La transparencia y el prestigio del Congreso
El martes pasado la LX Legislatura aprobó, por una abrumadora mayoría, la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ese día sostuve en tribuna, y lo sostengo ahora, que es la resolución de mayor trascendencia que hasta ahora hemos impulsado los actuales diputados locales y que el proceso legislativo que lo antecede y los alcances del nuevo marco jurídico nos prestigian socialmente.
La primera razón por la que la reforma es un orgullo para el Poder Legislativo es su proceso de discusión, sustentado en el principio de división de poderes y en una visión de cambio continuo y deliberación permanente.
Para llegar a consensos, se tomaron en cuenta opiniones y ponencias de representantes de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y su “métrica de transparencia”, la organización FUNDAR, A.C. y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP).
Además de ello, se partió del trabajo que se había prefigurado en la LIX Legislatura, en lo relativo a las mismas reformas, y se le dio seguimiento, y se dio voz y participación directa a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP).
Como diputado, hice llegar documentos, escritos y observaciones a la Comisión que preside la diputada panista Noemí Berenice Luna Ayala, a quien considero una legisladora productiva y sensata. Siempre tuve una respuesta abierta y sólida a las propuestas.
Como todo proceso político, esta reforma no puede ni debe aspirar a la perfección, pero ante las injustas descalificaciones que ha recibido, creo justo ponderar los cambios más importantes que se aprobaron:
En principio, se prevé que la información de oficio sea actualizada periódicamente y se reduce el plazo de atención a las solicitudes de información. Asimismo, se agregan nuevas definiciones como lo son: indicadores de gestión, prueba de daño, versión pública y máxima publicidad, entre otras.
Al mismo tiempo, se establece que la información de oficio será publicada de forma completa y actualizada a través de medios electrónicos, y se detalla y amplía la información de oficio de conformidad con cada uno de los sujetos obligados. En resumen, hay un cambio monumental en lo referente a la información de oficio; ampliándola, haciéndola oportuna, didáctica y de eficiente divulgación,
En lo que respecta a otra tensión contemporánea del derecho a la información, en la nueva ley se definen con claridad los criterios para que la información sea clasificada como confidencial y se agrega un capítulo referente al manejo de archivos administrativos, y otro referente a las unidades de enlace de acceso a la información pública.
Por razones que no logro entender (si es que hay compromiso institucional) la CEAIP ha decidido no avalar las reformas en materia de transparencia, aún y cuando se conceden mayores atribuciones a dicha comisión y se disminuye el plazo para que resuelva los recursos que se interpongan ante dicha autoridad.
Como recomiendan todas las publicaciones de mejores prácticas, también se especifica el contenido mínimo que debe establecerse en las resoluciones emitidas por la CEAIP y se amplía el capítulo de sanciones, donde se establecen medidas más drásticas para los funcionarios que no entreguen información solicitada.
Además, la ley prevé un esfuerzo importante en materia de homologación de criterios que debe estar coordinado por la propia CEAIP y no, como tradicionalmente se hace, por los sujetos obligados.
Sin embargo, algunos han querido desvirtuar el debate y reducirlo a personas y nombres, como si de eso se trataran las instituciones, utilizando argumentos absurdos, pues el dictamen aprobado no viola las garantías constitucionales de ninguno de los comisionados.
Por un lado, porque son trabajadores de un órgano descentralizado de la administración pública estatal, y pueden ser removidos por el Ejecutivo. Por el otro, porque en el dictamen se obliga a que los actuales comisionados sean tomados en cuenta para un hipotético proceso de relevo en la CEAIP.
Qué bueno que la razón se impuso, y a la mayoría de los diputados les importó más su sentido reformista que la discusión sobre individuos y nombres.
En Primero Zacatecas no perdemos la esperanza de que esa virtud continúe en los legisladores y saquemos de la congeladora la iniciativa para crear un Tribunal de Cuentas Autónomo, completando el círculo virtuoso que componen transparencia y fiscalización para regenerar la vida pública en el estado.
Solo reformando, el Legislativo deja de ser invisible para los ciudadanos. Solo reformando, volverán a creer en nosotros.
Diputado local
