La crisis dentro del IEEZ
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
En el Consejo General del IEEZ se viven momentos de visible tensión. El pasado 23 de noviembre, durante la sesión extraordinaria celebrada por ese órgano, el consejero electoral, José Manuel Ortega Cisneros, confirmó lo que en este espacio se ha venido averiguando desde hace algunas semanas: en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas persiste un lujo de indisciplina financiera y administrativa preocupante.
El manejo de los recursos, así como las omisiones e irregularidades de procedimiento en la que han incurrido algunos funcionarios, no ofrecen la transparencia necesaria para entregarle a los partidos políticos, candidatos independientes y a los zacatecanos en general, un proceso electoral libre de dudas sobre la legitimidad de la autoridad que organizará las votaciones.
La inconformidad del consejero es un indicador que debería inquietar a los actores de la elección. En especial cuando quien forma parte del órgano de dirección de la autoridad electoral asevera públicamente que “… hay mucho desorden financiero. Sí, el Instituto requiere dinero para terminar el ejercicio fiscal, pero también hay mucho desorden financiero… Tener que salir a pedir más dinero cuando no hay orden interno creo que es una gran contradicción.”
El aún consejero, hacía referencia a la conferencia de prensa del pasado 12 de octubre en la que, acompañado de sus pares, respaldó el pronunciamiento por el cual el Consejo General advirtió que la elección entraría en una fase de “riesgo” si el Instituto no recibía una ampliación presupuestal por el orden de los 31 millones de pesos. Una amenaza, más que una realidad.
Las recientes revelaciones de José Manuel Ortega cayeron como bomba en el órgano directivo del IEEZ, y da al traste con la imagen pública que el Instituto pretendió construir mediáticamente semanas atrás. Como aquí se alertó desde el pasado 12 de septiembre, la autoridad electoral se ha convertido en un barril sin fondo -emulando a la UAZ- por el pésimo manejo administrativo (nombramientos irregulares, cifras presupuestales infladas, contrataciones sin respaldo de recursos) en que han incurrido Virgilio Rivera Delgadillo y Adelaida Ávalos Acosta, una mancuerna que ha arrastrado inconsistencias desde los tiempos de la rectoría universitaria del primero.
Sin embargo, de mayor preocupación fueron las omisiones en que ocurrió el consejero electoral al no mostrar las evidencias de los cuestionables manejos a los que hizo referencia, y de los que dijo, “quizá ya lo sabe mucha gente”. No sólo corrobora que la autoridad hoy está en riesgo pero debido a su irresponsable operación interna y externa, sino que ratifica que las aludidas negligencias recaen única y exclusivamente en la esfera de responsabilidad del propio Consejo General, jerarquía que en su momento aprobó los informes financieros mensuales del organismo autónomo.
Dentro de esas “discrepancias” no hay que pasar por alto el uso irresponsable de más de 300 mil pesos en que incurrió el Instituto Electoral durante la elección 2016, cuando por ineptitud del Secretario Ejecutivo, Juan Osiris Santoyo de la Rosa, el organismo tuvo que reimprimir centenares de ejemplares de compendios de leyes, pues los que fueron distribuidos a los consejeros electorales municipales y distritales no estaban actualizados; esto de acuerdo a las versiones del consejero presidente en aquél episodio.
De los cinco procedimientos disciplinarios que el consejero Ortega Cisneros levantó en contra del sobrino de Jaime Santoyo, ex Secretario General de Gobierno durante la administración alonsista, ninguno hacía referencia al descuido craso que costó una cantidad insultante de recursos a la ciudadanía zacatecana. Como lo acreditó en cinco ocasiones el promovente -próximo a dejar su asiento en el Consejo General- Osiris Santoyo reincidía continuamente en impericias.
No obstante, y dando paso a las coincidencias, de aquellos cinco procedimientos emprendidos por el propio Ortega, el consejero tuvo que desistirse de cuatro “después de platicar con el presidente”. Qué temas y acuerdos aterrizaron en esas “platicas”, no queda claro. Retomando sus propios cuestionamientos airados: “¿Qué se quiso hacer con esa información? No se sabe, es secreto de estado.”
Lo que no es un secreto de estado ni un secreto a voces es que, en las listas de integración de los consejos municipales y distritales, Bruno Ortega Martínez, y Luz Elena Ortega Martínez, hijo y sobrina del consejero José Manuel Ortega Cisneros, serán nombrados dentro de unos días como funcionarios electorales para “cuidar” la elección en los municipios de Morelos y Zacatecas. Claro, el evidente conflicto de interés no formó parte de esa epifanía de honestidad a la que despertó, hace unos días, el aspirante a magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Tampoco explicó por qué en la integración del consejo que custodiaría la elección extraordinaria en el municipio de Zacatecas, Gustavo Parga Candelas, primo en segundo grado del consejero Eduardo Noyola Núñez, permaneció dentro del órgano rector electoral pese a su inexperiencia y manifiesto conflicto de interés.
Tenemos, indudablemente, una autoridad electoral objetable.
Twitter: @GabrielConV
