Mujeres presas y sus hijos padecen hacinamiento en Oaxaca
Oaxaca, México.- María “S” recuesta a su hijo de
un año de edad en una de las frías planchas de concreto de su celda en el penal
central de Santa María Ixcotel, en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca.
un año de edad en una de las frías planchas de concreto de su celda en el penal
central de Santa María Ixcotel, en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca.
Apenas envuelto con una pequeña cobija, el menor
de edad llora, tal vez de hambre o de tristeza. María “S” lo arrulla un poco y
finalmente se acuesta en el suelo, mientras la observan sus otras nueve
compañeras que comparten el espacio de poco más de 20 metros cuadrados.
Procesada por el delito de narcomenudeo, María
“S”, de 19 años de edad e indígena zapoteca, es tan sólo una de las 234 mujeres
presas en los 14 reclusorios que hay en el estado de Oaxaca. Hacinada y
abandonada por sus familiares, ella es un botón de muestra de la situación de
maltrato que padecen las mujeres en el sistema penitenciario de la
entidad.
“El hilo más delgado”
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública
estatal (SSP), el número de mujeres presas en las cárceles de Oaxaca representa
el 6 por ciento del total de la población penitenciaria en el estado. Entre las
234 reclusas están las que se encuentran bajo proceso y las sentenciadas tanto
del fuero común como del federal.
Todas ellas están repartidas en las áreas
femeniles de los 14 penales estatales, toda vez que no existe una cárcel de
mujeres en toda la entidad. La mayoría de ellas son pobres y se encuentran en
los reclusorios de Ixcotel, Pochutla y Tehuantepec.
Casi todas tienen hijos e hijas menores de cinco
años a su cargo, que cuidan y mantienen sin ayuda de nadie, ni siquiera de las
autoridades penitenciarias que no les otorgan ningún alimento en específico
para las y los niños. Algunas fueron detenidas por narcomenudeo, otras por
homicidio.
Hay 29 mujeres indígenas, en su mayoría zapotecas
de la Sierra Sur, pero también hay mixes, mixtecas, triquis… La mayoría
delinquió por necesidad económica, porque se declararon culpables o porque
quedaron entrampadas en el laberinto jurídico.
Ante la pobreza no hay muchas opciones: quedarse
sin comer o el narcotráfico, y se arriesgan “burreras” o “camelleras”. Ellas
son el hilo más delgado, son las más vulnerables de la cadena de impunidad,
advierte la doctora en sociología Concepción Núñez Miranda.
La autora del libro “Narcotráfico, pobreza,
justicia y derechos humanos: mujeres indígenas presas por delitos contra la
salud” considera que mientras en México no resuelva el problema de la pobreza
extrema, seguirán la migración hacia el norte de México o a Estados Unidos o el
reclutamiento de más personas al narcotráfico.
“Habría que revisar el supuesto combate al
narcotráfico en México que no ha dado resultados, y en cambio destinar recursos
que podrían emplearse en servicios de salud, educación y en la generación de
empleos, y resolver así el problema estructural de la pobreza que lleva a la
cárcel a muchas mujeres injustamente”, sostiene.
Para Núñez, quien en 2006 obtuvo mención
honorífica por su obra en el concurso de tesis Sor Juana Inés de la Cruz,
convocado por Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las indígenas
oaxaqueñas “están solas, sus parejas migraron y están olvidadas por sus
familiares cercanos debido al gasto que implica desplazarse a los centros
urbanos y someterse a la revisiones indignas para ingresar al penal”.
La especialista señala que deben protegerse los
derechos de las mujeres presas desde una perspectiva de género. “Cuando
hablamos de perspectiva de género en relación a la cárcel, estamos diciendo que
justamente el impacto es diferencial (respecto a los hombres) y por eso la
atención no puede realizarse desde una visión meramente cuantitativa”, explica.
Vulnerabilidad
De total de internas, el 72 por ciento corresponde
a mujeres procesadas, es decir, que aún no han sido sentenciadas, explica en
entrevista el subsecretario estatal de Prevención y Reinserción Social,
Emmanuel Castillo Ruiz.
Detalla que debido a la sobrepoblación en los
penales, las procesadas comparten celdas con las sentenciadas, tanto del fuero
común como del federal.
El funcionario precisa que las presas que tienen a
sus hijos en el penal deben ceder la custodia a algún familiar o tutor cuando
los menores de edad cumplen cinco años.
Castillo Ruiz informa que hay siete mujeres
embarazadas que en el trabajo de parto serán ingresadas al Hospital Civil de
los Servicios de Salud.
Reconoce que la estancia de niños y niñas en las cárceles
implica que también padezcan las limitaciones diarias por el hacinamiento
penitenciario.
Comenta que la SSP estatal gasta 8.60 pesos para
la alimentación de cada uno de los hombres y mujeres privados de su libertad
por delitos comunes, y 50 pesos para los del orden federal, explica el
subsecretario.
Por
Patricia Briseño
Patricia Briseño
CIMAC
