Luege Tamargo lanza injurias y acusaciones mendaces a falta de mejores recursos para su campaña electorera

AQUILES CÓRDOVA MORÁN

Van cuatro artículos al hilo en que José Luis Luege Tamargo, ex director de CONAGUA en el gobierno de Felipe Calderón, se lanza en contra del Movimiento Antorchista Nacional al que injuria y calumnia sin pruebas y sin recato, tal como hacen siempre los que se saben impunes. Obligado por el último de dichos artículos en que vuelve a repetir su acusación de “un fraude descomunal” maquinado por SEGOB para «regalar» (ignoramos el por qué de las comillas) 200 hectáreas a los líderes de Antorcha Campesina, me ocuparé, muy a mi pesar, sobre todo del primero de dichos libelos, porque en él se contiene casi todo el meollo del discurso incriminatorio de Luege.

Dice textualmente Luege: “Ahora nos enteramos que, sin motivo ni justificación alguna, la SEGOB promueve un convenio para «donar» (¿) 200 hectáreas de la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT) al municipio de Chimalhuacán para la construcción de un parque industrial”. Hago notar, de paso, que Luege afirma, primero, que la “donación” no tiene motivo ni justificación alguna, y palabras adelante dice que es “para la construcción de un parque industrial”; es decir, que la “donación” sí tiene un motivo, aunque éste no le guste a Luege o dude de su autenticidad, que ese es otro problema. Párrafos adelante reitera: “…las 200 hectáreas que se pretenden «donar» a Chimalhuacán están exactamente en los terrenos donde se proyectan estas lagunas de regulación.” Más adelante aclararé de qué lagunas se trata; aquí solo me interesa destacar que, en ambas fórmulas acusatorias, Luege dice textualmente que la donación, cierta o falsa, es al municipio de Chimalhuacán y no a Antorcha Campesina o a sus líderes. Y sin embargo, dando un salto lógico que pone en duda la salud mental de este señor, dice casi a renglón seguido: “La noticia de esta «donación» se dio en medios nacionales con el argumento de que el proyecto sería de beneficio para la economía del Municipio, cuando en realidad se trata de una maniobra del Gobierno del Estado de México, con la SEGOB y líderes de Antorcha Campesina.” ¿Así nomás? ¿Y de dónde saca Luege esa información y la “realidad” de la misma que asegura? ¿Tiene acaso dotes de adivino o de vidente? Y si es así, ¿por qué no se dedica a explotar dichas dotes mejor que a calumniar a sus conciudadanos?

Pero las contradicciones y los absurdos no terminan ahí, pues renglones más abajo Luege nos regala otra perla: “Es evidente que la operación anunciada no se trata (sic) de una donación ni al Municipio ni a la organización de Antorcha Campesina, sino de un negocio muy jugoso.” ¿En qué quedamos, por fin? ¿Es o no es una «donación», sea quien fuere el beneficiario de la misma? ¿Quién es aquí el verdadero sospechoso, el acusador o los acusados? Disparates aparte, es obvio que Luege acusa a los “líderes de Antorcha Campesina” de estar a punto de recibir, de manera gratuita e ilegal, 200 hectáreas de terrenos nacionales para llevar a cabo, nosotros o un tercero oculto detrás de nosotros, un “jugoso negocio” con la reventa de esas hectáreas a precio de oro. Y es esto parte sustancial de lo que quiero aclarar. Desde el año 2007, siendo Presidente Municipal de Chimalhuacán el Ing. Marco Antonio Lázaro Cano y Gobernador del Estado de México el Lic. Peña Nieto, los pobladores del municipio, naturalmente encabezados por sus representantes legales, iniciaron la gestión para obtener la cesión de 800 hectáreas de los llamados Tlateles, tierras salitrosas y áridas que estaban en posesión de los comuneros chimalhuacanos, con el propósito de crear un gran desarrollo industrial que diera empleo y mejores salarios a los miles de pobres y desocupados del Municipio. El Gobierno estatal respondió que no podía comprometer una respuesta precisa sin antes efectuar estudios rigurosos sobre el impacto económico, social y ambiental del proyecto. Y pidió tiempo para ello. Pasaron así casi cinco años durante los cuales la gente, lejos de desanimarse y renunciar a su demanda, intensificó la lucha por la misma, a pesar de lo cual el Gobierno no cedió. No fue sino hasta que el proyecto del nuevo aeropuerto (NAICM) estuvo afinado y listo para su ejecución, que sus promotores vieron el problema social que representaban los comuneros, que no solo alegaban legítima posesión sino también propiedad de una buena parte de los terrenos del nuevo aeropuerto; y fue entonces y por eso que recurrieron al ayuntamiento de Chimalhuacán como la única instancia capaz de convencer a los comuneros para que aceptaran una indemnización por las tierras, a cambio de dar luz verde al proyecto industrial que tenían congelado.

