México, tierra de desapariciones
DAVID MONREAL ÁVILA
Si bien todo acto delictivo es repulsivo, los crímenes de Estados lo son mucho más. Éstos son los cometidos por servidores públicos y en muchos casos específicamente por miembros de las fuerzas armadas, quienes tienen la obligación de cuidar y proteger la vida y seguridad de la población.
Desde 2006, durante el sexenio de Calderón, comenzó una absurda “guerra contra el crimen organizado” que, a 12 años de distancia, sabemos a ciencia cierta que afectó sistemáticamente los derechos humanos de miles de mexicanos.
El ejército en las calles, una política antidrogas basada en la prohibición y el tráfico constante de armas norteamericanas (a veces con ayuda institucional), fueron el escenario idóneo para desatar la peor crisis de inseguridad del que nuestro país tenga memoria en los últimos años.
Una investigación de Homero Campa, señala que esta tendencia continuó durante el regreso del PRI al gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto.
“Nunca como en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto han desaparecido más mexicanos en el país: 13 cada día. Uno cada hora con 52 minutos. Y 40% de ellos son jóvenes de entre 15 y 29 años”
Esta situación, aunque se ha agudizado, tiene muchas décadas azorando a la ciudadanía. Basta recordar el emblemático caso de Rosendo Radilla Pacheco, que el pasado 25 de agosto cumplió 44 años de haber sido desaparecido por soldados en un retén militar, cuando se dirigía a Chilpancingo acompañado por su hijo de 11 años. Este caso se distingue de los muchos otros que han ocurrido porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano como responsable de su desaparición.
Su militancia política marca el móvil que llevó al Estado mexicano a desaparecerlo, pues era simpatizante de los movimiento sociales que por aquella época ocurrían en Guerrero y que fueron aplastados por lo que se conoce como la “guerra sucia”, donde una vez más el ejército asesinó, torturó, violó y desapareció a un número incontable de compatriotas.
Y qué decir de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que el próximo mes cumplirán 4 años de haber desaparecido. Luego de que las investigaciones (opacas y obstruidas por el mismo gobierno), determinaran que fueron asesinados y calcinados, los familiares han denunciado una enorme cantidad de irregularidades en el proceso, así como organismos internacionales y expertos de otras nacionalidades.
Vergonzoso fue escuchar a Salvador Cienfuegos, titular de la secretaría de la defensa, decir que no permitiría que “sus” soldados fueran interrogados.
Hoy que conmemoramos el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, estamos obligados a la reflexión sobre el papel que deberá jugar el nuevo gobierno en este tema, pues cualquier política pública en la materia deberá nacer y desarrollarse de la mano de los familiares de las víctimas, quienes hacen esfuerzos sobrehumanos por encontrar a sus seres queridos, sufriendo un dolor que no podemos imaginar.
