Los ciudadanos al poder
El pasado 27 de abril, con 94 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones, el Senado de la República aprobó la llamada “Reforma Política”, que modifica varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicha reforma tiene como antecedente más de 15 meses de negociación política, ya que su punto de partida radica en el decálogo de iniciativas enviadas por Felipe Calderón al Senado de la República en diciembre del 2009. Eso, sumado a las décadas de deliberación pública que México ha vivido.
Un debate sobre el diseño institucional de la República que, cabe recordar, se intensificó a partir de 1997, que fue el año en el que los ciudadanos mexicanos decidieron terminar la era del Partido de Estado e iniciar el proceso de transición política que el país todavía no ha logrado consolidar.
Las reformas más significativas, de las aprobadas en el Senado de la República, simbolizan luchas que, desde la sociedad civil y los sectores políticos de avanzada, han sido promovidas con decisión:
La creación e instrumentación de figuras como la Consulta Popular, la Iniciativa Ciudadana y las Candidaturas Independientes; todas ellas, históricas demandas de la sociedad civil, que al ser aprobadas significarían un cambio profundo al régimen político mexicano, poniendo en el centro del mismo a la persona, en plena concordancia con la agenda de los Derechos Humanos que nuestro país ha comprometido a través de los tratados internacionales signados.
También se cubren vacíos históricos del diseño constitucional, como el proceso para la sustitución del Ejecutivo Federal en caso de falta absoluta.
Asimismo, la Reforma tiene la virtud de fortalecer y modernizar, al mismo tiempo, las facultades del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, avanzando en la lógica de contrapesos que caracteriza a las democracias consolidadas.
Por una parte, al Ejecutivo se le otorgan facultades para hacer observaciones parciales o totales al Presupuesto y se le da la prerrogativa de la “Iniciativa Preferente”, para que el Senado y la Cámara de Diputados tengan la obligación de dictaminar dos proyectos de iniciativas que el propio Ejecutivo elija, en un periodo no mayor a 30 días.
Por la otra, al Legislativo se le otorga, a través del Senado, la facultad de ratificar a los titulares de los órganos reguladores, como las comisiones Federal de Telecomunicaciones, Federal de Competencia y Reguladora de Energía.
De la misma manera, la reforma incluya la reelección legislativa, hasta por dos periodos para el caso de los diputados federales, y por un periodo en el caso de los senadores. Esta modificación al diseño institucional de nuestra República, abonaría a la profesionalización y la especialización parlamentaria.
El llamado y la urgencia para aprobar la Reforma Política tiene su origen en una explicación básica: al modificar las reglas del juego del sistema político mexicano, incidiremos directamente en la capacidad de los actores políticos para lograr acuerdos de fondo sobre los grandes temas nacionales.
Y es que, el devaluado régimen presidencial de nuestro país, y la ausencia de mecanismos democráticos de construcción de mayorías, nos han llevado a un periodo de más de 13 años sin reformas de fondo, mientras que países con realidades similares a las nuestras, como Chile y Brasil, han logrado pactos políticos de gran calado que les han permitido ganar posiciones en términos de competitividad, desarrollo humano y abatimiento de la marginación.
Para lograr pactos de Estado y políticas públicas que trasciendan la coyuntura, es urgente modificar el arreglo institucional de este país.
Por eso, los diputados locales no podemos minimizar, como hemos afirmado con anterioridad, nuestra facultad legal para formar parte del Constituyente Permanente, y como ente que forma parte del proceso de reforma constitucional que se prevé en la propia Carta Magna, debemos sumarnos al reclamo ciudadano que sostiene que la aprobación de la Reforma Política no puede posponerse más.
Nos pronunciamos porque los tiempos electorales que se avecinan no condicionen una reforma que, junto a la ya aprobada por el Congreso de la Unión en materia de derechos humanos, completaría el círculo virtuoso de cambios políticos que habrán de poner en el centro de nuestro régimen al ciudadano.
La nuestra, no puede seguir siendo una era de ambigüedades y simulación. Aprobemos ya la Reforma Política; los ciudadanos al poder.
*Diputado local
