Los despidos de la cuarta transformación
MARIA DEL SOCORRO CASTAÑEDA DÍAZ
Sinceramente me habría encantado iniciar el año tratando algún tema ligero, más amable, incluso más banal. El problema es que no se puede, y no porque me falten ganas, sino porque no es decente cerrar los ojos ante las circunstancias que se viven y que, aunque en apariencia no nos afectan a todos directamente, en poco tiempo podrían tener repercusiones. Pero, aunque así no fuera, un mínimo sentido de solidaridad debería motivar a la opinión pública para atender un tema tan sensible como los despidos de burócratas en la administración federal, y más recientemente en algunas renovadas administraciones municipales, sobre todo provenientes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Desde el inicio de la administración federal estamos recibiendo noticias que hacen referencia a los despidos masivos en algunas dependencias, y que se justifican con un plan de austeridad que en realidad nada tendría de negativo, si efectivamente reducir el aparato burocrático[1] fuera una medida tomada con base en un verdadero análisis serio y profundo.
En realidad todo parece indicar que la llegada del nuevo gobierno federal ha sido, más que el arribo de vientos de cambio y mejorías, el inicio de una ola de revanchas y de triunfalismos que se han ido reflejando poco a poco en acciones que podrían catalogarse como vergonzosas, porque “transformación” no debería considerarse sinónimo de “destrucción”, y porque nadie que llegue a un nuevo encargo en el servicio público puede pretender, ni siquiera insinuar, que todo lo que ya estaba es inservible, mucho menos que debe eliminarse a las primeras de cambio, obedeciendo a un arranque que viene más del hígado que del cerebro.
La nueva administración comenzó atacando directamente a la burocracia. Sin entrar en detalles que puedan despertar cualquier connotación negativa del concepto, hablaremos solamente de la definición dura y pura que la lengua española nos da: “Grupo social formado por los funcionarios o empleados públicos”[2]. Los burócratas, pues son los encargados directos del servicio público, y su desempeño profesional constituye una parte fundamental de la vida de nuestra sociedad.
Por desgracia, el sistema burocrático mexicano, como muchos otros en el mundo, con el paso del tiempo ha resultado ser terreno fértil para las prácticas de corrupción más vergonzosas. Negarlo sería tapar el sol con un dedo. Efectivamente, se dan en las administraciones de los tres niveles de gobierno casos burdos de nepotismo, existen también personas que puntualmente reciben un cheque y no se presentan a trabajar nunca, hay quienes en cambio están en las oficinas de gobierno, pero sencillamente no tienen una sola actividad productiva y obviamente, estas conductas demeritan el esfuerzo de otras personas que en cambio, se esmeran y realizan eficientemente su trabajo, aun el más humilde.
El asunto es que, para detectar quién realmente es un burócrata ejemplar y quién sencillamente está sentado frente a su escritorio cumpliendo a medias con un horario de trabajo y se dedica exclusivamente a cobrar un salario (jugoso o no), se requiere mucho más que apreciaciones superficiales. No basta con llegar “al poder” con la espada desenvainada y comenzar a cortar cabezas a diestra y siniestra nada más para demostrar que la cuarta transformación tiene la capacidad de montar una especie de juicio sumario y que quienes forman parte de ella tienen todo el derecho de destituir a quien se considere conveniente, sin hacer antes una evaluación objetiva para determinar con justas razones quién se queda y quién se va.
Porque, además, con todo respeto, es bien sabido que en este reacomodo quienes de una u otra manera han tenido ya sea astucia o buena suerte, o ambas características, se acomodaron en modo tal que están cobrando sus nada despreciables salarios en las plazas que sus amigos morenistas les otorgaron, tras quitar los puestos “de confianza” más jugosos a quienes los ocuparon durante la administración peñista.
No nos engañemos, por favor: la nueva administración federal llegó también a acomodar a sus amigos. No ha sido, sinceramente, un ejemplo maravilloso de selección de los nuevos burócratas a partir de sus muchos conocimientos, ni los méritos fundamentales para ocupar un puesto de confianza en la cuarta transformación son el talento, la capacidad y mucho menos la experiencia. Desde el 1 de diciembre, un gran número de quienes han llegado a sentarse en los escritorios de mandos medios y altos han sido los amigos de los amigos, y los acomodos que hasta ahora se han realizado, tienen que ver más con la suerte de conocer a alguien que con cumplir cabalmente con el perfil que el puesto requiere. Me consta. He escuchado más de un caso en el que el nuevo funcionario está trabajando en un área que no es precisamente adecuada a sus competencias, pero le da el sueldo “que merece” y es lo que quien lo recomienda le pudo conseguir.
