Ley de contabilidad gubernamental no frenará corruptelas: PRD
México, DF.- La Ley de Contabilidad Gubernamental aprobada recientemente en la Cámara de Senadores y que en breve llegará a la Cámara de Diputados, no frenará la institucionalización de las corruptelas y el desvío de recursos con fines distintos a los estipulados que se realizan desde hace mucho tiempo al amparo del poder en los diferentes niveles de gobierno de nuestro país, ya que los plazos establecidos para el cumplimiento de dicha norma y los castigos que recibirán quienes violen sus preceptos son excesivamente laxos.
Quien sea hallado culpable de desviar recursos de programas gubernamentales a, por ejemplo, las campañas políticas de algún candidato -como lo hizo el PRI durante las pasadas elecciones presidenciales-sólo recibirá entre dos y siete años de cárcel como pena corporal, lo que resulta un castigo menor dentro de un sistema de justicia como el mexicano, en el que torcer la ley por medios legales e ilegales se ha convertido en toda una tradición.
Peor aún, la multa de entre uno y mil 500 salarios mínimos (90 mil pesos como máximo) fijada para aquellos funcionarios públicos acostumbrados a traficar con los padrones de beneficiarios, que en época electoral son utilizados para condicionar la entrega de apoyos a cambio del sufragio en favor de determinado personaje, es una pena pírrica que los grandes mapaches del PRI y del PAN no tendrán empacho en pagar si a cambio de eso recibirán como premio gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones o incluso la Presidencia de la República.
También resulta preocupante el escalonamiento en las fechas fijadas que tendrán estados -31 de diciembre de 2013- y municipios -31 de diciembre de 2015- como plazo para comenzar a aplicar la normatividad que estipula dicha ley, pues ello querrá decir que por lo menos en los 14 estados en los que habrá elecciones locales el próximo año los gobernadores y presidentes municipales –sobre todo priistas- tendrán manga ancha para endeudarse e “invertir” los recursos de las arcas de sus estados en las campañas de sus candidatos.
Así lo hicieron sin ninguna repercusión de por medio el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira y el mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, durante las elecciones de 2010, con tácticas ilegales que llevaron al triunfo al actual gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, por lo que no dudamos que dicha estrategia se vuelva a repetir dada la falta de controles para evitar la defraudación del voto.
Los senadores de los partidos de la derecha aprovecharon que los ojos de los mexicanos estaban puestos en la reforma laboral que de manera paralela se discutía en la Cámara de Diputados para mayoritear una ley que desgraciadamente no abonará a abolir los niveles de opacidad que existen en entidades como el Estado de México, que sigue ocupando los primeros lugares en los índices de corrupción y falta de transparencia a nivel nacional.
