La imperante corrupción

En esta semana México ha sido testigo de hechos insólitos, que sólo podrían pasar en una novela de ciencia ficción. Desafortunadamente, para nosotros resultan algo positivo y cotidiano.

La corrupción está presente una y otra vez en casi todos los ámbitos de la vida del país.

En esta ocasión, me quiero referir a tres casos significativos, por el gran impacto que tienen en la sociedad, porque nos duelen y porque han abierto heridas difíciles de cerrar en cada uno de los ámbitos en los que se registraron.

Uno de esos golpes se está asestando certeramente a la democracia mexicana. Pese a la tan llevada y traída Reforma Político-Electoral que buscaba garantizar los resultados electorales y transparentar el gasto de partidos y candidatos; así como promover la equidad, entre otras panaceas que nos prometieron, observamos que todo parece ser palabrería o, por lo menos, existe poca disposición a cumplir la nueva legislatura en la materia.

Y digo esto, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha mantenido inactivo y al margen de sancionar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante la campaña adelantada que, disfrazada de informes de sus legisladores, realiza en la nación y, sobra decir, que con un derroche de recursos que ya supera los 500 millones de pesos.

Ante esa flagrante violación a la ley electoral, el Partido de la Revolución Democrática interpuso dos quejas en el INE contra la campaña electoral anticipada que realiza el Partido Verde a través de la televisión, denominada El Verde sí cumple” y con los “informes” de sus legisladores.

Contra todo pronóstico y sentido común de hacer cumplir la ley, y hasta de manera irregular, la Unidad Técnica de lo Contencioso envío al PRD una cédula de notificación, fechada el 17 de diciembre (que apenas es hoy), con la que informan de la fecha de la audiencia únicamente sobre los spots de la diputada Gabriela Medrano Galindo.

Es decir, la Unidad Técnica de lo Contencioso decidió sin sustento alguno dividir de la queja originalmente presentada el spot de esa diputada, lo que representa una maniobra para permitir que se sigan difundiendo los spots de ésta y otros los legisladores.

La conducta del Instituto Nacional Electoral evidencia que se pretende dividir el tema de los spots de legisladores de la campaña “El Verde Sí Cumple”, a pesar de que se ha denunciado y evidenciado que se trata de una sola campaña.

Ante esa situación irregular, el PRD presentará Recurso de Revisión en contra del Acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso, en el que determina separar la queja presentada por el PRD relativa a la campaña ilegal El Verde Sí Cumple.

Otra purulencia que desde hace décadas comenzó a surgir es en materia de seguridad, que tuvo una de su más cruenta y dolorosa manifestación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre. De ellos sólo uno ha sido identificado y comprobado que falleció.

El quiebre en la seguridad no es nuevo, es resultado de la aplicación de las políticas neoliberales implementadas por gobiernos de derecha, privatización de áreas públicas importantes, corrupción, impunidad y aumento de la influencia del narcotráfico y crimen organizado, que filtró importantes sectores de la institucionalidad mexicana.

Así lo afirma el Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, que condenó la desaparición de los 43 normalistas y calificó el hecho como un grave daño para quienes aspiran a un mañana mejor, enfrentando las injusticias, corrupción y desbordes del poder.

Los expertos brasileños llamaron al Estado Mexicano a castigar a los responsables, petición que se suma a las múltiples exigencias hechas dentro y fuera de la nación por millones de personas.

Una tercera llaga acaba de surgir en el sistema de justicia nacional, con la exoneración de Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito, lo que muestra que en México imperan la impunidad, redes de complicidades y tráfico de influencias.

Así es, el Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, y tras dos décadas del juicio, exoneró a Raúl Salinas de Gortari, quien se comprobó que provocó un daño patrimonial al erario público federal por 1 billón 631 mil 352 millones 919 mil 220 pesos. ¡Vaya, es una cifra que ni siquiera podemos imaginar y ha quedado libre!

Según el organismo, la Procuraduría General de la República no acreditó satisfactoriamente que la fortuna de Salinas proviene de la llamada “partida secreta”, de la que se presume fueron desviados cerca de dos mil 218 millones de pesos del erario público entre 1990 y 1994.

Que estos hechos no nos desanimen, tenemos que seguir trabajando juntos para construir un México de justicia, democrático y de avanzada.