La ley nos dio la razón; cae decretazo
MIGUEL TORRES ROSALES
Con una interpretación ventajosa del Artículo 6° Constitucional, que estipula: Toda la información es pública y sólo se podrá reservar temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes, López Obrador emitió, el 22 de noviembre del 2021, un decreto para clasificar las obras insignias de su Gobierno como de “interés público” y “seguridad nacional”, con la treta de reservar por años todos los datos relacionados a la construcción.
¡No le resultó!
Pasaron 18 meses desde aquel lamentable día en que se promulgó el llamado “decretazo”. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar el decreto de AMLO, que buscaba ocultar los datos sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, entre otras.
Con esa decisión la SCJN nos garantiza el derecho a la información; restaura la obligación gubernamental de la transparencia y rendición de cuentas; defiende la División de Poderes; y devuelve al pueblo la confianza en el Estado de Derecho.
Retomo la justificación que dio el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para tumbar el acuerdo presidencial: “es anticonstitucional, porque su amplitud y ambigüedad obstaculiza e inhibe el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto a las obras del país”. Así de simple era la intención del Presidente: ocultar la entrega de 966 contratos a empresas fantasmas y a compañías acusadas de desvío de recursos.
Gracias al frente común que conformamos las y los Diputados Federales de oposición, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las organizaciones civiles, medios de comunicación y sociedad, hoy triunfamos contra el autoritarismo presidencial.
Como parte del Poder Legislativo Federal y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que integra la alianza opositora Va por México, manifestamos nuestra inconformidad por la afrenta cometida por AMLO y que, en su momento, advertimos era inconstitucional.
También respaldamos al INAI en su decisión de interponer una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo de la Presidencia que instauraba la opacidad en la nación.
Esta institución que garantiza la transparencia y rendición de cuentas ganó. Es por esta tarea tan importante, que Andrés Manuel López Obrador rechaza al INAI, al igual que lo hace con los Poderes Legislativo y Judicial, así como al INE, porque quiere concentrar todo el poder y todas las decisiones, sin que nadie lo supervise. Motivo por el cual sus lacayos en el Congreso de la Unión están deteniendo los nombramientos de los dos comisionados del INAI, para evitar que cumpla su función.
En su berrinche por haber perdido, el mismo día y sólo horas después que la SCJN le tumbó el “decretazo”, AMLO volvió a emitir otro decreto para declarar a sus tres megaobras como de “seguridad nacional” y “de interés públicos”. Y se lo advierto de nuevo: se caerá otra vez, porque la aplicación de recursos públicos debe saberlo el pueblo.
