Maltrato físico, principal causa de atención en la Procuraduría de la Defensa del Menor
* Sin avances el convenio para pruebas de ADN; cada una cuesta entre cinco mil y 10 mil pesos
WENDY DINORA HUERTA
Zacatecas, Zac.- Lorena Lamas Arroyo, titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del DIF Estatal, expresó que el maltrato y la violencia físicos son las principales causas por las que los niños son atendidos en la dependencia a su cargo, a las que siguen el abandono de padres y familiares y en última instancia, el abuso sexual.
Indicó que todos los casos son graves y por lo tanto conllevan una denuncia penal, la cual es un requisito para que los niños sean atendidos por la Procuraduría.
Agregó que en este momento no se atiende ningún caso por abuso sexual a menores aunque es frecuente que situaciones de violencia sexual o tentativa de abuso se atiendan por parte de esta instancia.
Asimismo, Lamas Arroyo informó que se brinda atención y asesoría legal en casos de abandono e incumplimiento en el pago de pensiones por parte de los padres de los menores y aunque no mencionó la cifra de expedientes que actualmente se llevan, aseguró que se apoya a las madres que requieren realizar algún trámite para obtener la pensión alimenticia.
En ese sentido dijo que, al iniciarse un procedimiento, muchos padres depositan la pensión de manera voluntaria, sin embargo prevalecen los casos en que se debe presentar una demanda ante un juez de lo familiar para que dicte una sentencia y sean obligados a entregar el recurso que les corresponde para la alimentación de sus hijos.
En cuanto a la propuesta de firmar con convenio con la Procuraduría General del Estado para aplicar pruebas de ADN que permitan comprobar la paternidad, Lamas Arroyo dijo que no se tienen avances y hasta ahora el apoyo que brinda la dependencia que encabeza Arturo Nahle García es exclusivo para los niños que están en casas asistenciales, a quienes se les realizan los exámenes con la intención de localizar a algún familiar.
Agregó que el argumento de la Procuraduría de Justicia es que las pruebas de ADN tienen prioridad en los casos que constituyen un delito. Y es que según refirió la funcionaria, cada examen tiene un costo de entre cinco mil y 10 mil pesos, aunque si se consigue un precio menor para el reactivo, la cifra rondaría entre cinco mil y seis mil pesos.
Por tal motivo mencionó que se ha solicitado a la LXI Legislatura un aumento de recursos para la Procuraduría en el próximo presupuesto estatal, ya que ello daría más posibilidades de solventar las pruebas de ADN en los menores y que estos puedan reunirse con su familia. Hasta la fecha se ha hablado con varios diputados y hay confianza en que se incremente el presupuesto para el DIF estatal, de donde depende la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, puntualizó.
LNY/Comunicado
