La Auditoría Superior de la Federación y su actuar
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Hace días la Auditoria Superior de la Federación denuncio penalmente a ocho gobiernos estatales que “simularon” reintegrar recursos de fondos federales que habían desviado, cuantificado en 8 mil millones de pesos.
Los estados denunciados ante la PGR fueron Veracruz; Michoacán, Guerrero, Colima, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, y Tlaxcala
Esta simulación de recursos pertenece a los programas de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), son de los programas más comunes donde existen desvíos de recursos.
La ASF se percató de la situación gracias a los seguimientos puntuales que realizan de las observaciones derivadas de las revisiones a las cuentas públicas.
De ahí la importancia del seguimiento a las observaciones detectadas y aun más que son anunciadas y conocidas a la luz pública, la ASF se afianza en credibilidad ante los ciudadanos.
La Auditoría Superior de la Federación, practica no solo auditorías financieras y de inversiones físicas federales, ahora audita al desempeño, cumplimiento, evaluaciones de políticas públicas, control interno y resultado de indicadores.
El asunto de los procesos derivados de las revisiones de órganos serios y reconocidos en la materia de fiscalización debe de tomarse siempre con la seriedad debida. La Auditoria Superior de la Federación por Ley a más tardar el 20 de febrero presenta los informes de las auditorias practicadas en el ejerció anterior a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF, la cual está integrada por 30 legisladores de todos los partidos políticos.
En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se establece claramente los pasos a seguir. Se prevén mecanismos para que los organismos auditados cuenten con sus garantías de audiencia y plazos específicos para presentar información y pruebas en su descargo, hasta de ser necesario, impugnar los resultados.
Seguramente a la par de estas denuncias presentadas ante la instancia penal, habrá de acompañarse de un expediente técnico donde inicia el procedimiento para fincar responsabilidades administrativas, lo que llevaría a la inhabilitación de servidores públicos.
Una inhabilitación en el servicio público constituye una pena administrativa aplicada a las y los servidores públicos por haber cometido una falta grave establecida en la Ley de Responsabilidades y que se sanciona con separar por un tiempo determinado de la función pública en cualquier ámbito al servidor público que la cometió.
La aplicación de una inhabilitación para ejercer cualquier cargo en la Administración Publica en sus tres órdenes de Gobierno, trasciende siempre en la vida personal, eso es lo que más pesa, la sanción moral de la sociedad.
Pero si comienzas un procedimiento mal fundado y motivado y sin los elementos requeridos según se trate del caso, es difícil lograr la sanción.
De importancia resulta el registro de servidores públicos con el que cuenta la SFP de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, donde se puede obtener la constancia de NO inhabilitación para quien pretende contratar a una persona, y esta se obtiene a través de un sistema electrónico, fácil, ágil y sencillo.
El Gobierno Federal suscribe convenios con las Entidades Federativas para el intercambio de información que permite conocer servidores públicos que se encuentran inhabilitados, pues es muy coincidente que cuando se inhabilita en alguna entidad a un servidor público, este recurra a otras entidad a laborar, de ahí la importancia de este intercambio, es una obligación de quien va a contratar consultar si el servidor público no se encuentra con esta suspensión, verificando así que cuente con los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y se le solicite la constancia de no inhabilitación, por cierto, este es un documento obligatorio para ingresar a laborar en el Gobierno Federal, no así en algunas Entidades Federativas, que después de contratar, se sabe que fueron inhabilitados en otros estados, violentando convenios y Ley de Responsabilidades.
La ASF se ha fortalecido cada vez más y ahora pertenece y es pilar del Sistema Nacional de Transparencia junto con el INAI, INEGI, Archivo General de la Nación y los Órganos Garantes de Transparencia de las entidades federativas.
De ahí la importancia de hacer las cosas bien y no por “cuestiones políticas”. En Zacatecas la actual Auditoria Superior del Estado camina con un buen trabajo y dando resultados, los órganos de fiscalización locales tienen un compromiso mayúsculo ante las actuaciones de la ASF, de demostrar de qué están hechos y que no pierdan su objetivo.
* Comisionada de la CEAIP