 Pero ni siquiera entonces las cosas fluyeron satisfactoriamente: pre proyectos y proyectos definitivos que no lo eran, fueron y vinieron hasta que, al fin, de las 800 hectáreas originalmente solicitadas, se aprobaron las modestas 200 que escandalizan a Luege Tamargo. El CERAO (siglas del proyecto mencionado) no es, pues, fruto de la “promoción” de SEGOB sino de la lucha del pueblo chimalhuacano, que incluye a antorchistas y no antorchistas. Ítem más: Las 200 hectáreas aprobadas están divididas en tres partes: 30 serán entregadas al municipio para una unidad deportiva, 20 al Gobierno estatal para erigir una universidad tecnológica, y las 150 restantes serán entregadas a una empresa paramunicipal mayoritaria, creada ad hoc de acuerdo con la legislación aplicable al caso. Por definición, pues, como reza el título, la mayoría de las acciones (60% en este caso) quedarán en poder del municipio, y el resto se repartirá entre tres pequeñas empresas a cambio de su compromiso de colaborar para el éxito del proyecto, cuyo cumplimiento estará estrictamente controlado y supervisado. Por tanto, ¿dónde entran aquí los líderes de Antorcha Campesina? ¿Cómo harán para adueñarse de un proyecto perfectamente blindado por las autoridades y por la legislación vigente, como acusa falsamente Luege? Es verdad que los terrenos industriales deberán rentarse o enajenarse, pero esto es así por necesidad y no por negocio. Así ocurre en todo el país y en el mundo; de lo contrario nadie querrá invertir en Chimalhuacán. Si Luege conoce un camino mejor, que lo diga y que deje de andar calumniando y obstaculizando el desarrollo social de los chimalhuacanos.

Luege recuerda que cuando el presidente Peña Nieto presentó el proyecto del nuevo aeropuerto, ofreció construir “una serie de lagunas de regulación que, además de proteger las instalaciones del aeropuerto, garantizarán la seguridad de miles de familias del oriente de la ciudad”. Sobre esta base, afirma que “las 200 hectáreas que se pretenden donar a Chimalhuacán están exactamente en los terrenos donde se proyectan estás lagunas de regulación” y, a reglón seguido, pregunta: “Entonces, ¿se van a construir las lagunas? ¿El proyecto del NAICM que presentó el presidente Peña se llevará a cabo? ¿Se dejará sin protección contra inundaciones a todo el oriente del Valle de México?” Y más abajo afirma tajante: “Ahora resulta que ni parque ecológico, ni lagunas de regulación, ni zona de protección ni nada. El gobierno federal, violando toda la normatividad, pretende “obsequiarlo” a esos líderes corruptos que obligan a sus socios a encuerarse en la vía pública”. Es una absurda mentira que las 200 hectáreas del CERAO se ubiquen “exactamente” donde irían las lagunas de regulación; y más torpe aún es asegurar que, por culpa del CERAO no habrá “ni parque ecológico, ni lagunas de regulación, ni zona de protección ni nada”. Cualquiera que se tome la molestia de echarle un vistazo al proyecto hidráulico del NAICM, verá fácilmente que las lagunas proyectadas y el CERAO no se interfieren en absoluto, y que de siete lagunas que hay en la actualidad, incluido el Lago Nabor Carrillo, con  13 millones de metros cúbicos de agua en total, se proyecta pasar a  nueve lagunas con 38.2 millones de metros cúbicos, es decir, 25.2 millones más que lo que se tiene en la actualidad. El proyecto precisa, además, que el Lago Nabor Carrillo mantendrá su función anterior con un tirante ecológico permanente, a diferencia de lo que sostiene Luege al respecto. Y una última enorme mentira es atribuir todos estos cambios al CERAO y no, como es lo cierto, a las necesidades del NAICM.

¿Cómo entender los absurdos infundios de Luege? Solo se me ocurre una explicación plausible: estamos ya, de hecho, en tiempos electorales, y el grupo político de Luege aspira a ganar el Estado de México para asegurar la Presidencia del país. Y en el Estado de México, el voto antorchista será decisivo sin lugar a dudas, pésele a quien le pese. De ahí que parece lógico que algunos grupos vean necesario y urgente deslavar nuestra imagen y sembrar en los electores odio y rechazo a nuestro movimiento. De esa manera esperan tal vez debilitar al candidato de nuestra preferencia, o, mejor quizá, lograr que nadie vea redituable aliarse con un grupo de corruptos chantajistas que le acarreará más desprestigio que votos. Luege acusa a SEGOB, falsamente como hemos visto, de estar convertida en depredadora de los bienes de la nación y de violar toda la normatividad vigente para favorecer a los líderes de Antorcha. Si las instancias federales no se defienden de tales canalladas teniendo todo para hacerlo, cabe preguntarse: ¿están de acuerdo con Luege para debilitar y aislar a los antorchistas? ¿Cómo y entre quiénes se están tejiendo las alianzas para los duros combates que se avecinan? La respuesta se la dejamos al chapulín colorado.