La gente dice NO a la Reforma Energética: Pemex es patrimonio de todos
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en México hemos recibido duros embates como consecuencia de la transformación neoliberal que pretende socavar las conquistas sociales, el Estado de bienestar y poner en bandeja de plata las riquezas estratégicas del país a las grandes empresas privadas, principalmente, extranjeras.
Desde 1982, el gobierno mexicano depende de los recursos de Petróleos Mexicanos (alrededor del 40% presupuesto federal proviene de sus utilidades) y utiliza las ganancias de la paraestatal para compensar la baja recaudación de impuestos en nuestro país. Como ejemplo, basta ver que tan sólo en el año 2004, la evasión en nuestro país alcanzó la cifra de 610 mil 800 millones de pesos; ingresos faltantes que fueron cubiertos por la carga fiscal impuesta a Pemex: el gobierno le quita a la paraestatal 70 de cada 100 pesos de lo que produce. Como señala Cuauhtémoc Cárdenas: “Pemex no está quebrado, está sujeto a una depredación fiscal; si se pretende cambiar el régimen fiscal que empiecen con Pemex”.
Por otro lado, desde hace décadas hasta nuestros días, ninguna administración federal ha combatido las fugas de los recursos de Pemex a causa de los malos manejos de quienes la han administrado, como tampoco los de su sindicato; ni se ha modificado el régimen fiscal en el país para dar paso a dotar de autonomía en las decisiones de la paraestatal y, con ello, lograr un mejor rendimiento y su fortalecimiento invirtiendo más en su gestión interna y subsanar su déficit.
Desgraciadamente, ahora estamos ante una gran ofensiva dirigida por los sectores más recalcitrantes de la derecha mexicana; que desde siempre, han usado como argumento la apertura de Pemex al capital privado como respuesta para rescatar de la quiebra y volver productiva a la paraestatal. Por supuesto, tal argumento no es más que una falacia para abrir paso a intereses corporativos de capital privado interesados en llevarse los mayores beneficios posibles de un bien colectivo como el petróleo; que es patrimonio de todos los mexicanos.
La reforma energética presentada por presidente de la República plantea específicamente la apertura a la inversión privada, ello a partir de asociaciones entre Pemex y socios capitalistas para la extracción; la refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de petróleo y gas. De esta forma, se pondrán en las manos de particulares todos los procesos del sector Energético, incluyendo petróleo y gas. Además de reorganizar las subsidiarias en dos divisiones: exploración y producción, que concentrarán todo lo relacionado con la extracción de petróleo y gas, así como la transformación Industrial orientada al procesamiento del petróleo, el gas, los combustibles petrolíferos o petroquímicos. A ello se agrega el riesgo de dejar sin empleo a miles de trabajadores de las subsidiarias actuales de Pemex.
En los términos como pretenden aprobar la reforma energética el PRI y el PAN, se otorgaría al Ejecutivo federal la facultad discrecional -sin ninguna supervisión legislativa- para decidir las partes del territorio mexicano que serían explotadas por Pemex y las que corresponderían a las grandes empresas extranjeras como Shell, Exxon-Mobil; que operarían legalmente casi en forma equivalente a una concesión.
A final de cuentas, la desesperada intención de la clase política encabezada por el PRI, el PAN y sus aliados de privatizar el petróleo y demás recursos energéticos del país, resulta absurda, innecesaria y de funestas consecuencias para el país. Cabe destacar, así mismo, que en estos momentos, la confianza ciudadana en Peña Nieto se encuentra en sus niveles más bajos y solamente una pequeña minoría de la población está en favor de la privatización de la industria petrolera. A pesar de que esta iniciativa presidencial en cuenta con un respaldo mayoritario en ambas cámaras del Poder Legislativo; fuera de ellas, carece de aprobación social y genera un amplio rechazo entre la población (así lo muestran todos los estudios demoscópicos serios). Como señala el historiador y politólogo Lorenzo Meyer: “el PRI y el PAN juntos pueden lograr que sus bancadas modifiquen la Constitución. Sin embargo, a nadie se oculta el hecho que hoy por hoy los legisladores y sus partidos están lejos de ser reflejo más o menos aceptable de la voluntad ciudadana, es decir, del soberano”.
Ante estos impulsos autoritarios y entreguistas, el día de ayer, el total de los senadores del PRD exigieron la suspensión de la discusión sobre la pretendida modificación de los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales en las comisiones de la Cámara Alta; hasta que se lleve a cabo la consulta ciudadana que impulsa nuestro partido, a fin de que el pueblo decida democráticamente el destino del principal recurso energético del país.
El gobierno federal busca privatizar toda la cadena de valor de la industria petrolera, bajo el argumento engañoso de que se atraerá inversión para invertir en tecnología y con el eufemismo de “modernizar” a la paraestatal. Por ello, un servidor coincide con lo señalado por el PRD respecto a que la iniciativa que pretenden imponer el PRI y el PAN es regresiva y privatizadora; más claramente lo expresa el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al afirmar que “de aprobarse esta reforma será un gran retroceso, un regreso al porfiriato”.
