La violencia contra mujeres, emergencia en el país
ARGENTINA CASANOVA
Sin que nos diéramos cuenta y aún contra todo pronóstico, la realidad de violencia contra la población en México no sólo se feminizó, sino que las cifras de feminicidio, violencia sexual, trata, acoso público y falta de debida diligencia en la denuncia de violencia familiar fueron a la alza. Tan sólo este fin de semana en algunas entidades del país se registraron 3 o 4 casos de feminicidio en menos de 48 horas.
En 2012 el Comité de Expertas de la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer) recomendó al Estado mexicano tomar medidas para evitar que la violencia derivada de la estrategia contra el narcotráfico se tradujera en un incremento en el número de violaciones, casos de feminicidio, desapariciones y escasa atención a las denuncias de violencia familiar contra las mujeres y niñas, pues se veía una tendencia a la alza.
Este año, el gobierno mexicano debió presentar su noveno informe de cumplimiento de las recomendaciones hechas por este grupo de expertas en 2012, pero de nueva cuenta se retrasó.
No obstante la realidad y el recrudecimiento de la violencia contra las niñas, mujeres e identidades femeninas (transexuales, trasvestis, transgénero) coloca en un escenario difícil lo que se informe, y contraste o no, con la realidad.
Hay responsabilidades específicas del Estado mexicano, eso ni dudarlo, y mucha de la responsabilidad que surge a la luz de los registros y denuncias de casos de feminicidio por todo el país es el esfuerzo de “ocultarlos” bajo la clasificación del delito de “homicidio”, pero también hay un problema social de impunidad.
Ocultar el dato
Cambiar de nombre un feminicidio por «homicidio» en la calificación del delito, no borra el hecho y esto aplica igual con las tentativas de feminicidio clasificadas como “lesiones” u otras retóricas discursivas que operan a favor de la invisibilización de la violencia contra las mujeres pero que no cambian la realidad.
Como tampoco lo hace el arma utilizada o el origen indígena, urbano, rural o extranjero de la víctima; tampoco la geografía: no son casos de feminicidio los de Yucatán y el Estado de México, pero no los de Campeche o Baja California por ser “estados vecinos” o más o menos seguros. Lo que subyace detrás de esa retórica es el uso político del feminicidio que no borra los hechos de violencia contra las mujeres.
En todos los casos está la misma causa: misoginia y desprecio por la vida de las mujeres.
El propósito del tipo penal es retomar lo que plantea la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará) para que toda la sociedad visibilice la violencia contra las mujeres por razones de género y se tenga claro que «es una ofensa a la dignidad humana».
El de la mujer asesinada por el marido quien luego se suicidó, o la fotógrafa extranjera en Yucatán, el de la joven madre y esposa atropellada en Quintana Roo, las estudiantes asesinadas en Puebla y Edomex, todos esos casos son feminicidio por el desprecio que muestran hacia la vida de las mujeres.
No hay casos de feminicidio graves ni menos graves, no es el número de mujeres asesinadas, es la causa.
Pretender borrarlas como «homicidios», no sólo habla de la incapacidad en la investigación judicial, sino que confirma lo que sostiene la Relatoría de la CIDH sobre el acceso a la justicia para las mujeres la cual plantea que las instituciones, operadores y actores políticos «son un obstáculo para la aplicación de la legislación e impiden con ello la sanción de quienes violentan a las mujeres». Esto nos lleva a mirar una grave omisión del Estado Mexicano.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio aporta un dato relevante: en 2014, de mil 42 mujeres que fueron asesinadas brutalmente, solamente 353 casos fueron investigados como feminicidio. Siete mil 185 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, la mayoría entre 15 y 20 años de edad, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que 93 por ciento de las víctimas de trata son mujeres; 26 por ciento de ellas son menores de edad.
Podemos seguir omitiendo las cifras, enmascarando las violencias, permitir que sigan saliendo notas en las que se dé cuenta que la reparación del daño a una niña víctima de violencia sexual sea un par de cartones de cerveza en una comunidad de Oaxaca, como lo reportó un medio, podemos seguir en retóricas discursivas o asumir que hay una grave emergencia nacional de violencia contra las mujeres y niñas.
Hay también un uso de la violencia institucional como medida para mantener la desigualdad, es la discriminación sistémica apoyada y que apoya a un sistema social que castiga a las mujeres.
Y por supuesto la hoguera social de las redes sociales, el llamado a “matarlas” cuando transgreden, que nos explica por qué México es un Estado feminicida, y eso es porque su sociedad también lo es.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
