Legalidad e igualdad en la democracia
Hace 10 meses que la Cámara de Diputados viola la ley, hace 10 meses que el Consejo General del IFE espera que sean nombradas las tres personas que deben integrarse a él, hace 10 meses que la ciudadanía espera ver fortalecido el Instituto Federal Electoral ante las próximas elecciones de 2012.
Hace un año el Grupo Mujeres en Plural propuso la paridad como ejercicio democrático, pero hasta el día de hoy los señores de los partidos ni ven ni oyen.
El daño que han hecho a la legitimidad del proceso, al IFE y a la democracia es enorme, un daño que tarde o temprano se les revertirá, sobre todo, cuando apelen a la legalidad del proceso electoral que ellos mismos han violentado.
En un proceso simulado de democracia y transparencia el año pasado vimos desfilar personas que creyeron podrían ser parte del Consejo General del IFE, después de que la Cámara de Diputados diera a conocer las reglas del proceso para la elección, sin embargo por no convenir a los intereses partidarios, la misma Cámara violó esas reglas y dejó en la ilegalidad al Consejo General del IFE, aún cuando con ello se lastimara la democracia y la legalidad.
De este proceso quedaron nombradas 17 personas que en octubre pasado quedaron en suspenso hasta nuevo aviso para continuar con el trámite que este lunes, nuevamente, dio señales de vida.
Con los tiempos encima se intentó llegar a una terna en la Junta de Coordinación Política del Congreso, sin embargo la falta de voluntad política nuevamente quedó suspendida para este jueves, toda vez que ni los partidos Revolucionario Institucional ni Acción Nacional presentaron alguna propuesta de terna. Mientras, el PRD presentó una terna en la cual incluyen a una mujer: la politóloga Leticia Santín del Río.
Tras un proceso discrecional, la Cámara de Diputados –y en concreto la Junta de Coordinación política– le debe a la democracia y a la ciudadanía mexicana que el nombramiento de las personas para acceder al Consejo General del IFE se haga de manera abierta, entre ciudadanas y ciudadanos de capacidad probada y no por reparto de cuotas entre partidos políticos.
Es urgente dar certeza a la ciudadanía de legalidad y transparencia rumbo a los procesos electores que se aproximan; más de 500 cargos municipales, estatales y federales serán renovados el próximo año.
Como parte del fortalecimiento democrático, de la legalidad y la transparencia es necesario que todos los partidos políticos cumplan con sus compromisos con las mexicanas.
Deben recordar que no hay democracia posible si no se consolida la participación igualitaria de las mujeres en la vida política, y ello incluye el Consejo General del árbitro electoral.
Máxime cuando la tendencia que se ha dado en la integración del Consejo General del IFE es a la baja en la presencia femenina; a saber: entre 1996 y 2010 se han asignado un total de 26 espacios en el ConsejoGeneral, de los cuales únicamente cinco han sido ocupados por mujeres(19.23 por ciento).
Entre 2003 y 2008 la participación de las mujeres en el Consejo General alcanzó un máximo de tres espacios (33.33 por ciento). Actualmente, de los nueve consejeros sólo una es mujer (11 por ciento).
A la luz de las nuevas reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, es de coherencia que la instancia que avaló ese cambio actúe en consecuencia y garantice a las mexicanas sus derechos políticos.
Si las mujeres no están la democracia no va.
Por Lucía Lagunes Huerta, directora general de CIMAC A.C.
