Minera bajo presión
JUAN GÓMEZ
La mina más importante en producción de Oro en México y en América Latina se mantiene bajo el bloqueo de un grupo de transportistas desde hace más de una semana, sin que hasta el momento puedan llegar a una solución.
El 01 de junio un grupo de transportistas pertenecientes a la empresa Cava bloquearon el acceso a la minera, en demanda de respeto a un convenio signado con Peñasquito para el acarreo de materiales.
La empresa canadiense a través de sus ejecutivos argumenta que entabló pláticas comerciales con los inconformes, para tratar de llegar a un acuerdo, debido a que se requieren camiones de otra medida, Triple 7, por el proyecto y las características de la extracción de materiales, pero que los transportistas carecen de ese tipo de vehículos de acarreo.
De acuerdo a versiones de la empresa se les hizo la propuesta de apoyo para la compra de los vehículos de carga que se traducía en los siguiente: por cada 25 vehículos propiedad de los transportistas se les daría uno Triple 7 y además, se les proporcionaría una cantidad extra de financiamiento.
Sin embargo el grupo de transportistas demandaron que la empresa les entregara los vehículos sin nada a cambio y la cantidad de financiamiento, lo que rompió las negociaciones y estalló el conflicto.
La actitud de los transportistas ha sido calificada por Michael Harvey, director corporativo y de seguridad para México y América Latina de Gold Corp Peñasquito, como una extorsión.
El endurecimiento de la parte empresarial se reflejó en la demanda penal en contra de los transportistas ante la Fiscalía de Justicia del estado de Zacatecas, y la restitución del Estado de Derecho en la zona para continuar trabajando con normalidad.
Los transportistas están agrupados en la empresa Cava y representan aproximadamente 120 familias, pero la empresa argumenta que el 70 por ciento de sus integrantes viven en el estado de Coahuila y el resto son del municipio de Mazapil.
En el comunicado de la empresa 06/18 se informa los siguiente: La seguridad y el estado de los camiones es otro indicador a tomar en cuenta, pues los vehículos propiedad de estos transportistas no cumplen con los estándares de seguridad requeridos por la empresa lo que ha ocasionado incidentes potencialmente fatales. De hecho fue uno de los camiones de Cava el que provocó en 2016 el trágico accidente en la cabecera municipal, en el que resultaron heridos 150 peregrinos de los cuales 26 perdieron la vida. Sin embargo, ellos exigen a la empresa mantenerlos en operación.
Habría que recordar que el pasado 05 de octubre de 2016 la Cámara Minera de México (Camimex) manifestó su apoyo a través de un desplegado a Peñasquito, por el bloqueo que en aquella ocasión realizaron los transportistas el 26 de septiembre.
En el desplegado publicado en El Universal, la Camimex pedía el apoyo de los tres niveles de gobierno para la solución del problema y manifestaba su rechazo a “grupos que generan y abanderan supuestos conflictos que ponen en riesgo el empleo y la salud de los trabajadores; dañan la reputación de la industria minera, ahuyentan las inversiones, afectan el patrimonio de quienes dependen de esta actividad y causan pérdidas económicas a la Federación, a Zacatecas y a Mazapil, el municipio donde se localiza la mina, así como a los proveedores de la empresa y a la propia minera”.
El gobierno zacatecano a través de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres, ha mediado en el conflicto a mediante la instalación de mesas de diálogo entre ambas partes, pero ya transcurrió más de una semana y no se ha llegado a ningún acuerdo en la solución del problema.
No es la primera vez que la empresa Peñasquito Gold Corp está inmersa en un problema y es bloqueada, pero lo más preocupante es que probablemente no será la última, debido a que muchos oportunistas aprovechan un escenario de conflicto o inconformidad comunal para sacar provecho económico.
Desde políticos, legisladores que utilizan el tráfico de influencia o agrupaciones como el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, se montan en las demandas de algunos ejidatarios para sacar ganancia económica.
El conflicto en la minera canadiense asentada en Zacatecas desde hace varios años cumplió este domingo 10 días y empiezan a registrarse algunas pérdidas en su producción, pero eso no parece inquietar a los responsables de la política interna en el estado.
Empero no hay que olvidar que sin bien es cierto no se debe usar la fuerza pública en un conflicto empresarial, o girar órdenes de aprehensión en contra de ejidatarios que bloquean los accesos de una empresa como es el caso de Peñasquito ¿cómo garantizar el Estado de Derecho y el orden para que exista confianza en la inversión privada y condiciones de estabilidad laboral?
Los responsables de la política interna también deben tomar en cuenta que el gobernador Alejandro Tello Cristerna preside la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y que además, el 13 de mayo pasado se reunió con los representantes del Grupo Bal que congrega a las empresas Peñoles y Fresnillo PLC, a quienes informó que “como coordinador de dicha comisión, dará prioridad a los acuerdos relacionados con la política fiscal minera del país, la certeza jurídica de las comunidades, sus habitantes y las empresas, la seguridad pública, la generación de empleos y el cuidado del medio ambiente”.
¿Cuándo se cumplirá con estos compromisos?
Al tiempo
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