La inaguantable herencia del sexenio de corrupción, impunidad y violencia
SAÚL MONREAL ÁVILA
El 12 de septiembre de 2010, un triunfalista Miguel Alonso Reyes arengaba en tono pontificio durante su toma de posesión del ejecutivo estatal afirmando que: “La sociedad está agraviada por la insensibilidad, el abuso de poder, la indolencia, el nepotismo y la corrupción”. “Nuestra gente reprueba el lucro y el beneficio personal y familiar de sus gobernantes”. “Rechazamos la práctica irresponsable de quienes consideran que los bienes públicos y el gobierno son de su propiedad”.
Hoy, poco más de siete años después, estas palabras son solo recuerdo de historia y frases demagógicas llevadas por el viento, parece que esas palabras que pronunció en contra de su antecesora, las dice en alusión a su propio ejercicio gubernamental, puesto que los hechos son contundentes.
El ahora premiado con la dirección de Fonatur debe de estar comiendo sus palabras, lanzadas en ese momento contra su mecenas y antecesora Amalia García Medina, quien lo elevo al puesto de primer secretario de Turismo en el estado y después a la diputación local, en este momento, donde pareciera haber una reedición de esta batalla, los hechos dicen una historia muy diferente:
Desde el 27 de mayo del 2016, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Zacatecas abrió una carpeta de investigación en contra de Miguel Alonso Reyes, (quien aún se ostentaba como gobernador de la entidad), por acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado, con número FED/ZAC/ZAC/0000243/2016 adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Federación Orientador B, quien “integró la carpeta instruida contra Miguel Alonso Reyes [entonces gobernador de Zacatecas] y otros, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lo que resulte”, según se señaló en el documento.
Esto es en denuncia interpuesta por ese entonces por una diputada local de Movimiento Ciudadano, junto a otros legisladores, quienes ofrecieron pruebas por la supuesta compra de terrenos por parte de prestanombres del gobierno de Alonso Reyes en zonas protegidas que serían convertidas en fraccionamientos o residencias. Acusaciones ya conocidas desde el año pasado en medios nacionales, donde se revelan documentos en los que el hermano de MAAR, Juan Manuel Alonso Reyes, controló contratos millonarios dirigidos a empresas de su preferencia a través de licitaciones irregulares.
A través de correos electrónicos se pudo conocer una operación del hermano mayor de Miguel Alonso, en la que operaba para arreglar licitaciones a cambio de presuntos moches, que supuestamente eran depositados en una cuenta de Estados Unidos, la cual todavía está activa.
Diarios Nacionales revelaron desde septiembre del año pasado que, a unos días de concluir su administración, fueron conocidos correos electrónicos que detallan operaciones en la administración de Miguel Alonso Reyes, (ex gobernador y ahora director de Fonatur) para entregar contratos millonarios a empresas de diversos sectores (salud, alimentación y obra pública) a través de licitaciones irregulares que caían en la discrecionalidad, donde las compañías favorecidas competían sin rivales o tenían adjudicaciones directas. A cambio, según las comunicaciones que vinculan a familiares del ex mandatario, las empresas favorecidas pagaban supuestos moches al hermano del priísta.
En diciembre pasado, nuevamente llega otra denuncia en un documento dirigido al entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, (Quien dejo acéfala la Procuraduría hace unos meses) acompañada por 122 fojas con pruebas de la red de corrupción que involucra a Miguel Alonso con un grupo de empresas presuntamente dedicadas al lavado de dinero, venta de facturas y simulación de operaciones, según se señaló.
La denuncia apunta directamente a Alonso Reyes; al extitular de la Secretaría de Infraestructura, Mario Rodríguez Márquez, quien en la última etapa del sexenio dejó ese cargo para convertirse en el coordinador de asesores de Alonso; a José Francisco Ibargüengoitia Borrego, sustituto de Rodríguez en Infraestructura y antes subsecretario técnico de esa dependencia; a Fernando Soto Acosta, quien fue secretario de Finanzas, y a Guillermo Huizar Carranza, que en el sexenio alonsista fungió como secretario de la Función Pública y después relevó a Soto Acosta en Finanzas.
Acusaciones tan graves como: Ejercicio indebido del servicio público; Abuso de autoridad; Uso ilícito de atribuciones; Concusión; Ejercicio abusivo de funciones; Peculado; Enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, son las actividades delictivas que se adjudican al exgobernador zacatecano y a sus cuatro colaboradores en la denuncia.
Y a estas alturas, casi un año después, se siguen encontrando huellas de esta corrupción, el Informe Individual del resultado la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016 de Zacatecas, dado a conocer hace un par de meses, señala que se incurrió en posibles daños a la Hacienda Pública Federal por un monto superior a los 453 millones de pesos, solo en este año, más lo que seguramente seguirá acumulándose del resto de la administración.
Ese es el legado, la herencia de corrupción que tan afanosamente pareciera intentar cubrir el actual ejecutivo, su exsecretario de finanzas, de lo que, si se transparentara todo, pudiera ser salpicado, La corrupción, la impunidad y la violencia actual es resultado de todo ello. Es innegable el estado de descomposición social provocado por la operación del crimen organizado, con todas sus funestas consecuencias, derivado de las malas políticas y acciones de la federación, pero tambien es innegable la corresponsabilidad del gobierno Priista de Miguel Alonso para que las cosas llegaran a tal extremo este año de la administración del Contador Tello, quien no ha iniciado a limpiar la casa, y seguramente, con el entramado de complicidades e intereses derivados del sexenio de MAAR nunca lo hará, a la fecha, no sabemos el estado de las investigaciones derivadas de estas denuncias o de las observaciones de los órganos de fiscalización.
El inicio de una nueva forma de gobernar debe ser aplicando la justicia y la ley, cumpliendo con los más delicados y serios señalamientos de la sociedad, el atacar la corrupción, considerado por muchas evaluaciones sociales, la más sentida, para acabar de una vez y por todas con la impunidad, es es la primer vía para terminar la violencia, y sería una verdadera nueva forma de gobernar diferente, ¿creeremos que gobernar diferente seria la continuidad de la administración alonsista ahora?, ¿Qué es impulsar a espacios de gobierno a los mismos corruptos que tienen al estado en la ruina? ¿Aguantara el Contador Tello todo esto? Nosotros no.
