Narrativas y violencias feminicidas
ARGENTINA CASANOVA
Documentar el feminicidio o tentativas de feminicidio es una tarea que activistas y defensoras feministas emprendieron desde hace varios años con dos propósitos: visibilizar los crímenes por razones de género contra mujeres y analizar las narrativas periodísticas con discursos que naturalizan la violencia, y que contribuyen a confundir a la opinión pública, validando versiones de homicidios cuando sí hay circunstancias del tipo penal de feminicidio.
A pesar de que existen las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, especialmente en las entidades donde hay solicitudes de Alerta de Violencia de Género, no hay estados donde sea visible o medible el resultado de los supuestos cursos de capacitación dirigido a periodistas para deconstruir las narrativas periodísticas.
No es fácil, es cierto, no basta con dar cursos de “lenguaje incluyente”, pero por un lado hay evidencia de que se han invertido importantes recursos, aunque no siempre son impartidos por perfiles que reúnan, por un lado la experiencia en el feminicidio y, por otro en las coberturas periodísticas y desde enfoques feministas. Pero aún si se mira de manera positiva y optimista, hace falta conocer los indicadores de impacto y de cambio en quienes han participado en esos procesos de formación.
En la mayoría de los informes de las AVG, los indicadores construidos por los grupos de trabajo son apenas “aproximaciones” a la problemática, como la generación de observatorios sin proponer metodologías o metas de transformación y cambio en las coberturas periodísticas o la búsqueda de una deconstrucción de las narrativas hegemónicas.
La mayor dificultad la representa la evaluación de esos procesos de formación y sus resultados, pero ese no es el tema que nos ocupa básicamente, sino la persistencia a los 5 problemas identificados en las coberturas periodísticas de los feminicidios que se suman a las posturas institucionales que insisten en llamar “homicidios” a crímenes contra identidades femeninas en las que claramente –de no existir resistencia al tipo penal- se califican como casos de feminicidio por sus características con razones de género.
De esta forma esas posturas institucionales de las Fiscalías que evitan calificar como feminicidio y llaman homicidio, se convierten en el mayor obstáculo en la investigación y posterior sanción del delito para alcanzar la máxima de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia con la “erradicación”, a través de la aplicación de penas más altas que visibilicen la violencia de género.
A 4 años de la tipificación en varias entidades, y 5 en otras, es inaudito y sólo puede entenderse por la violencia estructural e institucional contra las mujeres, que sean las propias Fiscalías que a través de sus áreas de Comunicación Social y con la “fuente”, se difunda que algunas mujeres cuyas ex parejas las asesinan o lo intentan, sean calificados como “homicidio en grado de tentativa”, borrando de tajo todo el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
Ya no digamos del Protocolo Latinoamericano publicado por ONU Mujeres y por todos los Protocolos de investigación de feminicidio.
Esa postura institucional es el mayor obstáculo que influye en la opinión pública en forma negativa y contraria al reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y a los mandatos derivados de las Recomendaciones Generales de la CEDAW, el Mecanismo de Seguimiento a Belém do Pará y por supuesto a la Sentencia de Mariana Lima, en la que se establecen claramente estándares y criterios para la investigación de los asesinatos de las mujeres.
Ahí están las notas rodando por todo el país en los que son las Fiscalías las que “filtran” que se “no se trató de un feminicidio sólo la mató su ex por infidelidad”, y más preocupante es que las coberturas periodísticas dentro del Sistema Penal Acusatorio sigan con los mismos vicios del sistema anterior y criminalicen a las víctimas y obstaculicen el acceso a la justicia para las víctimas.
El principal obstáculo y trabajo a favor de los agresores y feminicidas no lo hacen los abogados de la defensa, sino las coberturas periodísticas que afirman que no son feminicidios sino crímenes pasionales, y con ello generan un ánimo en la opinión pública contrario a los derechos de la víctima que tiene en contra a todo el sistema y que es silenciada sin que se respeten sus derechos.
No es cosa pequeña una equivocada cobertura. Es, además de irresponsable, una pieza clave para entender por qué si hay 7 mujeres asesinadas diariamente por razones de género, hasta ahora son mínimos los casos de sentencias contra feminicidas por todo el país. Simplemente porque la reticencia al tipo penal encuentra alianzas patriarcales que dejan sin justicia a las víctimas y los medios de comunicación y sus coberturas son parte de esas alianzas.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
