Lucha por vivienda digna y defensa de Rincón Guadalupano, actos de justicia social
OSVALDO ÁVILA TIZCAREÑO
Entre las demandas que el Movimiento Antorchista enarbola, se encuentra el de la dignificación de la vivienda de sus agremiados, debido a que la mayoría de la población no puede por sí sola -por más que se esfuerce- lograr la construcción de una casa digna, propia, que evite el hacinamiento y los problemas derivados de ello.
Obligados por las circunstancias, los trabajadores deben acudir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), donde con “pagos chiquitos”, los obreros pueden hacerse de patrimonio, en el caso de los campesinos, el problema es diferente, pues no tienen acceso a estos créditos, por lo que tienen que conformarse a vivir en construcciones con materiales provisionales como adobe, en viviendas humildes, con piso de tierra, paredes y techos inseguros, por lo tanto, tampoco es lo mejor para las familias del campo.
El derecho a la vivienda está plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dice: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo”, aquí es donde se invoca la intervención del gobierno y al que los antorchistas también acudimos a solicitar la aplicación de programas sociales con los que se busca paliar los problemas de escases de vivienda o su mejoramiento.
La organización ha emprendido la demanda ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y acordó recursos que también llegaron a la delegación local y que ascienden a 19 millones de pesos en el año 2017, considerados recursos extraordinarios debido a que han sido etiquetados para atender la demanda de vivienda enarbolada por la organización, con el respaldo de sus diputados.
Para garantizar la aplicación de los recursos mencionados y evitar que se destinen al subejercicio, nos manifestamos a las afueras de Sedatu, para exigir a Rolando Garza Martínez, delegado federal, autorice la aplicación del total de dinero que logramos para la aplicación del programa que beneficiará a mil 900 familias de Zacatecas; cumplimos los requisitos, sin embargo, a más de medio año, estos apoyos siguen urgiendo en la ciudad y el campo ante la imposibilidad de los solicitantes de resolver de manera independiente.
El otro caso que sirve para ejemplificar la lucha por dignificar la vivienda y condiciones de vida de los zacatecanos es el respaldo a las 274 familias del fraccionamiento Rincón Guadalupano, quienes desde hace más de 12 años sufren el fraude empresarial de la empresa ORMIGON S.A de C.V., por haber construido en un área no apta para este fin, donde también tiene responsabilidad el INFONAVIT y su actual delegada, Gabriela Rojo Medina, quien debe buscar una opción sería que devuelva tanto la seguridad en la integridad física, así como la garantía sobre el patrimonio.
El martes primero de agosto, hubo un nuevo derrumbe, una demostración más de que estamos ante un problema agudo y de ninguna manera una exageración, el respaldo del antorchismo se manifestó una vez más al acompañar a los vecinos a la delegación del Infonavit con el fin de exigir la participación seria y resolver el problema donde hay omisión o complicidad de la autoridad pues permitió la construcción y venta de estas viviendas con vicios ocultos y daños estructurales.
El desinterés e incapacidad de Rojo Medina se resumió en dos frases: “de forma individual se debe usar la garantía” y una interrogante que me causó desaliento, asombro y cierto coraje: “yo mismo les he dicho, ¿Cómo pueden vivir aquí?»
Yo le respondo a ese cuestionamiento, aunque no soy poblador del fraccionamiento, ¡pues porque no tienen otra opción! así de simple y sin mayor explicación y detalle, a pesar que el nuevo derrumbe evidenció la peligrosidad del suelo donde se construyeron las llamadas “Casas Mazapán”, otra vez solo menosprecio y desdén como respuesta.
Ante la errada respuesta se exigirá la intervención del Gobierno del Estado, además, como diputado, me pronunciaré en tribuna contra la omisión de las autoridades pues son decenas de familias quienes corren peligro, por tal razón debe buscarse la reubicación de los afectados a zona segura y debe proponerse una salida para condonar los créditos avalados por Infonavit que han dañado económica y moralmente a la población.
Otra de las cosas que deben lograrse aprovechando el tema de Rincón Guadalupano es que se apruebe una legislación que obligue a los empresarios de la construcción a vender casas bien hechas, con materiales de buena calidad y en lugares seguros pues no debe privar el interés económico sobre la seguridad y la vida de la gente humilde; las autoridades deben poner mucha atención, pues no deben avalar casas que signifiquen peligro.
Sabemos que se tocan intereses económicos y políticos en este caso, pero nuestra tarea es la defensa de los pobres de México y aquí hay evidentes abusos y complicidades; no abandonaremos a nuestros hermanos guadalupenses y seguiremos buscando por todos los medios una solución definitiva al problema ampliamente descrito.
Estoy convencido de que la lucha por vivienda en Zacatecas es una causa justa y por demás necesaria, la historia de Antorcha es de lucha, nada nos han regalado, todo lo que hemos conseguido es producto de la perseverancia, de la decisión y de la firmeza por pelear lo que por derecho nos corresponde y no será distinto en esta ocasión. Seguiremos en la lucha por la aplicación de los recursos que logramos en Sedatu y en defensa de la gente de Rincón Guadalupano. ■
* Dirigente antorchista en Zacatecas
