María Elena, un emblemático caso de cómo son las cosas en Oaxaca

SOLEDAD JARQUÍN EDGAR

Lo que pasa en Oaxaca no se queda en Oaxaca. Así se ha hecho saber al gobierno de Oaxaca y a organismos que se dicen “autónomos” como la Fiscalía General de Justicia, las mujeres organizadas de esta entidad donde el termómetro de la violencia contra las mujeres ha rebasado todo:

“2019 no ha terminado y ya hemos superado en un 10 % los 117 asesinatos violentos de niñas y mujeres registrados en 2017 y en un 5 % los 123 de 2018. Son 130 vidas apagadas por la violencia machista, pero también por la omisión institucional que desde el 30 de agosto de 2018 que se decretó la Alerta de Género en Oaxaca ha solapado 164 muertes violentas de mujeres”, publica hace unos días el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, GESMujer.

Las cifras que son graves y preocupantes tienen un sólo origen: la impunidad o falta de respuesta oportuna y real frente a estos crímenes de odio que se perpetran contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y el ejemplo más reciente, que no único, sino el que mayor notoriedad ha mostrado en los últimos 15 días, es la falta de acción en la atención médica y en la procuración de justicia para la artista María Teresa Ríos Ortiz, agredida con ácido en Huajuapan de León, en septiembre pasado.

Incluso, hoy se dio a conocer que la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, solicitó a la nueva Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que declare como víctima de delito y violaciones graves a sus derechos humanos, a la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz.

Hay en esta historia lamentable una evidente suma de omisiones, cuyas consecuencias son gravísimas para María Elena Ríos, pero también para el resto de las mujeres. Así el gobierno del Estado respondió tres meses después de la agresión en cuanto a la atención médica adecuada o especializada que requería la sobreviviente de este ataque artero. Que no es lo mismo en el caso de la procuración de justicia, nada extraño de verdad. El expediente, dicen fuentes allegadas a la víctima y feministas que conocieron de éste, está simplemente vacío, quiere decir que de la investigación nada, pese a que existe una persona señalada plenamente por la propia María Elena Ríos Ortiz.

¿Por qué actuaron tres meses después? La respuesta es simple. Primero fue la familia la que denunció públicamente las omisiones del gobierno. A ello se sumaron las organizaciones de mujeres y de feministas, después otros colectivos. Incluso hubo llamados de una diputada local de la Ciudad de México exigiendo atención al caso y apenas hace unos días se sumaron diputadas federales en una conferencia de prensa. Fue hasta entonces que las autoridades respondieron y, en algún tramo de todo, lo hicieron mal, con mentiras, por decir lo mínimo.

No se puede entender la forma en que se busca deslindar la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, donde se asegura que “desde el primer momento se contactó a la familia de María Elena y se le ofreció el acompañamiento emocional, de tanatología, y representación jurídica gratuita, a través del Centro PAIMEF-SMO; sin embargo la familia decidió seguir otra ruta, ante lo cual la SMO se mantuvo respetuosa pero dando puntual seguimiento”.

Habla en ese texto de “condonación” de los gastos médicos. Señala que hubo tres traslados en ambulancia para el ingreso a un hospital en la ciudad de Oaxaca, pero hoy sabemos también que fue CONAVIM y Consorcio Oaxaca quienes lograron, finalmente, su traslado a un hospital especializado fuera de esta entidad, lo que ocurrió hace unos días.

Tampoco extraña el hecho de que la familia de María Teresa haya desmentido los supuestos “apoyos”. Así como la negligencia con la que actuó el personal médico de Oaxaca, que incluso la dio de alta durante 20 días, tiempo en el que estuvo en su casa, y dos veces tuvo que ser trasladada en vehículo particular a sus revisiones en el hospital, lo que pudo ocasionar más daños a su salud.

Por otra parte, la Fiscalía General de Oaxaca no ha hecho su tarea. Desde la primera declaración de la joven, señaló con nombre y apellido al autor intelectual de los hechos, mismo que la ha amenazado aún ya hospitalizado, pero ni el agresor material ni el intelectual han sido detenidos. Incluso hay una fotografía del agresor material.

Es decir, es lo de siempre. Hay como dice la Fiscalía “trabajos de inteligencia, análisis e investigación de campo…”, pero nada en concreto que lleve a pensar que habrá justicia. Los antecedentes son elocuentes, el empresario y ex diputado priista Juan V. C., de manera reiterada hostigó y amenazó a la artista oaxaqueña y ahora utiliza sus propios medios y otros para hostigar y desvirtuar los dichos de la María Teresa, señalando que hay una campaña en su contra. Pues que no se crea tanto.

Lo cierto es que el caso de María Teresa Ríos Ortiz, quien tendrá un daño permanente tras este ataque, poco se ha hecho en Oaxaca y, reitero, no es de extrañar. A punto de cerrar el año 2019, la deuda con las mujeres por parte del gobernador Alejandro Murat es muy grande. Siguen sin operar algunas dependencias, entre ellas la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y, claro, la diputación tiene que hacer algo en relación con la Fiscalía General de Oaxaca, ya que en aras de la “autonomía” hay quienes piensan que no los mueve ni el viento. Lo malo es que se siguen protegiendo intereses, pero no los de las mujeres, sino de empresarios y de políticos.