Más indicios sobre la masacre de antorchistas en Oaxaca
AQUILES CÓRDOVA MORÁN
Como relaté en mi artículo anterior, el miércoles 8 de agosto, en el paraje conocido como Rancho Señor, entre Santa Catarina Yucundú y Tezoatlán de Segura y Luna, fueron masacradas seis personas que viajaban en un taxi hacia la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en la Mixteca Baja oaxaqueña. Se trató de un hombre adulto (el dueño y chofer del taxi), cuatro mujeres, entre ellas una jovencita de 17 años, y un niño de diez. Los cinco (es decir, con excepción del chofer) pertenecían al Movimiento Antorchista de esa zona. Milagrosamente logró salvar la vida un joven de 19 años, también antorchista, que es la fuente de la poca información más o menos segura de que disponemos.
Ahora bien, exceptuando al chofer, resulta que el crimen atroz fue perpetrado contra cuatro mujeres y un niño de diez años, ninguno de los cuales, por razones de sexo y edad y por su militancia en una organización pacífica muy conocida en la región, portaba medio de defensa alguno, ni puede ser sospechoso de participar en delitos propios del crimen organizado. Es decir, su brutal asesinato no puede atribuirse a esta causa, que se ha convertido en el socorrido expediente de muchas autoridades que no quieren molestarse en hacer la investigación y castigar a los culpables. Respecto al sobreviviente, varón de 19 años, no hacen falta especulaciones, pues el estado de gravedad en que fue recogido en el lugar de los hechos y las declaraciones que ha podido rendir posteriormente, hablan por sí solas de su indefensión y de su carácter de hombre de bien. Así que, en el colmo de la cobardía y la bestialización, alguien organizó y armó con rifles de asalto a un comando de tres desalmados sicarios para matar a mujeres y niños pacíficos e indefensos, seguros de que no podían esperar ninguna reacción defensiva de sus víctimas.
Consideración aparte merece el chofer del taxi. La información que hemos recogido hablando con gente que lo conocía bien, nos asegura que se trataba de una persona de trayectoria no muy limpia que, habiendo sido elegido autoridad municipal de su comunidad, abusó del cargo de varias maneras, la más patente de las cuales fue el mal uso del presupuesto que manejó. Por este delito, fue procesado y condenado al embargo de sus bienes para resarcir el daño. De esto, se nos aclara, hace ya varios años; y sus mismos vecinos aseguran que aprendió bien la lección. Desde entonces abandonó la política y se dedicó a buscar un modo honesto de ganarse la vida, el último de los cuales fue agenciarse un carrito usado para transportar gente desde y hacia sus comunidades. En consonancia con esto, afirman, su actual modo de vida y su conducta social en general no representaban ya una molestia ni un peligro para nadie, y, por tanto, no pudieron ser el motivo de su asesinato. Y menos al ir en compañía de pasajeros indefensos.
Como también dije en mi artículo anterior, el testimonio del sobreviviente, que asegura que los primeros disparos fueron dirigidos al chofer y que fue la reacción de éste -echándose en reversa para escapar- lo que provocó la balacera cerrada sobre el automóvil, fue aprovechado de inmediato por el fiscal general de Oaxaca para asegurar que el crimen no tiene ninguna relación con el conflicto agrario entre Santo Domingo Yosoñama y Mixtepec, del que también informé resumidamente hace una semana. Que, por tanto, el objetivo no eran los antorchistas sino el chofer, con quien querían saldar cuentas pendientes por otros conflictos, y que la muerte brutal de nuestros compañeros se debe, simplemente, a que se encontraban en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Esta absolución apresurada y sin pruebas del fiscal, dicen los familiares y amigos de las víctimas, busca librar anticipadamente de toda responsabilidad a la mafia violenta que domina en Mixtepec. Se trata de la misma historia de marras, dicen, que se repite casi en forma idéntica cada vez que se comete un crimen en su contra por esa camarilla violenta, y ya la esperaban.
