotros, los ciudadanos de a pie, debería tener la posibilidad de mostrar no solamente su apoyo, sino de expresar sus inconformidades, sin temor a ser eliminado del mundo virtual. Aún estamos a tiempo. Esperemos sea posible.

[1] Disponible en https://www.excelsior.com.mx/hacker/si-eres-tuitero-funcionarios-tienen-prohibido-bloquearte-lo-sabias/1265787

[2] Disponible en https://www.redalyc.org/html/820/82030206/

[3] Disponible en https://www.yucatan.com.mx/internacional/trump-no-podra-bloquear-usuarios-en-twitter