Miguel Alonso y la deuda con Pedro Aspe
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
El refinanciamiento de la deuda de los gobiernos estatales fue el negocio cúspide de Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, una vez que fundara, en 1996, Protego Asesores, empresa de “asesoría financiera”.
Dos años después de concluido el sexenio del polémico ex presidente Salinas, los servicios de Aspe Armella comenzaban a tomar forma en la atmósfera que, supuestamente, habría dejado atrás: la administración pública y sus jugosos recursos.
El caso del ex secretario de Hacienda que fundó un imperio financiero aprovechando el conocimiento y las relaciones adquiridas como funcionario, ejemplifica nítidamente la premisa de la “puerta giratoria”, la cual explica el hecho de que un alto cargo público pasa, al concluir su encomienda, al directorio administrativo de una empresa privada, obteniendo con ello beneficio de su anterior ocupación pública, y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada.
Un momento clave en el desarrollo y afianzamiento del capital de Aspe Armella surge hace casi dos décadas, cuando la firma de Pedro Aspe inaugura, en 2001, la Dirección de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, entonces encabezada por el economista del ITAM, Luis Videgaray Caso.
El objetivo, de acuerdo a la filosofía de Protego, era apoyar a los participantes en el mercado de las deudas estatales y municipales, para que pudieran desarrollar y ejecutar estrategias y “transacciones específicas”, tendiendo de esta manera un puente entre los oferentes y los demandantes de recursos financieros del mercado.
En términos simples, Protego ofrecía mecanismos administrativos y financieros para que los gobiernos pudieran acceder a préstamos (deuda) a largo plazo. Así sucedió, por ejemplo, con la administración que encabezó Arturo Montiel Rojas en el Estado de México.
Entre 2001 y 2002 el Estado de México incrementó sus pasivos en un 40 por ciento, pasando de 22 mil 410 millones de pesos de deuda estatal en 1999, a 31 mil 200 millones en 2002. De acuerdo a Protego: “el Estado de México presenta[ba] una compleja situación financiera derivada de sus altos niveles de endeudamiento, combinados con una creciente demanda por los servicios públicos.” Además, la entidad “[tenía] la más baja calificación entre los estados de la república.”
Gracias a su “Asesoría Financiera Estratégica a Estados y Municipios”, Luis Videgaray encontró un camino para que Arturo Montiel accediera a nuevos préstamos sin comprometer las participaciones federales, usando en cambio ingresos locales: emitir deuda teniendo como garantía el Impuesto local Sobre Nómina.
De esta manera Protego logró que el Estado de México colocara un programa de “certificados bursátiles” por dos mil millones de pesos, en la Bolsa Mexicana de Valores, esto entre diciembre de 2002 y marzo de 2003. Dato adicional: dos años después, en 2005, Videgaray despachaba en la Secretaría de Finanzas del gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto, gracias a las gestiones de Arturo Montiel.
Un diseño semejante para adquirir créditos financieros para gobiernos con baja calificación crediticia (que eran vendidos como deuda), fue puesto en práctica en Puebla, donde el gobierno comprometió los ingresos por el cobro del Impuesto Sobre Nómina, pero durante los siguientes 50 años.
El dinero recaudado por Rafael Moreno Valle sería administrado por un fideicomiso –no fiscalizable por la Auditoría Superior de la Federación– en manos la empresa Evercore, una vez que Protego fuera absorbido por Evercore Partners, especializada en “asesoramiento de banca de inversión”, del subsecretario del Tesoro durante el gobierno de Bill Clinton, Roger Altman. Una transacción que le significó al menos 7 millones de dólares a Pedro Aspe.
Protego entonces ya contaba entre sus clientes a los gobiernos de Veracruz (también en 2002), Tabasco (en 2003), Distrito Federal (en 2007, con un contrato que vencía en 2010 a razón de 100 mil pesos mensuales y el cobro de una “comisión de éxito”), así como Coahuila, Durango, Michoacán, Sonora, Tabasco, Jalisco, Yucatán y Tamaulipas. Sus costos de asesoría diagnóstica oscilaban entre los 30 y los 100 millones de pesos.
A cada uno de ellos se le ingenió un servicio financiero distinto, sin embargo, todos los mecanismos apuntaban al mismo objetivo: redistribuir (incrementar) las deudas estatales, tal y como sucedió con el gobierno de Zacatecas, pues de acuerdo a la información del diario La Jornada, en septiembre de 2011 Protego estuvo “buscando un contrato para asesorar al gobierno de Zacatecas en la reestructura de sus pasivos, que [ascendían] a mil 783 millones de pesos”.
Debido al comportamiento financiero que tomaron las finanzas zacatecanas en el gobierno de Miguel Alejandro Alonso Reyes, se puede inferir que la asesoría de Protego influyó en el ensanchamiento de la deuda estatal casi 7 veces más.
Y digo inferir porque la información en manos de Pedro Aspe que debió de transparentarse, ya que incluía el uso de recursos públicos, siempre fue clasificada por Protego como de “carácter confidencial”. Tanto así que el pasado 8 de marzo, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, procedió a declarar “inexistente” la información pública que La Jornada apuntó entonces era un hecho corroborable.
#Casualidades: “Estoy haciendo una campaña basada en valores. Soy católico y debemos promover los valores como base para una realidad más tranquila y pacífica.” Así es como se describe Víctor Carlos Armas Zagoya en la publicación G&E del diario Imagen de Zacatecas, correspondiente al mes de mayo de 2018.
Un par de semanas atrás, también publicó en su perfil personal de Facebook fotos donde, ataviado en su camisa blanca con el isologo de su campaña, muy fervoroso recibe los oficios religiosos, casualmente, como ese fiel católico que asegura ser… pero con evidente interés proselitista.
Le importa un pito al “Doctor en Derecho” que las normas electorales le prohíban valerse de símbolos religiosos para hacer campaña. No obstante, existen diversos antecedentes en otros estados de la república donde la autoridad electoral sancionó candidaturas que no diferenciaron lo político/público de la práctica religiosa, que es un derecho individual.
Twitter: @GabrielConV