Estamos viendo, por lo tanto, viejas prácticas coloreadas ahora con Pantone 1805. Nada de lo que no hayamos sido testigos antes y eso, sinceramente, deja mucho para pensar respecto a la cuarta transformación.
La diferencia es, quizá, que las formas en que la administración morenista está actuando rayan en el escándalo. Ahí están los despidos en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como ejemplos claros. El pasado 21 de diciembre Trabajadores del SAT en los estados de Guanajuato, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, dieron cuenta, sobre todo a través de redes sociales, no solamente de despidos masivos, sino, además, de presiones para dejar sus puestos de trabajo. Así, una nota del portal de noticias Animal Político señala que algunos empleados “acusaron que no los dejaron salir de las oficinas hasta que no firmaran su renuncia. Otros denunciaron que fueron obligados a renunciar y quienes accedían, lo hacían con la promesa de una posible recontratación”[3].
La respuesta del presidente López Obrador se dio tres días después, luego de que algunos de los trabajadores despedidos se manifestaran: “Se van a revisar algunos casos para no cometer injusticias, porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza, pero que lleva 15 o 20 años laborando y que además gana muy poco porque lo que estamos buscando es hacer el ajuste arriba de los altos funcionarios públicos, no los trabajadores de base, no los que ganan muy poco, esos casos se van a revisar”[4]. Sinceramente, hasta el momento no se ha dicho nada más al respecto, a pesar de la declaración del mandatario, justo en el caso del SAT, misma que debería tomarse como una promesa: “[…] que no sea a tabla rasa, tenemos que tomar una decisión para poner orden porque era mucho el abuso, en sueldos elevadísimos, en aviadores, en quienes cobraban dos o tres veces, nepotismo amiguísimo, corrupción”.
La pregunta que cabe hacer en este caso y en los sucesivos, porque ha pasado poco tiempo desde el 1 de diciembre, tiene que ver con el hecho de que entonces, a 20 días de iniciada la administración, era humanamente imposible definir quiénes realmente debían ser despedidos y quiénes en cambio estaban en el caso mencionado por el presidente. Porque a todas luces, se trata de decisiones precipitadas que afectan sin duda a muchas personas, quienes muy probablemente fueron despedidas sin deberla ni temerla, por el puro deseo de los recién llegados de demostrarle a todo México que ahora sí se van a hacer las cosas bien.
Y el SAT es un ejemplo solamente. Están también casos como el de los 200 trabajadores de la residencia oficial de Los Pinos[5], o los tres mil empleados del Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el número no precisado de despidos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y los 500 trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)[6].
Y así como el gobierno de AMLO está actuando como si hubiera desenvainado una espada infalible y justiciera, sus improvisados y acomodaticios seguidores están haciendo lo mismo. Un ejemplo claro es el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, un panista “de pura cepa” que de la noche a la mañana y gracias a haberse subido al tren de Morena, ahora tiene la posibilidad de gobernar nuevamente la capital del estado más poblado del país, ahora apoyado por otro partido.
Se trata indudablemente de un ejemplo representativo de lo que está ocurriendo en muchos lugares donde fueron renovadas las alcaldías, y donde al parecer, lo importante es erigirse como jueces y mostrar que dentro de su alto espíritu de servicio, dentro de su compromiso con la sociedad, los morenistas están obligados a arrasar con todo lo que estaba, sin mirar siquiera lo que significa para cada persona perder su empleo de la noche a la mañana, con la única justificación de no estar incluida en un proyecto que en teoría busca beneficiar a la ciudadanía.
Ya desde noviembre de 2018, el entonces alcalde electo había adelantado una especie de “purga” en la administración municipal toluqueña. Su intención era hacer desaparecer más de diez direcciones y con ello, dejar sin trabajo al menos a 200 personas. Incluso, según declaraciones de la presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, María de Lourdes Medina Ortega[7], los burócratas del municipio que se quedaran sin empleo estarían en condiciones de ser contratados por la iniciativa privada, siempre que sus perfiles fueran adecuados para cubrir las vacantes.
El asunto es que Sánchez Gómez llegó y cumplió, pero también se excedió. Fuentes del Ayuntamiento toluqueño señalan que, a pesar de que la idea era prescindir de los servicios del personal de confianza, desde el pasado dos de enero los flamantes nuevos funcionarios han pedido la renuncia a más de 200 servidores públicos operativos, algunos de ellos con más de una década de servicio.
Lo más lamentable es la forma grosera y vergonzosa en que las nuevas autoridades están actuando. Es francamente indignante la exigencia de que los empleados firmen las renuncias dirigiendo el documento al anterior alcalde, el priísta de infausta memoria Fernando Zamora Morales, situación que implica que la responsabilidad de los despidos no recaería en la nueva administración. Obviamente la gran mayoría de los trabajadores se ha negado a firmar, pero los nuevos amos y señores del Ayuntamiento los amenazaron con levantarles actas administrativas por distintos motivos, para justificar su baja.
