La mesa está puesta para la Reforma político-electoral
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
Durante más de siete décadas, los procesos de la vida política en México distaron mucho de desarrollarse bajo el espíritu democrático, republicano y federal de la Constitución de 1917. Por el contrario, nuestro país se rigió por reglas no escritas (metaconstitucionales y autoritarias), pero muy eficaces para mantener un ejercicio de gobierno autoritario y prolongar el régimen posrevolucionario por largo tiempo. Fue hasta los años de 1997-2000 cuando gracias a la alternancia política pudimos poner fin al presidencialismo; primero en algunas entidades federativas y en el Distrito Federal y, después, en la presidencia de la República.
No obstante, si bien es cierto que la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República en el año 2000 -un acontecimiento histórico para la vida democrática del país-, la realidad es que a poco más de una docena de años del “cambio” democrático, la sociedad está desilusionada de los partidos y las instituciones electorales: hay una gran desilusión a causa de las promesas no cumplidas y un descrédito de las instituciones, debido a que nuestro país hoy se encuentra atrapado en una espiral de crisis, violencia y ante una marcada debilidad del Estado.
A nivel general, no se consolidó una verdadera transición democrática en México, quedándonos a medio camino y, pese a los avances, sólo arribamos a un entorno de pluralidad partidista pero en el que muchos de los viejos vicios del sistema autoritario priísta han permanecido y tomado nuevas formas, incluso, más sofisticadas y agresivas. Efectivamente, con la alternancia no se lograron materializar los cambios políticos que ayudaran a desmontar al viejo régimen. En palabras del politólogo Mauricio Merino: “la elección de 2000 distribuyó el poder, pero no transformó las instituciones políticas que lo ejercen.
No fue una transición pactada ni que haya modificado las bases fundacionales del Estado mexicano”.
Desgraciadamente, pese al empuje y al mandato ciudadano del año 2000 claramente democratizador; el gobierno de Vicente Fox, principalmente, pero también las fuerzas políticas en su conjunto, fueron incapaces de construir una base sólida de institucionalidad democrática que nos permitiera superar definitivamente el pasado autoritario en el país. En pocas palabras, no se dieron los cambios para desmontar al viejo régimen: después de ser un ejemplo de transición pacífica a la democracia México entró en una etapa de retrocesos políticos, es decir, de regresiones antidemocráticas.
A partir de entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quedó debilitado pero permaneció como una gran fuerza en el Congreso de la Unión y en los estados del país; gradualmente se fue recuperando hasta el punto de regresar a Los Pinos mediante “la construcción de una maquinaria más eficiente que los otros partidos, con más poder local, más dinero público, menos obligaciones de una rendición de cuentas, con reglas de fiscalización llenas de huecos”, tal como advierte Alberto Aziz Nasif, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Como prueba, basta ver lo desaseado del proceso electoral pasado a lo largo y ancho del territorio nacional; desarrollado en un ambiente plagado de irregularidades, intimidación, violencia, hostigamiento por parte de elementos del Estado y, cuyo resultado, fue la baja participación de la ciudadanía en dicho proceso, al igual que la falta de legitimidad de sus resultados por no haberse cumplido los principios de equidad, imparcialidad y seguridad. Aunque el Ejecutivo federal y la dirigencia priísta hayan adoptado un lenguaje democrático, éste no estuvo sustentado en el historial de su desempeño electoral como tampoco en la forma en que actuaron en los pasados comicios.
Por nuestra parte, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tenemos que ser autocríticos y reconocer que tampoco hemos sido capaces de escapar del todo a esta dinámica degradada del actual sistema político mexicano. Pese a ello y algunas inconsistencias, al mismo tiempo, en el Sol Azteca sí hemos marcado distancia de una clase política demagógica que se maneja al margen de la gente y que sólo actúa para privilegiar intereses ilegítimos, de grupo o personalistas. En el PRD, de manera permanente hemos asumido una postura abiertamente demócrata y en defensa de los intereses de las mayorías; al mismo tiempo, hemos denunciado el ejercicio de gobierno excluyente por parte de quienes detentan el poder ajenos al interés popular y que han generado una sociedad polarizada y desigual.
En este sentido, el PRD no nació como un partido de élites sino como un instrumento de la sociedad. Y bajo esta perspectiva, ahora ha planteado una reforma político-electoral que nace de nuestra voluntad de diálogo y en búsqueda de consensos para lograr en el país una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos; superar la “partidocracia” y retomar el camino hacia el fortalecimiento democrático y el estado de derecho.
Los acuerdos logrados en un marco de pluralidad, es la única vía para lograr estos objetivos ante los signos visibles de una regresión antidemocrática, a la vez de resolver los grandes problemas que enfrentamos. Bajo esta lógica, el Pacto por México (PPM) fue entendido por las dirigencias nacionales del PRD y del Partido Acción Nacional (PAN) como un instrumento de diálogo y negociación política que nos encaminara a la gobernabilidad, asumiendo compromisos comunes más allá de intereses partidistas, de grupo o particulares.
Bajo esta lógica, en mayo pasado, el PRD, el PAN, el PRI y el Ejecutivo federal firmaron el Adéndum del Pacto por México, donde uno de los principales compromisos contraídos, fue precisamente, la elaboración de una reforma política. Incluso, por su importancia, se acordó con el gobierno federal que tal reforma fuera discutida en el Congreso de la Unión antes que la reforma energética presentada por el presidente de la República.
La reforma política planteada el día de ayer por el PRD es producto de las demandas ciudadanas y del permanente diálogo con otras fuerzas políticas; es por ello, que hay coincidencias en temas fundamentales como: la desaparición del IFE para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones que se haga cargo de organizar los comicios presidenciales, estatales y municipales en el país; acelerar los procesos para que éste fiscalice los recursos de los partidos y endurezca las sanciones para quien viole la ley. En particular, se plantea que un candidato pierda el registro o se anule su triunfo si incurre en gastos excesivos de campaña. Entre las propuestas, también podemos mencionar una la Ley General de Partidos y la Ley de Propaganda Gubernamental; definir una sola jornada electoral cada tres años; el establecimiento de la reelección de legisladores; la reforma política del Distrito Federal; la figura de gobiernos de coalición (para cuando el partido del presidente no cuente con mayoría en el Congreso), así como otorgar a las cámaras la facultad de ratificar a los miembros del gabinete presidencial. En este punto, el PRD propone que todo el gabinete sea ratificado sin importar si existe gobierno de coalición o no.
Esta propuesta también busca la eliminación del fuero incluido al titular del Ejecutivo, las candidaturas ciudadanas, la consulta ciudadana y el voto de censura. Así mismo, una Ley Anticorrupción, mediante la cual se establezca un órgano con facultades de Ministerio Público como el encargado de perseguir los actos de corrupción de los servidores públicos, al igual que de sus contrapartes en el ámbito privado o social, con el fin de recuperar los recursos públicos afectados por dichos actos.
En fin, sin entrar en más detalles, lo importante es que la mesa está puesta para el debate y la reforma político-electoral representa una gran oportunidad para que el Ejecutivo federal y el PRI, demuestren que verdaderamente poseen la voluntad democrática que plasmaron en los acuerdos del Pacto por México. Para que de una buena vez, hagan valedera su palabra empeñada y le entren de lleno a la discusión de esta reforma planteada por el Sol Azteca. Estamos convencidos de que si se aprueba una reforma considerando los planteamientos fundamentales de nuestro partido, ello repercutirá en un gran avance democrático en México.
