Máxima Tribuna. El Fiscal en el Congreso de Zacatecas
MIGUEL OVALLE
Una de las tareas elementales del Poder Legislativo es la fiscalización. En los hombros de las y los diputados recae la responsabilidad de observar a detalle la forma en que se usa el dinero público y esto se lleva a cabo mediante el análisis de las denominadas cuentas públicas. Pero, además, cada año acuden ante esta soberanía los titulares de diversos poderes y organismos a entregar un informe de actividades. Así lo hacen desde entes como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y el Tribunal de Justicia Administrativa hasta el titular del Poder Ejecutivo.
En ese tenor, el pasado 23 de marzo, José Francisco Murillo Ruiseco, fiscal General de Justicia, acudió también a rendir su informe de actividades ante el Pleno de la asamblea.
La vorágine de violencia que vive la entidad resaltaba la necesidad de que las y los zacatecanos escucharan, en voz del fiscal, lo que se está haciendo en materia de procuración de justicia en una época enmarcada por un sinfín de hechos sin precedentes.
Murillo Ruiseco destacó logros institucionales como el haber atendido a más de 32 mil personas a través de los módulos de atención temprana. También dijo que se realizaron 134 juicios orales, se obtuvieron 297 sentencias condenatorias y se sentenció a 328 personas por diversos delitos.
Llamó la atención que el fiscal pidió la colaboración de las y los diputados para incrementar la punibilidad para castigar la violencia familiar ya que, del total de las detenciones, 740 fueron por ese delito y por ello lo calificó como el problema número uno de los delitos del fuero común. Con este llamado, el fiscal dejó entrever que se pretende prevenir un mayor número de feminicidios.
Al respecto, es preciso recordar que Zacatecas cuenta con una Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar en el estado. La ley fue publicada el 19 de febrero de 2003 y en este cuerpo normativo se establecían como objetivos el propiciar una cultura de la no violencia en la familia, en un marco de respeto, dignidad e igualdad entre los miembros; eliminar las causas y patrones culturales que generan, refuerzan y perpetúan la violencia familiar; salvaguardar los derechos y la integridad de las víctimas, y el tratamiento integral o la sanción, según proceda, de los autores de la violencia familiar. Lo plasmado en la ley parece idóneo, pero falta, en un trabajo conjunto de sociedad y gobierno, llevar a la realidad ese texto porque, a 18 de la creación de esta ley, algo está fallando.
En el Código Penal se define la violencia familiar como el uso del poder, de la fuerza física o moral, así como la omisión grave, en contra de un miembro de la familia por otro integrante de esta, con la intención de someterla a su dominio o de dañar su integridad física, psíquica o sexual, independientemente de que pueda o no causar lesiones, o de que resulte cualquier otro delito.
Se establece que a quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá una sanción de seis meses a seis años de prisión.
Existe el debate sobre si incrementar penas realmente reduce la comisión de delitos, y es posible que per se no se logre ese objetivo, pero desde el Poder Legislativo se puede llevar a la realidad esta pretensión de la mano con la aplicación real de la ley para garantizar que no haya impunidad.
Para detallar con mayor precisión se puede ejemplificar recordando que recientemente se modificó el Código Penal para incrementar las penas en contra de quien cometa el delito de violación y para cancelar toda posibilidad de que el imputado pueda salir bajo fianza. Haber hecho esta reforma fue un acierto de la Legislatura, pero ahora ese precepto debe cumplirse y no quedar en letra muerta.
El planteamiento del fiscal fue bien recibido por las y los diputados que seguramente llevarán a buen puerto esta propuesta que se enmarcó en una comparecencia que no fue sólo un acto protocolario, ya que cada grupo parlamentario y el diputado Javier Calzada en lo individual, pudieron fijar un posicionamiento.
El diputado Calzada destacó el incremento en los índices delictivos; la diputada Aida Ruiz hizo eco de las exigencias ciudadanas para una justicia expedita; Emma Lisset López pidió que se redoblen los esfuerzos y Gabriela Pinedo hizo hincapié en la urgencia de acabar con la impunidad.
El diputado Juan Mendoza reiteró la necesidad de mejorar la coordinación con las fuerzas federales de seguridad y el legislador Luis Magallanes recalcó que desde la Legislatura hay voluntad de colaboración, pero también se vigilará el actuar de la Fiscalía.
La diputada Perla Martínez recordó que hay muchos pendientes en cuanto a feminicidios, homicidios, extorsiones y secuestros; y Roxana Muñoz destacó que existen alternativas para mejorar la procuración de justicia.
Estos actos republicanos de rendición de cuentas sin duda abonan a incrementar la calidad de nuestra democracia.
