La peligrosa misoginia en Palacio Nacional
SARA LOVERA
La misoginia se identifica con el uso de palabras, gestos, expresiones y acciones emocionales, psicológicas e ideológicas de odio contra las mujeres y todo lo femenino, dice el diccionario. Ejercerla desde el poder agrava cualquier interpretación. Se profundiza cuando ideas y denostaciones se multiplican a 24 horas de la jornada mundial del Día Internacional de la Mujer.
El término misoginia está formado por la raíz griega miseo, que significa odiar, y gyne, cuya traducción sería mujer. Se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio contra las mujeres.
En las últimas semanas, de manera reiterada en su narrativa, el Presidente de la República mexicana -se diría el jefe del Estado-, con palabras y gesticulaciones prepotentes y cínicas descalifica, culpabiliza, ridiculiza, ofende, estigmatiza, difama e intimida a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), doctora Norma Lucía Piña Hernández. No lo hace así con los peores criminales.
Lo grave para la democracia y el Estado de Derecho es que viola, al menos, los artículos primero, tercero, 41 y 49 de la Constitución y comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, previsto en la ley secundaria, por lo que debía ser llamado a cuentas. También, sin rubor, trasgrede la división de poderes y ofende a la mitad del pueblo mexicano, que somos las mujeres.
A las burlas, la instalación de vallas metálicas y el epíteto descalificador de “conservadoras” a las feministas en otros 8 de marzo, se suma ahora una activa narrativa para devalorar a la jefa del tercer Poder -el Judicial- vigente en el país.
La ministra, una mujer con una hoja de servicios indiscutible, recibió la solidaridad de sus pares, los jueces; también de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, de las exdiputadas enredadas como Rebeldes con Causa; sin embargo, no ha generado una repulsa nacional, ante el evidente atropello misógino y anticonstitucional.
Dice claramente el párrafo V del artículo primero de la Constitución que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Es decir: hablar, sin probar, de deshonestidad, o riéndose, abriendo los ojos, alzando las manos, cuando dijo de la ministra presidenta que “no quiso pararse” el 5 de febrero, o cuando aseguró, burlón: “Yo la puse”, o al poner en duda su honestidad, porque “Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”. Sugiere su extrema permisividad con “los jueces que liberan y protegen a criminales”, en contraste con el ministro Arturo Zaldívar, a quien -por ser hombre, se diría, muy hombre- reconoce que los mantuvo con una supervisión rigurosa. Todo esto es descalificar a la presidenta de la Corte por ser mujer; es denostar el empoderamiento del que presumen las funcionarias e invalidar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos responsable de vigilar el cumplimiento y desarrollo de la política de igualdad.
Es peligroso que Andrés Manuel López Obrador muestre sus frustraciones de jefazo masculino por no poderla controlar. ¿Será que no le importa? ¿O será que se siente el rey?, como la canción de José Alfredo Jiménez. Ejerce sin tapujos el patriarcalismo que justifica todo: violencia feminicida, desigualdad y discriminación contra la mitad de la población. En el marco del 8 de marzo, esta es la peor noticia. Veremos…
