Narco y elecciones
JUAN GÓMEZ
El inicio del proceso electoral federal para renovar a los 500 diputados que integran la cámara de diputados federal, y la vinculación del alcalde de Iguala José Luis Abarca a la delincuencia organizada que salpicó a toda la clase política por su responsabilidad de permitir –por omisión o convicción– la postulación de este tipo de personajes a un puesto de elección popular, pone en la mesa del debate el tema del financiamiento de las campañas políticas.
El tema ha sido debatido en los medios de comunicación en donde se ha ventilado la presunta vinculación de algunos legisladores que lograron llegar al congreso de su estado o al federal, gracias al apoyo financiero de la delincuencia organizada, pero este tipo de asuntos no han sido atendidos con plenitud en el ámbito jurisdiccional, que es en donde debería interponerse para deslindar responsabilidades.
Diversos medios de comunicación han dado a conocer episodios de la clase política mexicana sobre una eventual vinculación con grupos de narcotraficantes, que estarían interesados en cooptar a un sector para obtener dos aspectos que son fundamentales para su operación: la protección de la autoridad gubernamental y el control de las fuerzas de seguridad.
A más de un mes de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Iguala, cuyo alcalde y esposa continúan prófugos, sigue causando estragos en la clase política mexicana, puesto que tanto el gobierno federal como el estatal de Guerrero, jamás hicieron nada para investigarlo, someterlo y castigarlo, pese a las advertencias que se hicieron.
Todos callaron ante el cúmulo de arbitrariedades, asesinatos, desaparecidos y enriquecimiento de un personaje que actuó con toda la impunidad.
Las fotografías en las que aparece el edil prófugo con distintos líderes de partidos opositores y funcionarios gubernamentales, se ha prestado al cotilleo y a la sorna en las redes sociales, pero constituye también una muestra de la descomposición del sistema y de la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia del país.
Ningún partido político, ni los tres niveles de gobierno salen bien librados en este episodio que sigue vigente en el ámbito nacional y en el global, en donde la imagen del país y de su gobierno ha sufrido un serio deterioro, que tendrá repercusiones en las inversiones, turismo, y sobre todo en la credibilidad gubernamental.
El analista y estudioso del crimen organizado y uno de los más sólidos académicos, Edgardo Buscaglia, observa que en México la infiltración del crimen organizado está en la médula del Poder Legislativo, pero el Estado Mexicano actuará hasta que los diputados entren en pánico y sientan que sus vidas y las de sus familias corren peligro.
“MÉXICO, D.F. (Proceso).- Al Poder Legislativo ya lo infiltró el crimen organizado, como lo estuvo Italia y Colombia en las décadas de los ochenta y noventa. En esos países, 68% de los congresistas fueron procesados por vínculos con grupos criminales, y todo indica que en México ocurrirá algo parecido, aunque aquí se actuará hasta que “todos los legisladores sientan el temor de que pueden ser los próximos asesinados… hasta que sientan el terror que sentían sus homólogos italianos y colombianos”.
Así resume Edgardo Buscaglia la vida política mexicana después del asesinato del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y de las apariciones de los legisladores Ricardo Astudillo (PVEM) y Ricardo Villarreal (PAN) junto a presuntos operadores financieros del narcotráfico. (http://www.proceso.com.mx/?p=
El 15 de julio de 2008 el entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, hizo fuertes declaraciones al prestigiado diario Financial Times, en el que revela una eventual del narco en la política mexicana:
“No se puede descartar la posibilidad de que dinero del narcotráfico esté involucrado en las campañas de algunos legisladores, aseguró el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, luego de reconocer que los cárteles de la droga han cooptado ya a muchos integrantes de las policías regionales, del Poder Judicial y de gobiernos con el objeto de crear estructuras locales para proteger el negocio multimillonario del tráfico de estupefacientes, “y el Congreso no está exento”. (http://www.jornada.unam.mx/
De acuerdo con una nota publicada en el diario británico Financial Times, el funcionario federal declaró a un reducido grupo de corresponsales que los narcotraficantes se han convertido en la principal amenaza para el país, porque tratan de hacerse del poder del Estado mexicano.(ttp://www.jornada.
¿Qué hará el gobierno mexicano para evitar que el dinero de la delincuencia organizada sea uno de los protagonistas en el próximo proceso electoral?
El financiamiento a los partidos políticos con recursos públicos fue el instrumento más importante del gobierno para evitar que dinero ilegal pudiera cambiar las preferencias electorales a favor de un candidato o partido político, pero tal parece que no ha funcionado, a causa de la enorme corrupción “no controlada” (como lo planteó Eduardo Buscaglia en su pasada visita a Zacatecas) que ha penetrado en distintas esferas de la vida pública e institucional.
Hasta el momento las denuncias solo han encontrado oídos sordos en los poderes públicos, e incluso, se ha llegado al extremo de introducir “encajuelado” a un candidato vinculado al narco en el estado de Michoacán para que rindiera protesta en San Lázaro.
En aquella acción en la que participó el entonces diputado federal José Narro Céspedes, se logró que Julio César Godoy Toscano rindiera protesta en el año 2009, pero el 14 de diciembre de 2010 fue desaforado al imputársele lavado de dinero, delincuencia organizada y narcotráfico. Por cierto, sigue prófugo de la justicia.
El próximo año cuando se realice el proceso electoral para la renovación del congreso federal, nuevamente el fantasma del financiamiento de la delincuencia organizada en los comicios será un tema que estará en boga.
El gobierno mexicano está obligado también a ciudadanizar los organismos autónomos electorales, depurar a los funcionarios, políticos, jueces, gobernantes y legisladores vinculados al narco, así como a empresarios, si es que verdaderamente pretende sanear y fortalecer a las instituciones.
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