Las Unirse fracasaron y son inconstitucionales
IVÁN CASAS
No mucho ha servido la inversión de aproximandamente 151,200,996 pesos, que hizo el Gobierno del Estado de Zacatecas con lo que a partir de 2012, se logró la construcción de las cinco unidades de seguridad regional que se ubican en los municipios de Trancoso, Río Grande, Sombrerete, Malpaso y Villa de Cos, las cuales fueron consideradas como un modelo único a nivel nacional con el objetivo de brindar la seguridad que los zacatecanos requerían.
Y así lo fue un modelo único porque en ningún Estado de la República Mexicana y en ningún país moderno y civilizado, exiten este tipo de bunkers en las entradas y salidas de las entidades federativas, porque son ilegales e inconstitucionales, además de que, generan más actos de molestias que aciertos en materia de seguridad pública.
Dentro de las funciones que se incluyeron en la estrategia de seguridad –las UNIRSE- está la de detectar vehículos robados, armas y drogas con equipo de alta tecnología, para evitar su trasiego, la atención y apoyo de emergencia en zonas y carreteras aledañas con las que conecta cada base. Aunque con variaciones en cuanto a espacio, las Unidades de Seguridad cuentan con módulos de dormitorios, comedor comunitario, agencia del Ministerio Público, un Centro de Monitoreo e inteligencia equipado con la más alta tecnología y conectado al C-4. Hay, además, una plaza cívica, un estacionamiento vehículos, caseta, torre de vigilancia, bahía de revisión, arco de escaneo para reconocimiento de personas y vehículos, muro perimetral e incluso una unidad canina de protección, taller de mantenimiento vehicular y área deportiva.
No obstante, si revisamos el índice delictivo de las denucias presentadas en la PGJE de Zacatecas publicado en la página oficial del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos encontramos que lejos de disminuir los índices delictivos, éstos van en aumento, pues en el año 2012 la procuraduría reportó 15,978 denuncias presentadas en las agencias del Ministerio Público, en 2016 se registraron 17,136 denucias, y del 1º de enero a junio de 2017, se han iniciado 9,254 carpetas de investigación. De continuar con esa tendencia este diciembre se podría alcanzar una cifra de 18,508 delitos denunciados o reportados.
Desde que fueron creados este tipo de retenes policíacos no sólo el índice delictivo no se redujo, sino que cada día va en aumento, por lo que, las UNIRSE son inservibles para combatir la delincuencia, además de molestas y violatorias de derechos humanos por ir en contra de lo establecido en los artículos 11, 16, 20 y 21 Constitucionales, en donde se garantiza a todos los ciudadanos que puedan circular por el Estado sin ser molestados, a menos de que haya una orden escrita de la autoridad competente, o por lo menos, que la persona sea sospechosa.
Es decir lo correcto es que los ciudadanos deberán detener la marcha de su vehículo, para ser revisados por ser considerados sospechosos o estar relacionados con una investigación previa, con base en criterios de razonabilidad y objetividad, y no al revés, que primero se ordena al ciudadano que detenga su marcha, por sus rasgos físicos, forma de vestir, la decoración de sus automóviles, etc., como si fueran delincuentes, bajan del vehículo, éste es revisado minuciosamente y después de una serie de preguntas muchas veces absurdas, se verifica si son sospechos o no, a juicio del elemento de seguridad en turno.
En la siguiente publicación analizaremos en que casos la policía puede llevar acabo un control provisional preventivo (revisión de personas o vehículos) con base en una sospecha razonable sustentada en elementos objetivos y no su mera apreciación subjetiva, según la SCJN.