Los antorchistas de Yosoñama, por su parte, piensan que tal vez haya algo de cierto en la afirmación de que el crimen no está directamente ligado con el problema agrario, que mal que bien pareció haber encontrado una salida en los últimos meses (aunque no se ha materializado completamente) y no está en punto de ebullición como en otros momentos. Es posible, dicen, que detrás de la masacre esté otro tipo de problemas más graves, problemas que corren como un rumor persistente y muy extendido en toda la mixteca y que tendrían que ver con robo de autos, trasiego de droga y otros anexos y similares. El trabajo organizativo y educativo de Antorcha piensan los compañeros, e incluso su simple presencia en la zona, significa un estorbo para los grupos delincuenciales, y la saña excesiva y gratuita empleada contra las víctimas, que literalmente las despedazó a balazos dejándolas irreconocibles, hablaría de que se trata de sembrar en la gente un terror irracional que las decida a abandonar las filas de nuestro movimiento y la lucha por sus legítimos intereses.
Por nuestra parte, hemos comentado el caso con amigos nuestros que tienen cierta experiencia profesional en el combate al crimen. Su opinión ha sido precisa: es absurdo pensar que el objetivo era matar solo al chofer; de haber sido así, para los atacantes era juego de niños detener el carro, bajar al conductor y ajusticiarlo en tierra directamente, sin tocar a los pasajeros. Y aun aceptando que el movimiento de reversa del taxi les hubiese hecho temer que escapara, los tiros debieron seguir siendo dirigidos y no al azar, al bulto. Esto tal vez hubiera cobrado más de una víctima, pero no la totalidad de los pasajeros, como sucedió. Cualquiera entiende que la forma en que actuaron solo tiene una explicación lógica: se trataba de no dejar sobrevivientes. El objetivo era matar a todos y no solo al conductor. Es la opinión de gente que sabe de lo que habla.
Sumado a esto, hemos recibido testimonios espontáneos de gente que vive en la zona y que suele transitar por esos parajes. Los informadores aseguran haber pasado por el lugar del crimen una o dos horas antes, y que les sorprendió ver allí una patrulla policial estacionada a un lado de la carretera y una camioneta blanca (plateada, precisan algunos) igualmente estacionada en el lugar. En torno a los carros vieron a un grupo de hombres, algunos uniformados y otros vestidos de civil, estos últimos visiblemente armados con “cuernos de chivo”, y todos en actitud de examinar la topografía del lugar. ¿Es pura coincidencia?
Por último, la relación de la gente de Mixtepec con los gobiernos de Oaxaca es de larga data y del dominio público. Una prueba innegable de ello es que quien era presidente municipal de Mixtepec en el momento del secuestro de los antorchistas, también mencionado por mí en mi artículo anterior, Leonel Martínez Sánchez, fue posteriormente jefe del Departamento de Vivienda de Sedatu a nivel estatal, luego Coordinador de la “Cruzada contra el hambre” de SEDESOL en el distrito 03 de Huajuapan de León, Oaxaca, y hoy mismo ostenta el cargo de Coordinador de Directores de gobierno en el Ayuntamiento de Huajuapan de León. También es algo bien sabido que Mixtepec ha sido y es cantera de policías judiciales, estatales, e incluso de miembros del ejército, y que en el actual Gobierno hay gente oriunda de ese municipio colocada en altos cargos de responsabilidad.
Todo esto, repito, son hechos documentados fehacientemente y, por tanto, irrefutables, es decir, hechos que nadie puede negar. Pero nosotros somos los primeros en reconocer sin reservas que tales hechos no prueban nada por sí mismos, y mucho menos responsabilidad alguna en el espeluznante asesinato múltiple de antorchistas. Sin embargo, sí debieran obligar al fiscal general del estado a irse con más cuidado al formular sus juicios exculpatorios a priori, y sobre todo, deberían forzarlo a acelerar las investigaciones del caso para dar con los verdaderos responsables y castigarlos. Solo así y solo entonces sus palabras tendrán el peso de la verdad y de la verdadera justicia, y de paso, atajaría sospechas y especulaciones que pudieran empañar la reputación del Gobierno al que sirve.