Hay quien dice que los casos particulares no deberían tomarse como referencia, dada la subjetividad que representan. Sin embargo, es fundamental considerar que tomar en cuenta a las personas y mencionar su situación, no solamente es un acto de empatía o de justicia, sino que permite medir la gravedad de lo que está ocurriendo.
Así por ejemplo, está el caso de una secretaria, cabeza de familia, que trabaja en la administración municipal de Toluca desde marzo de 2010, con un ingreso mensual neto de 15 mil 042 pesos mensuales, con una plaza de “Profesional C” y que fue despedida sin decir “agua va” después de ocho años y diez meses de servir a la comunidad. Y aquí vale la pena mencionar que “Profesional C” no es una categoría de confianza, sino operativa, que debería ser respetada, considerando los parámetros que estableció el propio alcalde. En realidad, la categoría de confianza solamente corresponde a mandos medios y personal de la policía municipal.
Lo mismo ocurrió a otra secretaria, también cabeza de familia, quien prestaba sus servicios desde junio de 2013 y con la misma categoría (“Profesional C”) percibía 17 mil 487.70 pesos mensuales. Ni qué decir del caso de un trabajador (también “Profesional C”) que además de ser el único sostén de su familia, tiene un hijo enfermo que requiere tratamiento especial que ya no podrá recibir gracias a la decisión de quien, sin siquiera conocer su trabajo, con la mano en la cintura llegó a pedirle la renuncia así, sin más justificación.
En cuanto a los trabajadores de confianza, vale decir que a seis días de iniciada la administración municipal, han renunciado 150. Muchos de ellos tienen más de diez años al servicio del Ayuntamiento toluqueño, y habían sido ratificados en las administraciones panistas y priístas precedentes. Pero ahora se van porque Morena no perdona y decide así, sin más ni más.
Así, esto que ocurre en Toluca podría estar sucediendo en cualquier delegación de cualquier dependencia federal del país, o en cualquier ayuntamiento, y sinceramente, es el reflejo de que la cuarta transformación y sus triunfos colaterales, están dejando, a escasos días de haber comenzado, un ejército de desempleados que no tiene justificación.
El trabajo es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 123 de la misma señala que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”[8].
Lo que está ocurriendo en las nuevas administraciones morenistas es arbitrario porque no se ha hecho un análisis concienzudo del funcionamiento real de la administración pública y se están tomando decisiones a partir de inferencias que nada tienen que ver con una evaluación real del trabajo de quienes desde hace tiempo estaban prestando sus servicios sin importar la tendencia política de la administración que los contrató. Además, todo parece indicar que no se está tomando muy en cuenta lo que la misma Constitución señala, respecto a que “entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores […] la designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública”, eso, sin contar con que, en el caso de quienes no eran empleados de confianza y fueron despedidos, no se está tomando en cuenta que “los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley […]”
Nada, ni siquiera esa aparente moral a toda prueba, ni las intenciones de hacer una administración pública inmaculada, justifica lo que está ocurriendo. El asunto parece cada vez más grave y está tomando un rumbo que difícilmente esperábamos ni siquiera los más escépticos que cuestionamos seriamente desde el inicio la “cuarta transformación”. Es demasiado pronto para ver tantos errores. Lo más grave, sin duda, es ver, con impotencia, que está de por medio la estabilidad de miles de personas. Ojalá que los nuevos gobernantes hagan un espacio para la reflexión, y que dejen de hacernos pensar que son el ejemplo claro de aquel refrán que reza: “el que no tiene y llega a tener, loco de gusto se quiere volver”.
[1] Disponible en https://adnpolitico.com/mexico/2019/01/05/el-issste-sat-y-otras-dependencias-que-han-hecho-despidos
[2] Disponible en http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=burocracia
[3] Disponible en https://www.animalpolitico.com/2018/12/trabajadores-sat-despidos-recorte-personal/
[4] Disponible en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-se-revisaran-los-casos-de-despidos-de-trabajadores-del-sat
[5] Disponible en https://www.mexico.com/actualidad/reportan-el-despido-de-200-trabajadores-de-los-pinos/
[6] Disponible en https://adnpolitico.com/mexico/2019/01/05/el-issste-sat-y-otras-dependencias-que-han-hecho-despidos
[7] Disponible en https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/empleados-despedidos-del-ayuntamiento-de-toluca-tendrian-cabida-en-la-ip.-2652458.html
[8] Disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/123.pdf
