La soberanía energética como pilar del desarrollo nacional
En respuesta a este escenario, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó en 2021 una reforma constitucional en materia eléctrica con el objetivo de fortalecer a la CFE y recuperar la rectoría del Estado en el sector. Aunque esta iniciativa no prosperó en el Congreso, la actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, retomó la agenda energética con la aprobación de reformas clave en octubre de 2024. Estas reformas consolidaron un marco legal que garantiza la soberanía energética del país.
La reciente legislación refuerza a la CFE y a Pemex como empresas públicas del Estado, asegurando que su principal objetivo sea el bienestar social, más allá de la rentabilidad económica. Con ello, se establecen tarifas justas para los consumidores, se fomenta la inversión pública y privada bajo reglas claras, y se impulsa la transición energética hacia fuentes renovables.
Las reformas constitucionales a los artículos 25, 27 y 28 establecen que el Estado mantendrá el control absoluto en la transmisión y distribución de electricidad, así como en la explotación del litio, evitando concesiones que beneficien exclusivamente a intereses privados. Asimismo, se determina que las funciones estratégicas del Estado, como la generación y distribución de energía, la provisión de internet y la explotación de recursos estratégicos, no serán consideradas monopolios, sino actividades fundamentales para la nación.
Como consecuencia de esta nueva visión del sector energético, el 5 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Congreso un paquete de leyes y reformas que fue aprobado el 12 de marzo, dando origen a nuevas normativas en materia energética. Entre ellas destacan:
- Ley de Empresa Pública del Estado, de la Comisión Federal de Electricidad
- Ley de Empresa Pública del Estado, de Petróleos Mexicanos
- Ley del Sector Eléctrico
- Ley del Sector Hidrocarburos
- Ley de Planeación y Transición Energética
- Ley de Biocombustibles
- Ley de Geotermia
- Ley de la Comisión de Energía
Además, se realizaron reformas a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con este paquete de reformas, se corrigen los desequilibrios creados por las reformas de 1992 y 2013, que abrieron el sector energético a la inversión privada en detrimento de la CFE y Pemex. Estas decisiones anteriores fragmentaron el sector eléctrico y petrolero, favoreciendo a grandes corporaciones y debilitando la capacidad operativa del Estado. Como resultado, la inversión pública en exploración y producción petrolera cayó un 55 por ciento, la perforación de pozos petroleros disminuyó un 87 por ciento, y la refinación de gasolina se redujo un 51 por ciento, lo que aumentó la dependencia del país en la importación de combustibles.
Ahora, al restablecer a Pemex y a la CFE como empresas públicas del Estado, se garantiza que su misión principal sea el bienestar social por encima de la rentabilidad, asegurando que las tarifas de energía y combustibles sean justas y accesibles para todas las familias mexicanas.
Asimismo, estas reformas fortalecen la infraestructura energética del país, permitiendo la modernización y expansión de las redes de distribución y transmisión de electricidad, lo que mejorará la calidad del servicio y garantizará un suministro estable de energía. También se establecen reglas claras para la inversión privada, asegurando que se alinee con el interés público y contribuya al desarrollo del país.
Otro aspecto fundamental es la transición energética hacia fuentes renovables, impulsando la generación de energías limpias a través de la modernización de las leyes de Geotermia y de Biocombustibles. Además, la Secretaría de Energía retomará la planeación obligatoria del sector, alineando todas las decisiones con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México, asegurando que el desarrollo energético del país sea sostenible y socialmente responsable.
Con estas acciones, la Comisión Federal de Electricidad garantizará la generación de al menos el 54 por ciento de la electricidad nacional, asegurando estabilidad en el suministro y reduciendo la dependencia del país en materia energética. El fortalecimiento de la CFE y Pemex, junto con la modernización de la infraestructura energética y la regulación adecuada de la inversión privada, permitirán consolidar un modelo energético que priorice el desarrollo nacional y el bienestar de la población.
Con este nuevo marco legal, México avanza hacia una verdadera soberanía energética, asegurando que los recursos estratégicos de la nación sean utilizados para el beneficio de las y los mexicanos, y no para el lucro de unos cuantos.
