La crisis de la seguridad pública en Zacatecas y México
CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID
Los recientes asesinatos y feminicidios demuestran que en México no existe Estado de derecho, prevalece la impunidad y la corrupción. Estos lamentables acontecimientos afirman que las instituciones encargadas de brindar la seguridad pública del país están en crisis.
Los gobiernos federal, estatales y municipales tienen ausencia de políticas públicas, debido a que no han contemplado una propuesta integral de prevención del delito, prueba de ello, es la reciente renuncia del Procurador General de la República, Raúl Cervantes; además, no tenemos procuradores ni fiscales autónomos del poder Ejecutivo, seguimos con procedimientos y prácticas que impiden la instrumentación de un nuevo sistema penal que privilegie los derechos humanos y proteja a las víctimas.
Lamentablemente, el fin de semana se dio un hecho que conmovió, sensibilizó e irritó a la sociedad zacatecana, el feminicidio de la joven estudiante Cinthia Nayeli Vásquez; por otra parte, en Guerrero un dirigente y luchador social y político fue ultimado junto con su esposa y su suegra; mientras que en el estado de Baja California Sur se registraron siete asesinatos.
En junio pasado, el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoció que en veinte años, el 2017 es el más violento en todo el país, con cerca de 2,200 homicidios mensuales; a la mitad del año ya eran 12, 155 carpetas de investigación las que estaban abiertas, mientras que en ese mismo periodo, pero, del 2016 fueron 9,330, siendo ahora Guerrero, Estado de México y Baja California los que más crímenes presentaban.
A finales de julio pasado, Zacatecas estaba ya dentro de los ocho estados con mayores índices de homicidios, según datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyo estudio destaca que en su mayoría fueron delitos contra mujeres.
Los feminicidios son crímenes que preocupan a todo el país, pues, día a día sabemos de más casos como el de Cinthia, particularmente, en Zacatecas con éste ya suman once los que pasan, por ello que, miles de personas, entre ellos, universitarios, organizaciones civiles y ciudadanía, el lunes pasado participaron en la marcha en favor de la paz y seguridad en la entidad. La postura fue clara, la gente exige justicia y la intervención de las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y atención a las víctimas de la inseguridad.
El llamado para condenar esos hechos está tenido eco a nivel nacional, debido a que ha quedado manifestado que la inseguridad es uno de los mayores problemas que se vive en varias entidades de México, entre ellas Zacatecas.
El fenómeno del feminicidio se ha acrecentado en el país y en nuestro estado, por ello, urge a que se hagan las investigaciones necesarias, sobre todo, que se tomen medidas de seguridad para todos los jóvenes y ciudadanos de Zacatecas.
Reconocemos que se estén realizando mesas de diálogo y se concluyan con propuestas viables para garantizar la seguridad e integridad física de todos los jóvenes estudiantes que día a día se ven expuestos al trasladarse a sus instituciones educativas, es necesario que se combata la inseguridad con programas de políticas públicas enfocados en erradicar estos graves problemas.
La Procuraduría General de Justicia de Zacatecas debe dar resultados en la investigación, cumplir con los protocolos y principios que la ley le impone para dar seguimiento a la investigación, asimismo, dar atención a las víctimas de la delincuencia y de la violencia en la entidad.
Los hechos ocurridos en Zacatecas el pasado viernes, no deben de replicarse, la juventud debe tener condiciones dignas y seguras para estudiar; se les tienen que garantizar sus derechos humanos y condiciones óptimas de desarrollo sin criminalizarlos.
Secretario de Organización del Comité Ejecuto Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
