Las sanciones de los Servidores Públicos
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS *
En el mundo de la fiscalización y rendición de cuentas existe un rubro que en los últimos años se le ha dado auge para promocionar la queja y la denuncia, es muy importante siendo el objetivo que con la aportación de pruebas se pueda realizar una investigación, o más aún, datos fehacientes para iniciarla de oficio contra cualquier servidor público en sus tres órdenes de Gobierno.
La Secretaria de la Función Pública a cargo del Abogado Julián Alfonso Olivas Ugalde, en cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos puso a disposición del público en general, el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, el cual se encuentra en su portal de internet, esto con el fin de hacer público los antecedentes de sanción de los funcionarios de dependencias y entidades de la APF, de la Procuraduría General de la República, relacionados con el incumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de sus empleos o cargos.
Para generar confianza y credibilidad en la actuación de la Administración Pública Federal, se crearon los Lineamientos y Criterios Técnicos y Operativos de Atención Ciudadana, existiendo una área exprofeso para ello, una queja según estos Lineamientos, es una manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados servidores públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una persona, misma que los hace del conocimiento de la autoridad y una denuncia se hace del conocimiento de la autoridad por un tercero.
La Secretaria de la Función Pública informo que desde el mes de diciembre del año pasado que entro en funciones la nueva Administración Pública Federal al cierre del primer semestre de este año, ha impuesto 5 mil 710 sanciones a 4 mil 884 servidores públicos de la Administración Pública Federal, los cuales incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus responsabilidades.
Del total que informa que 909 funcionarios han sido inhabilitados, 1,391 suspendidos y 1,953 han sido amonestados entre públicas y privadas.
Los motivos de los procedimientos impuestos por la SFP han sido la negligencia administrativa, la omisión en la presentación de la declaración patrimonial y la violación a las leyes y normatividad presupuestaria.
De este informe, se desprenden la conclusión de los procedimientos administrativos de responsabilidad que instauró a 7 servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por las irregularidades cometidas con relación a la verificación practicada al Restaurante Máximo Bistrot, caso que recordamos en el mes de abril pasado, a raíz de la prepotencia de la hija del ex titular, el cual fue separado de su cargo por indicaciones precisas del Presidente Enrique Peña Nieto.
En este caso, la Secretaria de la Función Publica informo que al Subprocurador de Verificación, al Director General de Verificación y Vigilancia y al Jefe de Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas, se les destituyo del cargo e inhabilito por el lapso de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Así mismo, el Director de Procedimientos y Sanciones fue destituido de su cargo mientras que 3 inspectores de Programas Especiales, comisionados como Verificadores, fueron suspendidos de sus empleos por un periodo de 6 meses.
La importancia de esto, es que uno de cada tres procedimientos de sanción se originó por una denuncia ciudadana.
La cultura de la denuncia debe de seguir permeando en la ciudadanía, y para ello la SFP dar seguimiento y emitir resolutivos conforme a sus investigaciones, contando para ello con elementos para el desahogo de las mismas.
Pero para muchos, lamentablemente el objetivo se ha desvirtuado o no ha quedado claro el fin para lo que es y más aún, la importancia de los elementos que cualquier denuncia debe de contener, existen personas que desvirtúan el objetivo y pensando en esconderse tras el anonimato o tras bambalinas creen que están aportando algo, hay que poner el nombre y apellido y aportaremos a nuestro País, Estado o Municipio, de lo contrario, el que acusa tendrá la carga de la prueba, es decir, quien acusa tiene la obligación de probar pues esta se revierte, lamentablemente aun este valor o esta cultura no le llega a muchas personas, por lo que cualquiera puede enviar denuncias anónimas con el afán de perjudicar a personas en su vida laboral y cotidiana, a veces sin llegar a trascender estas por falta de elementos, y en ocasiones, pueden verse beneficiadas aun sin tener elementos cuando se pretende dañar, ahí es donde se hace un mal uso de la normatividad y del abuso del poder que el cargo confiere, por lo que se debe de seguir trabajando y permeando la cultura de la denuncia y que contengan los mínimos elementos de prueba.
