La equidad social y la soberanía alimentaria; compromiso mayor del Estado
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
A punto de concluir el sexenio federal, las afirmaciones del gobierno federal respecto a la disminución de la pobreza no cuadran con la realidad y las cifras no mienten: en seis años, la estabilidad macroeconómica de México no ha sido suficiente para mejorar el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos que viven en la miseria y la desesperanza. Por el contrario, tal como lo muestra la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del segundo trimestre de 2012, en México persiste una enorme desigualdad socio-económica: del total de la población ocupada (48.4 millones de personas) el 13.9% recibe un salario mínimo; el 23.4% de 1 a 2; el 21.8% de 2 a 3; el 15% de 3 a 5; y sólo el 7.9% recibe más de 5 salarios mínimos; el 8.3% (cuatro millones de personas) no recibe ingresos por su trabajo o realiza actividades de subsistencia.
Resulta evidente que la cada vez mayor concentración de la riqueza en pocas manos, genera más pobreza, así como un número creciente de personas sin acceso a una alimentación digna; entre el 2008 y 2010 se sumaron 4.2 millones de mexicanas y mexicanos a esta lamentable condición y ahora son alrededor de 28 millones, según el “Informe de evaluación de la política social 2011”, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Por su parte, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la facultad de Economía de la UNAM, en un estudio sobre ingreso y gasto en hogares, concluye en que el modelo económico vigente ha incrementando las condiciones no sólo de precariedad, sino de pobreza y hambre de manera alarmante. Antonio Magdaleno Velasco, director de Procuración y Relaciones Institucionales de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA) afirmó recientemente que existen poco más de 9 millones menores de cinco años de edad en pobreza alimentaria en México. Por este motivo, diversos académicos han alertado del fracaso en la política alimentaria y de los costos sociales que conlleva. En particular, el Doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ), afirma categóricamente que “han muerto por causas evitables y prevenibles, un millón 300 mil niños menores de 5 años en México, esto ni siquiera está presente en la conciencia de la población, pero además hemos destruido nuestros sistemas agrícolas”.
Nuestro país está resintiendo la crisis alimentaria que explotó en el año 2008 y que aún está presente en el mundo, la cual se traduce en un aumento constante de los precios internacionales de los productos agrícolas y, en consecuencia, de los alimentos. A ello se suma el problema de la sequía (la peor en medio siglo) que azota al principal exportador mundial de granos, Estados Unidos, propiciando que el precio del maíz haya subido en más de un 50% en los últimos dos meses, cotizándose hasta en 8.49 dólares por bushel (en Estados Unidos equivale a 25.40 kilogramos del alimento). Así mismo, los precios de otros productos han aumentado significativamente; la soya por ejemplo, subió casi 30% desde mediados de junio. Aunado a otros factores, esta situación ha colocado a México en riesgo de desabasto de los alimentos básicos para el cierre de este año, debido a que nuestras importaciones de casi todos los productos agrícolas se han disparado, lo mismo que los precios finales que paga el consumidor.
Cabe recordar que desde el 2007 se registró un aumento considerable en el precio de la tortilla, junto con otros productos de consumo básico; no obstante, los precios del arroz, los aceites comestibles, la carne, el huevo y las legumbres siguen elevándose en la actualidad, afectando el poder adquisitivo de la población y en mayor medida a aquella que está en condiciones de pobreza. Precisamente, este sector marginal destina hasta un 50% de sus ingresos para la compra de comida: las familias que reciben un salario mínimo como ingreso dedican el 58.8% de su gasto a la compra de alimentos, en tanto que quienes ganan más de ocho salarios mínimos utilizan el 25.9%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, elaborada por el INEGI. Cabe recordar además que en diciembre del año pasado, la canasta básica podía adquirirse con 382 pesos, mientras que ahora se adquiere con más de 500 pesos en el país.
Desgraciadamente, hoy en día México importa casi el 50% de sus comestibles y el 70% de ellos los compramos en Estados Unidos: 67.9% del arroz que consume la población; el 42.8% del trigo, 31.9% del maíz y 8.2% del frijol; es decir, que México sólo es autosuficiente en la producción de huevo, según datos del especialista del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Justamente, hace un par de días el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó la venta a México de 121,000 toneladas de maíz y además señala que en México la importación de alimentos para cubrir la demanda, pasó del 10% en la década de los ochenta a una tasa de entre 40% y 50% en la actualidad, de las cuales el 73% provienen del vecino país del norte
Ante este contexto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que “si México no hace su trabajo, para el año 2030 vamos a depender hasta de un 80% de las importaciones para la alimentación de nuestro país”. Esta advertencia responde a la grave crisis que atraviesa el campo mexicano y la endeble capacidad productiva para garantizar la soberanía alimentaria en el país; hasta ahora, estamos perdiendo la carrera entre producción de alimentos y crecimiento de la población: “México sí puede llegar a ser un ‘Estado fallido’ si no atiende urgentemente el problema de la seguridad alimentaria, pues ya estamos perdiendo la carrera entre crecimiento de la población y producción de alimentos, lo cual se agravará debido al cambio climático”, según señala la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
Después de haber padecido la sequía más severa en setenta años, actualmente los agricultores y ganaderos del centro-norte del país tienen que enfrentarse a cuantiosos riesgos de producción y de comercialización en el mercado; sobre todo, porque los precios de los insumos han subido drásticamente y han quedado fuera del alcance de muchos productores.
De ahí que la próxima Legislatura federal debe establecer -como prioridad- un blindaje para proteger a las familias más pobres y estar en condiciones de enfrentar socialmente el encarecimiento de los precios de los alimentos. A partir de un análisis profundo de las causas del hambre y la pobreza en México, desde el Poder Legislativo se tiene que construir una agenda alternativa, consensuada y precisa, orientada a promover las capacidades productivas agropecuarias en las comunidades; diseñar una gestión sustentable de los recursos productivos desde los espacios locales con políticas gubernamentales que contengan los efectos negativos de la especulación en el comercio internacional y procuren la alimentación adecuada de la ciudadanía. Indudablemente, tanto en México como en Zacatecas, requerimos de una política de Estado dirigida a impulsar la ciencia y la innovación tecnológica como palanca de desarrollo económico; y alinearla conforme a los retos que enfrentamos en torno a la sustentabilidad, la alimentación y al aprovechamiento de las energías renovables.
