La sociedad civil y el Estado en el contexto del Covid-19
RAYMUNDO MORENO ROMERO
En un entorno de normalidad los retos que enfrenta nuestra sociedad son variados y profundos: acceso a la salud, educación de calidad, igualdad sustantiva, seguridad pública, inclusión de grupos vulnerados, pobreza y marginación, son algunos de los temas que nos preocupan y ocupan cotidianamente, en mayor o menor medida, a todas y a todos.
Una de las obligaciones centrales del Estado, mediante la formulación y aplicación de políticas públicas, es la de mejorar las condiciones de vida de los sectores en mayor rezago, atacando los problemas estructurales y asignando presupuestos suficientes que reduzcan la brecha de desigualdad. Dicha brecha, no obstante, se amplía de forma exponencial en condiciones de emergencia como las que trajo aparejadas el Covid-19 y afecta con especial crudeza justamente a los grupos históricamente vulnerados.
Normalmente las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) fungen, no sin dificultades, como un paliativo que compensa parcialmente las deficiencias del Estado, no obstante, la catastrófica realidad de la recesión económica y la emergencia sanitaria, misma que obliga a redirigir los limitados recursos públicos, incrementa la carga que soportan las OSC y no en pocas ocasiones las orilla al colapso.
Un gobierno sordo, que desacredita o minimiza la crítica, difícilmente podrá sortear en solitario una crisis multifactorial como la que vivimos. Hoy más que nunca hace falta una mayor interlocución, franca y abierta, entre la sociedad civil y la administración pública. Hoy más que nunca es indispensable que se asuman los señalamientos de las OSC como una oportunidad de mejora y no como una amenaza.
La oportunidad radica en que las limitantes jurídicas y presupuestales de los gobiernos pueden ser complementadas, que no suplantadas, por los esfuerzos ciudadanos, pero para ello es indispensable que desde el sector público reconozcan sus fallas, asuman su responsabilidad y fomenten un diálogo respetuoso y humilde.
No debemos soslayar que la obligación primigenia de responder a la crisis vinculada con la pandemia es del Estado, no obstante, trabajando juntos, sociedad civil y gobiernos, podemos llegar mucho más lejos.
Es tiempo de sumar esfuerzos con transparencia, franca interlocución y generosidad, sólo así podremos alcanzar a las y los mexicanos en mayor vulnerabilidad y cumplir con los objetivos y agendas de cada organización.
El 2020 quedará marcado en nuestra memoria colectiva como el año de la recesión económica y la pandemia, pero está en nuestras manos el que también sea recordado como el año de la confianza mutua, la resilencia, la responsabilidad y la empatía. Desde la sociedad civil estamos haciendo lo que nos toca, ¿podrá el Estado hacer lo propio?
