La opacidad en procesos de extinción de instituciones
JULIETA DEL RÍO VENEGAS
La extinción, renovación o reestructuración de instituciones públicas son parte de la dinámica de cualquier aparato gubernamental en México y en el mundo; sin embargo, para evitar la opacidad y posibles actos de corrupción estos procesos deben ser transparentes ante los ojos de la ciudadanía. Los registros, las obligaciones de transparencia o los padrones de beneficiarios no deben quedar en un abismo, al contrario, deben estar abiertos a consulta de la sociedad.
En nuestro país, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), creado por Decreto en enero de 2020, funciona, en parte, para dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el Estado, con “compromiso, eficiencia, transparencia y responsabilidad social”.
De empresas públicas en proceso de extinción o desincorporación, este Instituto está facultado para, por ejemplo, conocer el tabulador de empleados; autorizar estructuras; contratar, remover y autorizar movimientos de personal; atender las obligaciones en materia de transparencia; entre otras cuestiones.
Por ello, recientemente en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) expuse un proyecto de resolución en contra del INDEP y que fue votado por unanimidad por mis colegas. En este expediente, una persona requirió al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado información acerca de la liquidación y recuperación de las acciones de Luz y Fuerza del Centro, extinta por decreto presidencial en octubre de 2009.
En respuesta, el INDEP informó que hizo una búsqueda en sus archivos pero que no encontró la información requerida. Además, señaló que, debido a que las instalaciones de Luz y Fuerza fueron tomadas por las fuerzas de seguridad pública, no se tuvo acceso a los archivos, expedientes y documentación en aquel momento.
Ante esto, la persona se agravió por la inexistencia de la información e interpuso una queja (recurso de revisión) en el INAI. Después de haber realizado el análisis correspondiente, la Ponencia a mi cargo advirtió que el INDEP incumplió con el procedimiento de localización de la información previsto en la ley, por lo tanto, debe realizar una nueva búsqueda.
El INDEP es apto para conocer sobre la información trasladada de las instancias que desaparecen del organigrama de la administración pública. Y, cabe mencionar, que los resguardos de información y de archivos deben ser también un elemento que cuidar entre todos los procesos que se traspasan de una institución a otra.
No obstante, el INDEP ha sido omiso incluso en el manejo de sus propios recursos, siendo parte de presuntos actos de corrupción. Como en la denuncia por el cobro de “moches” del 30% del salario a por lo menos 15 trabajadores. Este hecho derivó en la renuncia de un servidor público involucrado.
Otra práctica irregular se conoció por la auditoría del Órgano Interno de Control del INDEP, que encontró una cartera vencida por 39 millones de pesos en préstamos a trabajadores, pago de finiquitos desproporcionados y pagos de seguros de vida contratados indebidamente. O las denuncias penales presentadas por un ex titular del Instituto por mutilación a joyas incautadas y múltiples irregularidades administrativas.
Así, la transparencia resulta una gran herramienta para exigir rendición de cuentas a las instituciones en el marco de sus atribuciones y responsabilidades. El INDEP, como institución responsable, debe asegurar el acceso a esta información cuando lo requiera cualquier persona. Las reglas deben respetarse y los datos deben prevalecer en este país.
X: @JulietDelrio
