Los servidores públicos y su papel en el proceso electoral 2015
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Como cada inicio de año, los buenos propósitos están en todas partes, las redes sociales se saturan, mensajes de texto, abrazos, felicitaciones y saludos, entre unos y otros y al final del día después de la resaca de buenos propósitos, los días comienzan a transcurrir y tenemos que doblegar esfuerzos para sobresalir y desempeñar nuestras tareas con alto grado de responsabilidad.
Los prósperos deseos no pueden dejarse solo en frases, hay que exteriorizarlos para aportar a nuestro País, Estado, Municipio y Comunidad y lograr ese verdadero desarrollo sustentable del cual todos los ciudadanos estamos ansiosos y cada quien podemos poner un granito de arena desde nuestras trincheras y por ende mejorar nuestra calidad de vida.
En este año hay varias cosas por hacer, pero sin olvidar que es un año electoral, en el ámbito federal se eligen a los nuevos representantes de la Cámara de Diputados, se renovaran gubernaturas en nueve estados, 903 presidentes municipales y 639 diputados locales.
Debido al inicio de las campañas electorales en todas las entidades del país, es necesario que los programas gubernamentales y sobre todo los programas sociales estén ajenos a los comicios, evitar que sean utilizados como “moneda de cambio” por votos para cualquier institución partidista, y mucho menos que se condicione su otorgamiento en beneficio de cualquier candidato.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada electoral, toda propaganda gubernamental debe ser suspendida en medios de comunicación social.
No se trata de que los gobiernos dejen de trabajar, sino de que ese trabajo no sea difundido con fines electoreros.
Como servidores públicos se deben de abstener de utilizar recursos públicos para mostrar la preferencia política, recordando que se deben a la sociedad en conjunto.
El Instituto Nacional Electoral declaro abierto el proceso electoral federal desde el mes de octubre del año pasado.
Tenemos la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014
En uno de sus apartados nos habla de la Fiscalización y sus competencias, sobre la revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus recursos y de actos para el apoyo ciudadano según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto.
También fue publicada la Ley General en Materia de Delitos Electorales, detalla las reglas generales de los delitos en materia electoral respecto a los servidores públicos, en su Artículo 5 establece que los servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.
En el artículo 11 estable claramente que ningún servidor público debe de obligar o amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición, no podrá condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.
Asimismo, no podrán destinar, utilizar o permitir la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.
Ningún titular debe de solicitar a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.
Además de ello, existen diversos materiales que se han editado con el propósito de ayudar a los servidores públicos sobre las actividades que pueden y no realizar en el transcurso de las campañas, con el fin de evitar sanciones e incluso, que dichas actividades sean motivo de impugnaciones en las elecciones de cualquier nivel de gobierno y desde luego, es muy importante su difusión para que se conozca por todas las y los servidores públicos en sus tres órdenes de gobierno.
En este sentido, la Fiscalía Especializada para la atención de los Delitos Electorales cuenta con un material llamado “El ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones”, donde se muestra de manera concisa la importancia de no distraer la función pública en tiempos de campañas, además presenta una serie de casos útiles en los cuales cualquier servidor público puede sentirse identificado y reflexionar su accionar si se le presentara alguna situación similar.
Los servidores públicos se deben de conducir con legalidad, honradez y siendo eficaces y eficientes en todo momento y con imparcialidad en el marco de una elección. Se puede participar en los horarios establecidos fuera de su jornada laboral.
Al permitir que los programas de gobierno sean mal utilizados o condicionada su entrega a favor de candidaturas políticas, estamos perjudicando a la población y además, perjudicamos la democracia y la transparencia de la que tanto se habla y se pregona.
Como funcionarios de cualquier nivel de Gobierno se debe de seguir trabajando en pro de la sociedad y evitar que el trabajo sea causa de inequidad o imparcialidad en el proceso electoral, no solamente para evitar responsabilidades como infractores de la Ley, sino como posibles impugnaciones en el resultado de las elecciones, y lo más importante, se debe ser el ejemplo de aplicar la normatividad en estos procesos, pero también, tenemos al INE y a la Fepade, como organismos que son vistos más confiables por los ciudadanos que las instancias locales para interponer cualquier denuncia por ser presionados como servidores públicos para actuar a favor de cualquier candidato o si hay conocimiento de apoyo de programas sociales a favor de un candidato.
Feliz Año Nuevo y a cooperar con la transparencia y la democracia.
