Los Servidores Públicos y su papel en el proceso electoral

NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS *

Debido al inicio de las campañas electorales, entre las que está en juego la misma Presidencia del país es necesario que los programas gubernamentales y sobre todo los programas sociales estén ajenos a los comicios, evitar que sean utilizados como “moneda de cambio” por votos para cualquier institución partidista, y mucho menos que se condicione su otorgamiento en beneficio de cualquier candidato.

Como servidores públicos el reto es más difícil, ya que debemos abstenernos de utilizar recursos públicos para mostrar nuestra preferencia política, recordando que nos debemos a la sociedad en conjunto.

No se trata sin embargo de coartar nuestra libertad de elección, pero sí de evitar que nuestras funciones se vean distorsionadas vulnerando las garantías de la población a los apoyos sociales.

Tampoco se trata de que el Gobierno deje de trabajar, sino de que ese trabajo no sea difundido con fines electoreros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 menciona que durante el tiempo que comprendan las campañas, y hasta la conclusión de la jornada electoral, toda propaganda gubernamental debe ser suspendida en medios de comunicación social; en este 2012, la llamada “veda electoral” comprende del 30 de marzo al 1 de julio del presente año.

Además de ello, diversas instancias han editado materiales que ayuden a los servidores públicos sobre las actividades que pueden y no realizar en el transcurso de las campañas, con el fin de evitar sanciones e incluso, que dichas actividades sean motivo de impugnaciones en las elecciones de cualquier nivel de gobierno y desde luego, es muy importante su difusión para que se conozca por todas las y los servidores públicos en sus tres órdenes de gobierno.

En este sentido la Fiscalía Especializada para la atención de los Delitos Electorales preparó un material llamado “El ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones”, donde se muestra de manera concisa la importancia de no distraer la función pública en tiempos de campañas, además presenta una serie de casos útiles en los cuales cualquier servidor público puede sentirse identificado y reflexionar su accionar si se le presentara alguna situación similar.

El ABC marca directrices para evitar que los recursos públicos materiales, financieros y humanos se desvíen a favor de partidos políticos. Además, que los programas sociales, precisamente los dedicados a la población más vulnerable, se utilicen con fin electoral.

Como servidores públicos debemos conducirnos con legalidad, con honradez y siendo eficaces y eficientes en todo momento, pero no debemos olvidar una premisa básica: conducirnos con imparcialidad en el marco de una elección, y más aún cuando se trata de una elección presidencial. Al permitir que los programas de gobierno sean mal utilizados o condicionada su entrega a favor de candidaturas políticas, estamos perjudicando a la población y además, perjudicamos la democracia y la transparencia.

Ahora bien, ¿hasta dónde puede llegar el actuar de un funcionario público en su papel de ciudadano?. Un servidor público goza de todos los derechos y obligaciones que tienen los demás ciudadanos y que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  por lo tanto es invulnerable su derecho a decidir la opción política que mejor le convenza.

Por ello la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal emitió una serie de recomendaciones en un documento llamado “Restricciones a servidores públicos ante el inicio de las campañas electorales” donde apunta las acciones que un servidor público puede llevar a cabo siempre y cuando lo haga en calidad de ciudadano, fuera de la jornada laboral y sin utilizar ningún recurso público.

Dicho documento ejemplifica claramente acciones que los funcionarios no podemos llevar a cabo, como sujetar la entrega de recursos, la prestación de servicios o la entrega de obras a votar o no hacerlo en un sentido determinado, o utilizar recursos públicos, cualesquiera que sean, para influir en el voto, incluyendo poner a disposición dichos recursos a disposición de cualquier candidato.

Además, hace hincapié en que los servidores públicos pueden ejercer su libertad de expresión, transmitiendo cualquier mensaje siempre y cuando lo hagan a título personal, y no en su carácter de funcionarios, abarcando el uso de redes sociales como Facebook y Twitter, Incluso podrán asistir a actos políticos haciéndolo fuera de la jornada laboral, a título personal y sin utilizar recursos públicos.

Como funcionarios de cualquier nivel de Gobierno nuestra responsabilidad es doble: seguir trabajando en pro de la sociedad y evitar que nuestro trabajo sea causa de inequidad o imparcialidad en el proceso electoral, no solamente para evitar responsabilidades como infractores de la ley, sino como posibles impugnaciones en el resultado de las elecciones, y lo más importante, debemos de ser el ejemplo de aplicar la normatividad aplicable en estos procesos.

Agradezco las aportaciones del Lic. Oscar Armando Gutiérrez Fonseca para la realización del presente Artículo.

* Titular de Órgano de Control de la Secretaria de la Función Pública adscrita al Instituto de Investigaciones Eléctricas.