La política centralista del presidente afecta a los municipios
OSVALDO ÁVILA TIZCAREÑO
Amparado en la supuesta lucha contra la corrupción, cuestión social considerada erróneamente como el principal problema de la patria, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha suprimido diversos programas o realizado recortes sustanciales a efecto de concentrar los recursos del erario y de esa manera evitar la intención de desviar recursos por los Alcaldes o Gobernadores, así es como programas como el de las Estancias Infantiles, Prospera, Procampo, Fonden, el Fondo Minero y el ramo 23, fueron desaparecidos de un plumazo pero sin mostrar evidencias sobre los presuntos desvíos, sólo con el respaldo de la enjundiosa acusación del titular del ejecutivo.
Hay muchos elementos objetivos que demuestran que la presunta lucha contra la corrupción ha resultado un auténtico fracaso, uno de ellos es la calificación impuesta por Transparencia Internacional, considerando que de 180 países analizados coloca a México en el lugar 124 tras cuatro años de la actual administración federal, pero tal situación no es gratuita; es el resultado de la incongruencia del Presidente y su equipo, pues se ha dado cuenta de la recepción de sobres amarillos por parte de sus hermanos Pio y Martin López Obrador, de complejos inmobiliarios como los de Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval, con escándalos en empresas paraestatales como Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); e incluso en el reciente libro “El Rey del Cash”, se da cuenta de que los morenistas están atrapados en una burbuja de corrupción y que se conforman con decir que las acusaciones son conjuras de sus enemigos, pero nunca demuestran su modo honesto de vivir.
Como ya se daba cuenta, movidos en ese estandarte anticorrupción se han centralizado los recursos y dejan a los municipios como administradores de nómina, imposibilitándolos de hacer obra pública en beneficio de la población, como consecuencia de la desaparición del Fondo Minero y el Ramo 23, etc.
En el primer caso, Diario Eje Central en la Columna “Poder y Dinero”, de Víctor Sánchez Baños afirma: “hasta 2020, el Fondo Minero recaudó un total de 21.6 mil millones de pesos, de los cuales, 10.4 mil millones , que representan el 48% del total, se asignaron a dos mil 553 proyectos para el mejoramiento y desarrollo social de las comunidades afectadas”, sin duda un verdadero agravio a comunidades y colonias que iban cambiando poco a poco y repentinamente fueron castigadas, pues la prioridad ahora son la refinería Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otros.
En el segundo caso, corrió la misma suerte el llamado Ramo 23 al que se le bautizó dolosamente como el de los moches, pues si bien el presupuesto federal para obras subió 18 % en 2019, el Ramo 23 pasó de representar el 6.5 % del presupuesto federal para infraestructura a constituir menos del 1 % y prueba de ello es que en el 2018, Pemex, la CFE, el IMSS y la Sedena ejercían el 54% de los recursos federales para obra pública; ahora son los responsables de ejecutar más del 69 %. Asimismo, la SCT ejercía más del 16 % del dinero federal para obra y hoy ejerce menos del 7 %, lo dicho la total concentración a manos del ejecutivo federal.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, se anuncia un incremento de los recursos a estados y municipios, sin embargo, persisten dudas respecto a la fortaleza de los ingresos públicos, pues estos últimos se basan en una mayor eficiencia recaudatoria y en supuestos económicos debatibles e incluso el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., (CIEP) señala que el balance económico y fiscal, para el próximo año, se presenta en un entorno de desaceleración, alta inflación, mayores tasas de interés y una elevada incertidumbre económica y resalta que sigue pendiente una reforma fiscal que fortalezca los ingresos públicos, tanto de la Federación como de las Entidades Federativas y Municipios, y que permita mantener el ritmo de gasto planteado por la administración actual.
Lo dicho, la exacerbada concentración de los recursos pretende una ejecución caprichosa de las obras y se prioriza proyectos faraónicos castigando las necesidades básicas, y aunque se anuncia que los municipios recibirán incremento en el próximo año, en la realidad será otro ejercicio con castigo presupuestal que se ha aplicado desde el 2018 cuando AMLO inició la falsa lucha anticorrupción, resultando una estrategia para centralizar los recursos que son de todos los mexicanos, que hoy se gastan esencialmente en acciones del sur del país y en las programas del bienestar.
La evidencia es contundente, a cuatro años de Morena en el gobierno, no se acabó con la corrupción y en cambio se castiga a los pobres que no pueden acceder a los servicios públicos ni a obras de infraestructura, además que deben soportar la crisis generalizada en materia económica, de seguridad y en el terreno educativo por lo que todo empeoró con la 4t en el gobierno.
Así que la realidad sigue demostrando que el gobierno de los morenistas, autollamado de la transformación, una vez más aplicó traición al pueblo de México, en consecuencia, ya es hora de entender que la perorata presidencial de: “primero los pobres”, es sólo un discurso vacuo y que, si aspiramos a una realidad distinta, sólo la lucha tenaz y decidida del pueblo organizado lo hará posible.
