La paridad y la violencia política
SOLEDAD JARQUIN EDGAR
Son casi 10 años desde que la paridad en procesos electorales existe en la ley y permitió un avance paulatino y constante, algo así como rápido y furioso de las mujeres, tanto que hoy una de cada tres presidencias municipales es dirigida por una mujer, casi la tercera parte de las gobernadoras son mujeres, y hay paridad en los 32 congresos locales y en el Congreso de la Unión.
Por otra parte, las elecciones del 2024 han sido definidas, desde ahora, como “históricas”, porque sea melón o sea sandía, habrá por primera vez en la historia mexicana una presidenta.
La paridad en la política ha representado una de las mayores batallas de las mujeres a lo largo de muchas décadas, quizá siete, desde que el voto universal se hizo realidad en este país y todavía queda un tramo por avanzar, el gran pendiente está en los municipios que definen a sus autoridades por sistemas normativos internos, donde ese derecho ciudadano ha sido sistemáticamente regateado, pensaría por descuido de los oples.
Este mes se cumplirán 70 años del voto universal que permitió a las mexicanas ir en ese largo ascenso hacia el poder político, un camino plagado de actos de violencia los cuales fueron desde arrebatarles la posibilidad de competir hasta la muerte, fenómeno que ha estado presente y que la prensa ha documentado de formas más constante desde hace unos 20 años.
En Oaxaca, en septiembre de 2004, por ejemplo, fue asesinada la candidata del PRD a la presidencia municipal de San José Estancia Grande, Jamiltepec, en la costa de esta entidad por el entonces munícipe priista Cándido Palacios Loyola.
En marzo de 2015, a un año del nacimiento de la paridad política, ocurrió el asesinato de la precandidata PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, tres días antes había sido secuestrada por un comando.
En el proceso electoral de 2016, también del PRD, ya electa alcaldesa y a unas horas de protestar como munícipe de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, es asesinada.
Ya con la paridad digamos “de lleno”, es decir, con más mujeres participando antes y durante el proceso electoral 2017-2018, Etellekt registra 237 actos de violencia política en razón de género contra mujeres, 20 fueron asesinatos, siete eran candidatas a un puesto de elección popular, la mayoría en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Morelos.
Entre los casos ocurridos en 2018, destacan los de Dulce Nayeli Rebaja Pedro, aspirante a una candidatura por el distrito 25 de Chilapa, Guerrero; apenas unos días antes fue asesinada Antonia Jaimes Moctezuma, candidata a diputada local, también en Chilapa, y Pamela Terán, integrante de la planilla PRI-PVEM-PNA, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
En el siguiente proceso electoral, del 2020-2021 la violencia contra las candidatas siguió, como lo estableció al final de la contienda La Observatoria Todas MX, quien aseguró que 35 políticas fueron asesinadas, lo que equivale a 15 más que en el anterior proceso.
Entre ellas, destacan los casos de las candidatas Alma Rosa Barragán Santiago, de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Guanajuato, y el de Ivonne Gallegos Carreño, en Ocotlán, Oaxaca, ella era precandidata a la alcaldía de la población muy cercana a la capital oaxaqueña.
Hoy los estudios sobre la violencia en México, no alcanza a mirar los daños colaterales de este horror que tiene evidentemente su raíz en la misoginia y el machismo. La presencia de más mujeres ha hecho temblar a quienes se creyeron dueños del tema: los señores del poder político.
En el proceso electoral actual 82023-2024) se definirán:
La Presidencia de la República
500 diputaciones federales
128 senadurías
19 mil 634 cargos políticos locales
ocho gubernaturas y una jefatura de gobierno
663 diputaciones de mayoría relativa y 435 de representación proporcional en 31 entidades
Mil 787 ayuntamientos
Mil 973 sindicaturas
14 mil 160 regidurías
16 alcaldías y 160 concejales en la CDMX
132 juntas municipales en Campeche
299 presidencias de comunidad de Tlaxcala En suma, más de 20 mil cargos de elección popular, al menos la mitad deberán ser ocupados por mujeres. Lo que no debe pasar es que a más mujeres en la palestra política sea mayor la violencia política en razón de género. Y la gran pregunta es ¿qué hicieron las instituciones responsables para que esto no se repita?
