La legitimidad negada
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
En la más reciente edición de la encuesta sobre evaluación del desempeño de los gobernadores, realizada por SDP Noticias y México Opina, los números alrededor de los niveles de aprobación que tiene la población sobre la gestión del contador Tello muestran un muy ligero repunte.
La misma encuesta publicada en enero de este año le daban apenas un 31.6% de aceptación, mientras que el pasado mes de marzo ese mismo indicador descendía hasta el 30.8% de anuencia entre la ciudadanía. Hace unos días, con el último sondeo publicado, Tello ahora alcanza un nivel de aprobación del 33%.
El margen en que se encuentra el mandatario no dista mucho del horizonte electoral con que conquistó la gubernatura de Zacatecas. En promedio un 38% de la población emitió su sufragio por el ex senador priista, de un universo del 60% de participación en urnas y una lista nominal que apenas rebasaba el medio millón de ciudadanos inscritos. El tema se traduce en la cuota de legitimidad con que ha construido su administración.
A escasos ocho meses de su gestión, con un informe de gobierno en ciernes, rumores de supuestos cambios en el gabinete, cifras de violencia en repunte, medios de comunicación en rebeldía y distintos episodios de desencuentros con la clase empresarial y el Gobierno Federal, Tello intenta retener ese margen de anuencia que le otorgaron los votantes el pasado 5 de junio.
Sin embargo, el contador no pareciera gobernar para las encuestas, aunque no puede ni debe de distanciarse del termómetro ciudadano. Es por ello que, al día de hoy, la administración local ha dejado escapar importantes oportunidades para cristalizar sus niveles de aprobación.
Dos de esas ventanas de oportunidad se fueron, primero, con un pésimo planteamiento estratégico para el cobro de impuestos por remediación ambiental, situación que afectaba los intereses del poderoso capital minero. La segunda ventana se esfumó con los escasos resultados que le ofrece a la ciudadanía para castigar distintas conductas alrededor del esquema de gobierno de privilegios y corrupción que su amigo, el ex mandatario Miguel Alonso, acuñó con propio estilo.
Esta ventana es la más importante y la de mayor peso, ya que al no explotar su patrimonio de legitimidad invariablemente tendrá que cargar con los negativos que implica el no castigar la corrupción del sexenio ajeno, esa de la que él estuvo al tanto cuando los constructores le advirtieron las irregularidades alrededor de las concesiones de obra pública manipulada por Juan Alonso, y de la que también tuvo conocimiento cuando se le otorgaron a distintos funcionarios y ex funcionarios bonos de productividad en una nómina que se mantuvo en sigilo, por ejemplo.
Ambos indicios de irregularidades ahora se encuentran dentro del terreno de la oposición (los de enfrente son quienes dictarán la retórica de la impunidad) y serán temas torales en las próximas campañas a iniciar en enero del 2018. Llegada la elección será ya tarde para esta administración intentar sanear y castigar ejercicio ilícito de los recursos, el abuso de poder y la corrupción normalizada en seis años de la familia Alonso.
En el gabinete del contador no todos comparten la premisa de inacción frente al cúmulo de anomalías (con buena carga de evidencias) que encontraron a su llegada a la administración estatal. Precisamente su brazo derecho, Jorge Miranda Castro, y con quien condensó una importante relación de cercanía al llegar a la Secretaría de Finanzas hace seis años, es uno de los funcionarios que se resiste a dejar pasar la trascendente ventana de oportunidad.
El secretario de más poder en este quinquenio -por la naturaleza de su función y por la amistad trabada con el contador- no desiste en su convicción: lograr inhabilitar por varios años a algunos cuantos perfiles conocidos del alonsismo, y de ser posible ponerlos tras las rejas. La misma premisa con que Miguel Alonso intentó legitimar su promesa más importante de campaña: concluir con la corrupción y el nepotismo de la administración de Amalia García (ahí donde fue secretario de Turismo, presidente municipal y diputado local).
Pero el diseño de gobierno que imaginó Alejandro Tello para su quinquenio no atravesó por las mismas prioridades con las que su amigo de la infancia hizo gobierno hace seis años. Para el contador el fenómeno de la corrupción y su consiguiente impunidad valdría únicamente desde el primer día de su gobierno hasta el último de estos, sin mirar al retrovisor. En eso Tello fue muy claro desde la campaña electoral: “en mi gobierno no habrá corrupción” que no es lo mismo que “castigaré los excesos de la pasada administración”. La lealtad hacia Miguel impide esa transición de una a otra premisa.
Miranda entiende y sopesa los resultados de consentir la impunidad. No sólo como confidente y voz cercana al contador, también como potencial perfil político a futuro.
Twitter: @GabrielConV
