La deuda es con los municipios y los ciudadanos
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
El municipio como nivel y estructura de gobierno dentro del sistema federal mexicano, es fundamental para la vida de los gobernados por cercanía con los ciudadanos y el impacto inmediato de las diversas acciones y obras de gobierno en la comunidad. Sin embargo, la serie de acciones para fortalecer al municipio, tales como: la reforma del Estado, la simplificación administrativa y los esquemas de recaudación, no han repercutido sustantivamente para dotar de la fuerza financiera y operativa que requiere este orden de gobierno: sus efectos se han limitado de disposiciones normativas del funcionamiento de su aparato administrativo.
Desgraciadamente, las inercias centralistas en la vida pública mexicana persisten y son un pesado lastre a revertir: la mayoría de los municipios en México obtienen sus recursos principalmente de las participaciones federales y del Fondo de Fortalecimiento Municipal, así como del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Por lo tanto, los ingresos propios de los ayuntamientos constituyen una parte realmente insignificante.
Hasta ahora, el impulso a la descentralización en la ejecución de las políticas públicas; como las relacionadas con temas sociales y la distribución de recursos para su instrumentación (que antes concentraba el gobierno federal), ha representado un proceso “muy burocrático y se presta a la discrecionalidad, permitiéndole al gobierno central dosificar los recursos financieros para ejercer control. Esto ha puesto en riesgo la eficacia de las políticas públicas y ha generado incentivos para que los gobiernos locales recurran al sector financiero para obtener capital para cubrir el arranque de los programas al inicio de cada ejercicio fiscal, muchas veces en condiciones desventajosas como significativos costos financieros o altas tasas de interés”, tal como afirman Marco Cancino y Martha López, director e investigadora del despacho de consultoría dedicada a la comunicación política y gestión pública Inteligencia Pública. A esta debilidad institucional de los municipios, hay que agregar la notable reducción de las participaciones federales en el sexenio anterior que han dejado a los municipios en una situación extremadamente complicada.
En función de lo anterior, vale la pena revisar la cifras de la deuda de estados y municipios, la cual, hasta noviembre pasado había crecido 345.7% en los últimos 12 años, al pasar de 90 mil 731 millones a 404 mil 409 millones de pesos. Tan sólo durante el 2012, este endeudamiento se incrementó a 43,984 millones de pesos; no obstante, al segundo trimestre del 2012 esta cantidad ascendió a 44,859 millones de pesos, según la SHCP. Cabe mencionar además que, hasta septiembre del año pasado, la mitad dicha deuda se tenía contratada con la banca comercial; el problema es que de mantenerse esta misma tendencia podría convertirse en un verdadero lastre para las finanzas del país.
Sumado a ello, una gran cantidad de municipios del país arrastran una deuda con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En nuestro caso, alrededor de 38 municipios del estado mantienen algún endeudamiento con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En Guadalupe, por ejemplo, el monto de su deuda es de 32 millones de pesos; mientras que en el municipio de la capital es de 25 millones, pero contando las multas y recargos la cifra asciende a más de 30 millones. Ante esta situación, en el corto plazo es preciso buscar mecanismos de pago favorables para el municipio y llegar a un acuerdo para cumplir con el IMSS, tal como se viene haciendo en Guadalupe hasta ahora, así como gestionar recursos extraordinarios para solventar este grave problema y no comprometer la gestión municipal ni su equilibrio financiero interno.
Por supuesto, no todos los municipios están endeudados por manejos inadecuados sino que las reglas de operación de los programas limitan el ejercicio de los recursos. Motivo por el cual, incluso, se ha planteado modificar el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal para que un 20% de los recursos del presupuesto anual queden directamente en manos de los ayuntamientos y sean operados por ellos.
Por último, necesitamos poner límites a los elevados niveles de endeudamiento municipal en el país y buscar los mecanismos de eficiencia del gasto; por otro lado, que los préstamos solicitados se enfoquen a la realización de proyectos de infraestructura y de desarrollo para lograr mejores niveles de productividad en todos los municipios y, con ello, hacer un aporte fundamental a la economía nacional. Para lograr esto, es indispensable solucionar este problema de raíz y, así, dejar de considerar al crédito como la primera fuente de financiamiento para incrementar el gasto público local; y no el aumento en la recaudación de impuestos.
El reto principal radica, precisamente, en establecer una reasignación presupuestal más equitativa entre la federación estados y municipios, así como fortalecer los esquemas recaudatorios de los ayuntamientos mediante una profunda reforma en materia de federalismo fiscal. Sólo así podremos alcanzar un Municipio verdaderamente libre; este desafío representa un compromiso ineludible con los ciudadanos y requiere de una firme voluntad política que sin pretextos debemos asumir.
* Diputado local
