Las invisibles entre invisibles
ARGENTINA CASANOVA
En medio de la invisibilidad socialmente construida hacia las mujeres, hay quienes son más invisibles dentro del imaginario colectivo, así como su sexualidad y sus derechos sexuales. Ellas son las mujeres con discapacidad, las que se encuentran privadas de su libertad, las enfermas mentales y las que viven en situación de calle, entre otras.
No hay políticas públicas y por supuesto son pocas o escasas las acciones que desde las instituciones se diseñan pensando en sus contextos y condiciones. En vez de eso tenemos posturas basadas en el exterminio poblacional, una suerte de discurso eugenésico que pretende hacerse sutil al proponer la esterilización de “ellas”, que sólo así son vistas.
La sexualidad de las mujeres ha sido explotada como un sistema de control y opresión, como una cuota a cubrir para hacerse visibles; pero es selectiva, está dirigida a las mujeres cuyos cuerpos son consumibles por el mercado patriarcal que determina quiénes son consumibles, cosa de exhibición. En una centralidad de las hegemonías del deber ser en la feminidad y el cuerpo de las mujeres.
Las demás salen a la periferia, ese ámbito disperso en el que el Estado patriarcal ya no compromete protección a cambio de ser “consumible”, y ahí están las mujeres consumidoras de drogas, las mujeres privadas de su libertad, las enfermas mentales, las mujeres con discapacidad y las que viven en situación de calle.
Y quizá habría que sumar a las más pobres entre las pobres: las mujeres indígenas que al no ser vistas como personas, son abandonadas a su suerte y sólo se concibe una política de exterminio institucionalizada a través de las esterilizaciones forzadas y/o el parto en la acera pública, en la exposición y la violencia.
No hay estrategias de acceso a métodos anticonceptivos o distribución de éstos entre poblaciones de mujeres que viven estos contextos de vulnerabilidad e intersecciones de discriminación; aunque en general hay un difícil acercamiento entre las adolescentes y mujeres jóvenes a los métodos anticonceptivos que esté pensada con un enfoque de Derechos Humanos y de género.
Esto ofrece un reto para las activistas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, quienes afrontan la falta de recursos etiquetados no solamente para la promoción sino para la defensa en caso de violaciones a éstos.
Los medios de comunicación han empezado a difundir cuando una mujer indígena es abandonada y obligada a parir en la puerta del hospital, se ha puesto atención en la esterilización forzada que se realizaba en algunas clínicas rurales contra grupos étnicos, y quizá se ha pensado en la difusión de los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad auditiva, pero poco hay para mujeres con otras discapacidades.
Pensar en la sexualidad no consumible por el patriarcado está casi fuera del ámbito de reflexión y pensamiento, y en consecuencia, de las políticas públicas; es algo de lo que se elige no hablar.
Se prefiere no pensar en la sexualidad que no es “bonita”, en los cuerpos que no son consumibles por el sistema patriarcal y que no ofrecen ningún interés en su erotización y reproducción; pero ocurre en el discurso periférico de la violencia, ahí donde se cometen violaciones contra mujeres discapacitadas, enfermas mentales o en condición vegetativa, en contra de mujeres que consumen alguna droga o de las que viven en situación de calle.
Esta violencia sexual poco denunciada pero ligada a la percepción del cuerpo de las mujeres como una extensión de los territorios, está latente y demanda ser visibilizada.
De la misma forma, la sexualidad y los derechos reproductivos de las mujeres que viven en situación de cárcel y que están dando a luz a niñas y niños que permanecen con ellas hasta los 3 años de edad porque son separados como parte de las políticas institucionales, sin que se revise o considere las condiciones de la violencia de género que contribuyeron a la criminalización y encarcelamiento.
Construir una acción de intervención desde la sociedad civil organizada, asociaciones defensoras de mujeres, iniciativas y colectivos feministas, puede contribuir a atender, pero el Estado debe asumir también la parte que le toca y empezar a hacer visibles a las invisibles, y junto a ellas, a sus hijos.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
